CONDENA POR CRIMEN ANUNCIADO DE UN PRESO

CONDENA POR CRIMEN ANUNCIADO DE UN PRESO

José Jaime Rodríguez Roa, un recluso de 22 años preso por hurto y porte ilegal de armas, sabía que si lo trasladaban a la Modelo de Bogotá era hombre muerto. Por eso pidió que lo dejaran en la Cárcel Distrital. Allá en la Modelo mi vida corre peligro , decía.

22 de marzo 2000 , 12:00 a.m.

En su contra había una sentencia de muerte anunciada por un grupo de delincuentes de la Modelo. Se trataba de los mismos jóvenes que en libertad enfrentaron a Rodríguez en el barrio San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

Sin embargo, pese a sus advertencias, las autoridades trasladaron a Rodríguez a la Modelo. Allí, dos presos lo asesinaron el 18 de febrero de 1995 de 10 puñaladas. Todo se produjo en el patio 4.

El episodio acaba de derivar en una condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que debe indemnizar los perjuicios sufridos por la mamá y dos hermanos de Rodríguez.

En criterio de la corporación, el Inpec hizo caso omiso de las solicitudes escritas presentadas por el recluso, su mamá, su apoderado y la Defensoría del Pueblo para evitar el cambio de prisión.

Las cartas Precisamente, el 22 de noviembre de 1994, en carta dirigida a la juez 61 Penal del Circuito de Bogotá, que adelantaba el proceso, Rodríguez le imploró: No se me traslade a la Cárcel Modelo. En ese establecimiento mi vida corre peligro (ver facsímil).

Las súplicas, sin embargo, no tuvieron eco y Rodríguez fue llevado una semana más tarde a la Modelo.

Luego, la mamá y el abogado de Rodríguez pidieron a la Defensoría del Pueblo que interviniera ante el Inpec para revocar el traslado. El Tribunal verificó que no se atendió esta petición.

A juicio de la Sección Tercera del Tribunal: Está suficientemente demostrado que el director hizo caso omiso de todas las solicitudes que se le propusieron sin tomar las medidas necesarias para protegerlo, resultando finalmente muerto .

Las amenazas La corporación sustentó su sentencia con base en otra documentación allegada al proceso. Además de la carta dirigida por Rodríguez a la jueza, existen otros cuatro oficios en los que la mamá y el abogado del recluso, así como la Defensoría del Pueblo, solicitaron garantizar la seguridad del amenazado.

El 12 de diciembre de 1994, el entonces director nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo, Alejandro Valencia Villa, le pidió al director de la Modelo, teniente coronel Alonso Medina, informar sobre las medidas tomadas para proteger la vida de Rodríguez.

Al no obtener respuesta, la Defensoría envió el 13 de febrero de 1995 a la Dirección de la Modelo el telegrama 00296 donde, con carácter urgente , solicitaba un pronunciamiento. Cinco días después se volvió a saber de Rodríguez cuando las autoridades reportaron que acababa de ser asesinado.

Según el Tribunal, de nada sirvió tampoco la carta que la mamá de Rodríguez, Myriam Roa Duarte, envió el 30 de noviembre de 1994 al entonces Defensor del Pueblo, Jaime Córdoba Triviño. En mi condición de madre le imploro con carácter urgente a fin de que mi hijo pueda ser trasladado nuevamente a la Distrital .

Lo más probable concluyó la madre de Rodríguez es que, si no se defiende la vida de mi hijo a tiempo, puede ser asesinado . Un presagio que resultó cierto.

Inpec responde por reclusos: Consejo Para el Consejo de Estado, la actitud de indiferencia con los presos es causada, básicamente, por falta de educación.

El Gobierno debe promover una política educativa real en las cárceles para crear un sentimiento de seguridad entre las personas, y no vulnerar, a la postre, los derechos fundamentales de los reclusos .

Esto, agregó, la alta corporación, para que los detenidos no sean tratados como cosas sino como personas, pues en más de una ocasión hay más interés por saber el número de la celda en que está el hombre, que en la real situación de éste .

Así lo dejó en claro el Consejo desde mediados de 1993 al dejar en firme un fallo del Tribunal Administrativo del Cauca y condenar a la Nación a pagar más de 30 millones de pesos como indemnización a los padres y diez hermanos de un interno, asesinado en un penal en Popayán (Cauca) por un menor cuando, en medio de la oscuridad, se desplazaba de su celda al baño.

En opinión del Consejo de Estado, en el país existen varios penales que no ofrecen condiciones efectivas de seguridad para los reclusos que, en consecuencia, quedan a merced de otros delincuentes que terminan por acabar con sus vidas.

FOTO Esta es la Cárcel Nacional Modelo, escenario de la muerte de José Jaime Rodríguez Roa, ocurrida el 18 de febrero de 1995.

Archivo/EL TIEMPO

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