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8 DESTITUCIONES POR EL APAGÓN

8 DESTITUCIONES POR EL APAGÓN

El Gobierno inició los juicios por la crisis del sector eléctrico que llevó al racionamiento. El Presidente de la República anunció anoche, en una intervención televisada, la destitución de ocho altos funcionarios, y se basó para ello en tres informes: el de la Comisión del sector privado, el estudio de la Contraloría General de la República y el de la Comisión Quinta del Senado de la República.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
29 de mayo 1992 , 12:00 a. m.

Según Gaviria, el Gobierno destituirá a tres altos funcionarios de ISA y al gerente de Corelca, y pedirá la remoción del gerente de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB). Así mismo, solicitará a la Procuraduría una investigación contra tres ex ministros de Minas y Energía y uno de Hacienda.

De otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio dará a conocer hoy multas contra varias electrificadoras por cobro indebido a los usuarios de tarifas que no fueron revisadas durante el racionamiento.

El Senado de la República le entregó anoche al Presidente Gaviria su investigación. En ella culpa a tres ex ministros de Minas y a los actuales Ministros de Hacienda y al Jefe de Planeación Nacional.

El Presidente explicó anoche a los colombianos que, después de casi tres meses de racionamiento, uno de los peores que ha soportado la ciudadanía, la indignación del país es justa. Por esa razón, el Gobierno no podía responder en forma facilista. La crisis exigía seriedad y serenidad.

Por ello reunió un grupo de representantes del sector privado para que se dedicaran a estudiar a fondo el problema eléctrico.

Ayer se conocieron finalmente las conclusiones de la comisión evaluadora y se sumaron otras presentadas por la Contraloría General de la República y la Comisión Quinta del Senado.

Según Gaviria, de estos informes se pudo concluir que, además de las razones relacionadas con el verano, el racionamiento tiene origen en el desorden administrativo, en las gestiones indebidas de funcionarios, en la corrupción, en la prolongada interinidad de la gerencia de ISA, en las acciones terroristas de la guerrilla y en la presencia de un sindicalismo equivocado. Primero El Presidente planteó que seguirán persiguiendo a los responsables del desgreño y la corrupción.

Como lo sugiere el informe de la Comisión Evaluadora indicó ,la Procuraduría debe seguir adelante con las investigaciones con los exgerentes de las Empresas de Energía de Bogotá, de manera específica contra Fabio Puyo Vasto y Javier García Bejarano.

Gaviria indicó que ha enviado el informe de la Comisión a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que inicie las acciones penales que considere del Caso.

Prometió que apoyará los resultados de todas las investigaciones y advirtió que si se encuentran casos de enriquecimiento ilícito u otras conductas dolosas, impulsará acciones penales contra los responsables.

Adicionalmente y de acuerdo con el informe de la Comisión Evaluadora, el Gobierno impulsará severas investigaciones de las irregularidades en Icel, Corelca y sus electrificadoras. Segundo El jefe del Estado dijo que teniendo en cuenta las investigaciones adelantadas por la Comisión Evaluadora, por la Contraloría, y por la Comisión Quinta del Senado de la República, ha ordenado o solicitado a las autoridades competentes la remoción de los siguientes funcionarios: Uriel Salazar, exgerente encargado de Interconexión Eléctrica S.A. y actual funcionario de ISA. Héctor Hernández, Jefe de Planeación de ISA. Adriano Peña, gerente operativo de ISA. Jairo Silva y Aníbal Daw, funcionarios de Corelca. Eugenio Castro, director de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC). Tercero: Teniendo en cuenta el informe de la Comisión Evaluadora, que afirma que existen razones para suponer que hubo un manejo impropio de la información por parte de las empresas generadoras de energía térmica, se solicitó a las autoridades competentes la remoción de los siguientes gerentes: Hernán Correa, gerente de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca). Eugenio Castro, director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Lázaro Mejía, gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEB). Douglas Velásquez, ex gerente del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL). Oscar Mazuera, ex gerente de la Corporaciób Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Cuarto: Aparte de las nueve destituciones y, con base en la solicitud formulada por el estudio de la Contraloría General de la República, el jefe del Estado pidió pidió a las autoridades competentes que mientras terminan las investigaciones correspondientes, sean suspendidos en el ejercicio de sus cargos de los siguientes funcionarios: Carlos Enrique Moreno, gerente de la Empresas Públicas de Medellín. Jaime Vélez, funcionario de Empresas Públicas de Medellín. Alberto Peralta, funcionario de Corelca. Alvaro Cadavid y Silvio Trujillo, de ISA. Mario Puig y Guillermo Regalado, de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca. Francisco Ochoa, secretario de la Comisión Nacional de Energía. Quinto: También se pidió a la Procuraduría investigar a las siguientes personas que estuvieron vinculadas al sector eléctrico: Pedro Javier Soto, ex gerente de ISA; los ex ministros de Minas y Energía Oscar Mejía Vallejo, Margarita Mena de Quevedo y Luis Fernando Vergara Munárriz, y el ex ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón.

Además, a solicitud del Contralor, se pidió a la Procuraduría investigar a un amplio grupo de funcionarios vinculados a la junta directiva de ISA y al Comité de Operación del sector eléctrico.

El Gobierno consideró de suma importancia pedir a los Ministerios de Hacienda y Trabajo profundizar en la identificación de los funcionarios que firmaron, a nombre del Estado, convenciones colectivas perjudiciales para la empresas eléctricas y la Nación.

Aunque el Gobierno sabe que con estas medidas no volverá la luz, ni se solucionarán los problemas del sector, quiere que sirvan de ejemplo sobre la responsabilidad de los funcionarios y personas que manejen dinero de los contribuyentes o administren servicios públicos.

Por otra parte, las siguientes son las medidas que está aplicando el Gobierno para minimizar los riesgos del racionamiento aunque el régimen de lluvias no sea normal: Simplificación de trámites para acelerar la recuperación de las plantas térmicas, trabajo que concluirá en un año. Esto, sumado a la construcción de dos unidades nuevas por parte de Ecopetrol, que estarán listas en tres meses, generará 190 megavatios.

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