CONFESIONES ENREDAN A FUNCIONARIOS DEL SENADO

CONFESIONES ENREDAN A FUNCIONARIOS DEL SENADO

La confesión de dos empleados del Congreso de la República puso en la mira de la Procuraduría General de la Nación a cuatro directivos del Senado, entre ellos, al ex jefe de Recursos Humanos, Joaquín Aurelio Díaz. (VER LISTA DE CONTRATOS INVESTIGADOS)

25 de marzo 2000 , 12:00 a.m.

Frente a un pool de agentes de Investigaciones Especiales del Ministerio Público, la empleada María Cotrino Vargas reveló que a finales de 1998, en la oficina de Díaz, firmó un contrato de prestación de servicios y que en dos ocasiones cobró los cheques y los entregó al funcionario por exigencia de éste. Su confesión se suma a la de otro empleado, Zambrano Estacio.

Los polémicos contratos hacen parte de un paquete de 73 órdenes de servicio que entre junio y noviembre de 1998 firmó la División Administrativa del Senado.

Por hechos como estos, la Procuraduría les adelanta investigación disciplinaria a Elías Salomón Sales, director administrativo del Senado; Hermes Angarita Navarro, ex jefe de Bienes y Servicios; Joaquín Díaz, ex jefe de Recursos Humanos y Diego Henao Toro, jefe de la biblioteca del Senado.

EL TIEMPO conoció que el Ministerio Público también ha descubierto casos en los que se habrían falsificado firmas para poder cobrar los contratos. Bibiana Jimena Duque Prado, por ejemplo, aseguró ante los investigadores que la firma que aparece en la orden 999-35-98 no es la de ella.

Además de estas irregularidades, los agentes han detectado inconsistencias en 26 contratos firmados durante 1998 que suman 1.912 millones de pesos (ver listado). Por ejemplo, se intentó camuflar una empresa colocándole otra razón social, para así beneficiarla con varios contratos.

Esto ocurrió con los contratos 451198 y 481198, firmados el 2 de diciembre del mismo año. El primero, por 60 millones de pesos, se firmó con Centro de Archivos y Servicios Ltda, mientras que el segundo, por valor de 56 millones, se suscribió con Central de Archivos Ltda.

Aparentemente, se trataba de empresas diferentes. Sin embargo, la Procuraduría descubrió que los socios son los mismos, así como su representante legal: Pedro López Ramos.

Dentro de las pesquisas, también se encontraron documentos con los que los funcionarios habrían pretendido hacer creer que algunas propuestas de contratistas llegaron antes del cierre de la convocatoria. Es el caso del contrato 371198 a través del cual el Senado compró, por 79 millones de pesos, 3 mil metros de alfombra a la firma Surtialfombras.

A finales de noviembre de 1998 el entonces jefe de Bienes del Senado, Hermas Angarita, informó al director administrativo Elías Sales que se había cumplido el proceso al recibirse la propuesta antes del 23 de noviembre.

Sin embargo, el certificado de matrícula de persona natural de la empresa, anexado a la propuesta, tenía fecha de expedición 30 de noviembre, a las 3:49 de la tarde.

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