ESPAÑA, JUEZ DE A. LATINA

ESPAÑA, JUEZ DE A. LATINA

Decidí acudir ante los jueces españoles porque durante décadas mi país se ha negado a hacer justicia . Las palabras de la premio Nobel de Paz, Rigoberta Menchú, sintetizan la razón de por qué cada día y con mayor frecuencia cientos de querellantes de América Latina acuden hoy a los tribunales de este país buscando el fin de la impunidad y la inmunidad de los responsables.

29 de marzo 2000 , 12:00 a.m.

Pero, qué hace posible que la justicia española inicie un proceso contra ocho militares y altos dirigente guatemaltecos a quienes se considera culpables del genocidio de varios indígenas? y por qué, después de haber procesado al ex dictador chileno Augusto Pinochet, los jueces en Madrid se han convertido en los justicieros de América Latina? Ambas preguntas surgen tras haberse conocido el lunes el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional española Guillermo Ruiz Polanco, según el cual admite a trámite una querella presentada por la líder indigenista de Guatemala Rigoberta Menchú contra ocho militares y ex altos cargos gubernamentales de su país por el delito de genocidio.

La denuncia busca el castigo del ex presidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982); el general golpista y actual presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt (1982-1993); el general también golpista Oscar Humberto Mejías (1983-1986), y otros diez antiguos altos cargos por la muerte de 37 personas, entre ellas el padre de Menchú y dos españolas, en la toma militar de la Embajada de España en 1980.

Sustento jurídico El auto de Ruiz Polanco se basa en las mismas normas que sustentaron el inicio del trámite, el 7 de febrero de 1997 y por parte del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, de la denuncia contra Augusto Pinochet por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Y esas normas son las convenciones internacionales de las Naciones Unidas y una ley española.

En efecto, para la Audiencia Nacional, que es un tribunal donde se ventilan procesos contra la Corona, la seguridad del Estado, así como de narcotráfico y terrorismo, el Convenio para la Prevención y la Sanción el Delito de Genocidio y la Convención Internacional contra la Tortura, suscritos por la ONU en 1948 y 1984 respectivamente, permiten que se castiguen esos crímenes contra la humanidad en cualquier momento y lugar.

Así lo dejó claro en una sentencia dictada por su Sala Penal el 30 de octubre de 1998, en la cual estableció que la justicia española sí era competente para procesar a Pinochet, quien había sido detenido poco antes en Londres. De acuerdo con el fallo, el hecho de que los países firmantes de la Convención contra el genocidio no hubieren acordado la persecución universal del delito por cada una de sus jurisdicciones nacionales no impide que el establecimiento, por un Estado parte, de esa clase de jurisdicción para un delito de trascendencia en todo el mundo y que afecta a la humanidad toda .

Pero sólo con eso sería imposible procesar en España a quien ha perpetrado crímenes de lesa humanidad. Lo que ocurre es que la ley orgánica 6 de 1985, por la cual se reglamenta el poder judicial español, reconoce en su artículo 23 la jurisdicción de los tribunales españoles para esa clase de delitos que además son imprescriptibles.

Esas normas son las que han dado pie a que tanto García Castellón como Baltasar Garzón, quien continuó con el caso Pinochet, dictaran órdenes internacionales de captura contra los ex dictadores de Argentina, como Jorge Videla y Emilio Massera, y de Chile. Y son las que muy posiblemente precipiten órdenes semejantes contra Ríos Montt y lo demás ex dirigentes de Guatemala.

Colombia en la mira? EL TIEMPO Madrid Desde cuando el juez Baltasar Garzón inició el proceso contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, en España se ha rumorado acerca de la existencia de denuncias ante la Audiencia Nacional contra los jefes de la guerrilla o de los grupos paramilitares colombianos. Se ha hablado del Mono Jojoy , de Manuel Marulanda Tirofijo , de Carlos Castaño. Pero, que se sepa, nada ha sido presentado en su contra.

Puede prosperar una acusación contra alguna de estas personas ante la justicia española? Según le ha dicho a EL TIEMPO Carlos Castresana, fiscal anticorrupción español y quien como presidente de la Asociación Progresista de Fiscales presentó las denuncias contra los ex dictadores de Argentina y Chile, la respuesta es sí, pero siempre y cuando la justicia colombiana deje impunes los crímenes de lesa humanidad que ellos hubieran cometido.

En opinión de este fiscal, para que los culpables de delitos como el terrorismo y la tortura queden exentos de responsabilidad se necesitaría no sólo una amnistía sino una reparación moral a las víctimas o sus familiares, que consistiría en que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad los confiesen públicamente. De lo contrario, la jurisdicción internacional podría actuar.

Procesales UNA ORDEN internacional de captura contra ocho militares guatemaltecos acusados de genocidio ante la justicia española será solicitada por los abogados acusadores si los imputados no se presentan en Madrid en un plazo de 10 días o si Guatemala no facilita sus domicilios.

LA JUSTICIA universal como concepto, como doctrina, ha ganado un espacio importantísimo , manifestó Gustavo Meoño, presidente de la Fundación Rigoberta Menchú, convencido de que cada vez más el mundo entiende que los crímenes contra la humanidad (...) deben ser perseguidos y juzgados en cualquier lugar del mundo .

El Ex presidente José Efraín Ríos Montt se mostró despreocupado por la demanda y dijo que los delitos nacionales tienen que ser juzgados por tribunales nacionales. El hecho que esté mencionado en la demanda no me preocupa en lo más mínimo y sólo busca dañar mi imagen a nivel internacional , señaló el militar y máximo líder del gobernante partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

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