LA CORRUPCIÓN ES GENÉRICA

LA CORRUPCIÓN ES GENÉRICA

A raíz del insólito escándalo por la feria de contratos en la Cámara de Representantes se volvió a agitar el cotarro por enésima vez sobre el cáncer de la corrupción que está carcomiendo las instituciones colombianas. Como siempre, salen los Savonarolas a señalar a todo el mundo con su dedo acusador, aparecen los fariseos desgarrándose las vestiduras, los oportunistas aprovechan para pescar en río revuelto, los medios se ensañan con morboso deleite, ruedan unas cabezasy todo sigue igual.

31 de marzo 2000 , 12:00 a.m.

Cuando estalló el escándalo la semana pasada me encontraba en Lima, asistiendo precisamente a un seminario organizado por la CAF sobre la lucha contra la corrupción en América Latina. Una de sus conclusiones fue que mientras los sistemas políticos no se fortalezcan, mientras los partidos no se modernicen, se disciplinen y cumplan con su razón de ser, mientras no exista una oposición institucionalizada que ejerza un verdadero control político, mientras sigamos creyendo que la solución es acabar con las colectividades políticas y regresar al caudillismo, mientras los puestos de elección popular se compren con inversiones millonarias, mientras no exista una verdadera independencia entre los poderes públicos, va a ser muy difícil rescatar el sentido de la responsabilidad y la ética pública, condiciones necesarísimas para combatir este flagelo. La corrupción, en síntesis, es del sistema y de la forma como se accede y se ejerce la política.

En una cartilla editada en Palacio sobre el programa presidencial de la lucha contra la corrupción aparece el clientelismo como una de sus principales causas. Y es cierto, pues es uno de los grandes males de nuestro sistema democrático. Como bien lo ha repetido el fiscal Gómez Méndez, hay que cerrar la cocina de Palacio para comenzar a limpiar la política. Lo irónico es que este Gobierno tuvo en sus manos la gran oportunidad de cortar de raíz esta dependencia del soborno y del chantaje en las relaciones con el Congreso con solo haber respetado la institucionalidad de los partidos. Ese sí hubiera sido un gran cambio. Pero prefirió acudir al nefasto clientelismo para asegurar sus mayorías en el Congreso y, por ende, su gobernabilidad. Lo ha hecho con tal diligencia, que bien puede decirse que la actual administración ha sido la más clientelista de los últimos tiempos, pues hoy hasta los porteros los reparten con milimetría política.

No deja de ser entonces el colmo del fariseísmo ver al Ministro del Interior desgarrándose las vestiduras por el oprobioso festín de contratos ficticios en la Cámara por supuesto, condenable desde todo punto de vista y que el peso de la ley les caiga sin contemplaciones a todos los responsables cuando lo único que ha hecho su gobierno es pagar peajes en el trámite de todas las leyes. O cuál es de más culpar como se pregunta Sor Juana el que peca por la paga o el que paga por pecar? .

Con ese mismo aceite han querido sabotear la Constituyente Liberal, que busca precisamente fortalecer, modernizar y limpiar el partido, sacarlo del control parlamentario, y ponerlo a cumplir la misión que debe cumplir todo partido político en una democracia, lo que es fundamental para que el sistema pueda comenzar a erradicar de su seno la corrupción. Lo que el Ministro parece que no entiende es que el Estado se corrompió (entre otras cosas, por personas como él que dejan a un lado sus principios, convicciones y lealtades por un puesto), pero el Estado lo administran los partidos políticos y para rescatar al Estado de las garras de la corrupción hay que comenzar por rescatar a sus administradores. Eso es lo que se pretende hacer con la Constituyente, a la cual no podrá asistir ningún liberal oficialista, colaboracionista o independiente que resulte vinculado al escándalo del Congreso.

De manera que la corrupción es endémica del sistema. Pero como nadie pretende acabar con el sistema democrático, el único camino es fortalecer sus instituciones no solo para que se pueda ejercer el debido control político (que evitaría innumerables procesos penales) sino para que la justicia se pueda aplicar con todo el rigor del caso. La responsabilidad de los gobernantes, entendida como el espíritu de rendir cuentas y de asumir las consecuencias de sus actos, lo que hoy pocos hacen, debe ser de doble vía: la ciudadanía también tiene que exigirles cuentas a sus gobernantes.

Si el Gobierno quiere de veras luchar contra la corrupción, debe dejar a un lado el fariseísmo, respetar la institucionalidad de los partidos, dejar de sobornar a los congresistas y proponer nuevamente una gran reforma que permita el cabal ejercicio de la oposición y el fortalecimiento de los partidos. No debe permitir que se encaramen micos de toda índole, ni facultades de emperador al Presidente, porque por eso se hundió el proyecto pasado

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