ALGUIEN DEBE RESPONDER

ALGUIEN DEBE RESPONDER

A raíz del acta de acuerdo que firmó el alcalde de Villavicencio Hernando Martínez Aguilera con la firma Sepúlveda Lozano, contratista inicial del acueducto, por estos días se volvió a abrir el debate sobre la calidad y los costos de esta obra.

28 de marzo 2000 , 12:00 a.m.

Según dicho acuerdo, la administración municipal le debe cancelar a la firma Sepúlveda Lozano 9 mil millones de pesos durante los próximos 3 años. Seguramente estos recursos saldrán del bolsillo de los contribuyentes que cumplen con sus deberes de ciudadanos.

Teniendo en cuenta que la suma a cancelar es bastante alta para un municipio como Villavicencio que tiene tantas necesidades, no es justo ni lógico que esto pase de agache, como se dice popularmente, y que nadie responda por esta situación.

Hasta el momento no se conoce ningún pronunciamiento de los organismos de control sobre lo sucedido en el desarrollo de esta obra que desde el comienzo fue muy cuestionada no solo en el aspecto financiero sino técnico, por todos los trastornos e improvisaciones que sufrió.

Son muchos los responsables de las referidas situaciones y tanto la Contraloría como la Procuraduría y la Fiscalía están en la obligación de establecer quiénes son los causantes de este descalabro y castigarlos ejemplarmente.

Claro que no solo hay que investigar, lo sucedido con Sepúlveda Lozano y las consecuencias que ya conocemos, por haberse decretado la caducidad del contrato de manera unilateral por parte del municipio, también hay que investigar si la decisión de Martínez Aguilera de firmar el acta de acuerdo para pagarle 9 mil millones de pesos a la firma, era la mejor.

Tras producirse este último hecho, han corrido rumores de todo tipo y lo mejor es que estos queden desvirtuados o se confirmen y se tomen las acciones del caso. Entre otras cosas, se dice que la actuación del alcalde de Villavicencio tiene un tinte político porque las consecuencias de ésta perjudican al ex mandatario local, Juan de Dios Bermúdez quien tiene aspiraciones para el próximo proceso electoral y aparentemente lo benefician a él.

A la opinión pública le debe quedar claro qué pasó y quiénes son los responsables de que el municipio tenga que desembolsar 9 mil millones de pesos por actuaciones ligeras y desacertadas de sus funcionarios de turno.

Como varios de los comprometidos en el manejo del proyecto del acueducto son aspirantes a cargos públicos, el mejor castigo, además del que la justicia les debe imponer, es que la comunidad los rechace durante las próximas elecciones.

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