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LOS AUXILIOS PARLAMENTARIOS

LOS AUXILIOS PARLAMENTARIOS

Juan Manuel Santos ha revivido los auxilios parlamentarios pero no los quiere llamar así. Estos dichosos auxilios tienen más vidas que un gato y no van a desaparecer mientras exista un sistema político como el actual en el que cada parlamentario es un pequeño empresario de la política.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
24 de octubre 2000 , 12:00 a. m.

A la hora de aprobar el presupuesto y los proyectos legislativos del gobierno allí están los parlamentarios con la escudilla tendida, esperando que el gobierno se la llene, y los gobiernos generalmente encuentran la forma de hacerlo. Unos lo hacen abiertamente como lo hizo Carlos Lleras (él y su ministro Abdón Espinosa pasaron una ley consagrando los auxilios), o en 1993, cuando se creó una partida para que cada congresista tuviera la oportunidad de promover proyectos de cofinanciación por un valor igual para cada congresista, algo similar a lo que se propone ahora. Otros lo hacen a escondidas, con hipocresía y en forma desigual, favoreciendo a determinados parlamentarios o a las mesas directivas, como se hizo evidente en el caso del escándalo Pomarico. Entre las dos prácticas, es preferible la que le da igual tratamiento a todos los parlamentarios. Sin embargo las dos son difíciles de defender, porque la gente no está de acuerdo con entregarle recursos del presupuesto a los políticos. Curiosamente, la opinión se escandaliza más cuando se dan los auxilios abiertamente como Santos quiere, porque cuando se dan al escondido, los mismos ministros parecen avergonzarse de hacerlo.

Es buena o mala esta costumbre de otorgar partidas a los proyectos de los parlamentarios? Hay que responder a esa pregunta diciendo que lo ideal sería no tener que hacerlo. Los parlamentarios y el gobierno deberían promover que los proyectos que se incluyan en el presupuesto sean los mejores y los más rentables en términos sociales, no los que les reporten beneficios políticos o económicos. La aprobación del presupuesto por el congreso es el momento cuando se revelan las preferencias del sistema político y se establecen las prioridades para la acción del gobierno. Un congreso responsable fijaría su atención en la congruencia del presupuesto con los objetivos de política que se propone la administración. Ello requiere sin embargo partidos políticos que aglutinen a la bancada del gobierno y a la de la oposición, y que el gobierno actúe de común acuerdo con los partidos que representa y con el apoyo de ellos. Estas condiciones están ausentes en Colombia. No hay un cuerpo coherente o institución, llámese partido de gobierno o coalición de gobierno, con quien pactar un presupuesto encaminado a cumplir unos objetivos. El Congreso es una montonera que compite desaforada y desordenadamente por unos recursos, sin prestarle atención a prioridades o a objetivos generales o de largo plazo, sino con el afán de llevar proyectos a sus regiones o de meterse una plata en el bolsillo. En esos casos no es posible conseguir un consenso porque es imposible obtener una solución que satisfaga a todo el mundo. La costumbre en Colombia ha sido que el congreso le deja al gobierno decidir en últimas el tamaño y el destino del presupuesto y recibe a cambio un pago, una prima, por ceder ese derecho. Ese pago eran los auxilios. Con la prohibición constitucional de dar auxilios, el pago se volvió un problema, porque la metodología no cambió, ni cambió el sistema político y los parlamentarios exigen su pago. Con todos los defectos que tiene y las dudas éticas que suscita, esta práctica es la manera menos costosa de obtener una aprobación del Congreso y de sacar un presupuesto razonable, en ausencia de partidos políticos responsables que manejen el proceso presupuestal con el objetivo de maximizar el bienestar general. Es menos costoso repartir unos auxilios que dejarle al congreso meterle la mano a todo el presupuesto. Lo que hay que evitar es que se roben la plata y que la usen para el mercado.

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