LOS CEMENTERIOS NO SE LAS PUEDEN PASAR DE VIVOS

LOS CEMENTERIOS NO SE LAS PUEDEN PASAR DE VIVOS

Un día cualquiera, Ligia Gutiérrez contestó una llamada telefónica muy particular. Le dijeron que con motivo de una promoción su número telefónico había salido favorecido, motivo por el cual se había ganado un premio de un millón 400.000 pesos.

10 de marzo 2000 , 12:00 a.m.

Le informaron que el premio estaba representado en un lote para dos personas en el Parque Cementerio la Inmaculada, ubicado al norte de Bogotá, y que para obtener el premio sólo debía pagar el valor de las escrituras: 98.000 pesos, en los tres días siguientes a la llamada.

Entusiasmada, Ligia fue hasta las oficinas del Parque Cementerio la Inmaculada (carrera 12 N 70-97) y pagó el dinero correspondiente. Sin embargo, minutos después se llevó una gran sorpresa que casi la mata del susto: le comunicaron que como condición indispensable para la validez del regalo, debía cancelar otros 800.000 pesos por los servicios de inhumación y que hasta tanto no le firmaban las escrituras.

Pero ahí no paró todo. Además del pago realizado inicialmente, debía cancelar un derecho de cementerio por otros 790.000 pesos, a la hora que decida utilizar los lotes (395.000 pesos con cada uno)..

Sorprendida, Ligia quiso recuperar los 98.000 pesos que había pagado para obtener su premio, pero se llevó una nueva sorpresa: le indicaron que en el recibo que le habían acabado de expedir decía los dineros entregados no son restituibles .

De esta manera, Ligia no sólo salió sin el lote doble que supuestamente le iban a regalar , sino con 98.000 pesos menos de su bolsillo.

Indignada por esta situación, Ligia acudió ante la Delegatura para la Protección del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio y puso la queja respectiva.

Publicidad engañosa La entidad pudo establecer que el caso de Ligia, así como en el de otras personas que fueron atraídas de la misma manera, la información sobre la obligatoriedad del pago de inhumanización únicamente se dio después de que fue cancelado el valor de la escritura.

Es decir, explica la Superintendencia, que la empresa Parques de Colombia Ltda (razón social del Parque Cementerio la Inmaculada) infringió el Estatuto del Consumidor al anunciar en su publicidad que solamente se requiere del pago de los derechos de escrituración para hacerse acreedor al lote, cuando en realidad debe pagar una cifra mucho mayor.

Dice la entidad que en la propaganda del Parque Cementerio la Inmaculada también se anuncia como beneficios gratis con su regalo misas de aniversario, inhumaciones a perpetuidad, atención en el parque y servicios de vigilancia.

Agrega que en la publicidad que entregan al beneficiario también se lee que en todos los cementerios del mundo, aunque usted sea propietario, el día de usar el lote o espacio tenemos que cubrir el costo de la lápida, apertura del terreno, etc , que son los llamados servicios de inhumación .

La Superintendencia resalta el hecho de que se hace referencia a que únicamente el día en que se vaya a usar el lote se deben cubrir dichos gastos y que es claro para el público que sólo se debe pagar esta suma al momento del uso.

Dice la Superintendencia que las infracciones a la Ley en que incurre esta empresa no terminan simplemente en el engaño. Asegura que es obligación de toda entidad comercial garantizar la idoneidad de los bienes o servicios que vende. El hecho de no entregar las escrituras requeridas hace nulo el posible disfrute del bien .

Según los resultados de la investigación, Ligia fue conducida a error, por cuanto quedó claro que después de cancelada la suma de 89.000 pesos por gastos de escrituras fue cuando se le informó acerca del cumplimiento de otros requisitos para acceder al lote.

Por infringir dichas normas de protección al consumidor, la Superintendencia resolvió sancionar a Parques de Colombia Ltda con una multa de 52 millones de pesos.

Así mismo, ordenó la corrección de la publicidad en el sentido de brindar la información completa sobre los pagos que deben hacer en su totalidad para obtener la escritura de los bienes que ofrecen.

Para cumplir con esta orden, deberá publicar por lo menos tres anuncios en periódicos de amplia circulación nacional y a intervalos no menores de 15 días en donde se informe de los términos y condiciones reales de sus contratos.

También, en cumplimiento de la garantía, ordenó a la sociedad hacer entrega a Ligia Gutiérrez Alarcón de la escritura correspondiente.

En cuando al destino del dinero que pagan los afortunados ganadores que posteriormente no se le miden al contrato, la Superindustria recomendó a la Fiscalía General de la Nación determinar si tal actitud representa un hecho delictivo.

No hay estafa La representante legal del Parque Cementerio la Inmaculada (Sociedad Parques de Colombia Ltda.), Narda Alfonso Sandoval, explicó a la Superindustria que en la llamada que reciben las personas se les dice que han sido favorecidas para un lote por valor de un millón 400.000 pesos y que en el transcurso de tres días se acerque a la oficina para una mayor información. Si la persona está interesada pues viene y se le amplía la información .

También sostuvo que no ven en qué momento se considera una estafa ya que a la persona se le da la totalidad de la información para adquirir dicho lote.

Es cierto, parece increíble, pero nosotros le garantizamos un regalo por medio de la escritura pública, que es el máximo instrumento legal que le asegura la propiedad de sus lotes y le garantiza la seriedad de nuestra empresa .

No hay que inducir a error De acuerdo con lo señalado en el artículo 14, 16 31 y 32 del decreto 3466 de 1982, toda información que se de al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que ofrezcan al público debe ser veraz y suficiente.

Están prohibidas, por lo tanto, las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no corresponda a la realidad, así como las que induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad de bienes o servicios ofrecidos.

El artículo 31 consagra que todo productor es responsable por las marcas y leyendas que exhiban sus productos, así como por la propaganda comercial de los mismos, cuando su contenido no corresponda a la realidad o induzca a error al consumidor.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 32 del decreto 3488 de 1982, en caso de que se compruebe que las leyendas, las marcas y la propaganda comercial de bienes o servicios no corresponden a la realidad o inducen a error, la autoridad competente impondrá la multa correspondiente y ordenará al productor o importador la corrección de la respectiva marca, leyenda o propagando comercial.

Así mismo, ordenará todas las medidas necesarias para evitar que se incida nuevamente en error o que se cause daño o perjuicio a los consumidores El literal f) del artículo 43 del decreto 3466 de 1982 le asigna entre otras funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio, imponer las sanciones administrativas por incumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad, por falta de correspondencia con la realidad o inducción a error de las marcas, las leyendas y la propaganda comercial, o por incumplimiento de las normas sobre fijación pública de precios.

El artículo 44 del decreto 3466 de 1982 asigna la competencia para ejercer las funciones a que se refiere el literal f) antes citado, a la Superintendencia Delegada para la Protección al Consumidor y a los alcaldes en otros lugares del país.

Los alcaldes del país a excepción de Bogotá, tienen la competencia legal para imponer sanciones administrativas por inducción a error de las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no correspondan a la realidad o puedan inducir a error y los inspectores de policía en uso de facultades delegadas por la Alcaldía pueden instruir las investigaciones administrativas.

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