Los magistrados de la Corte Suprema están divididos frente a quién será el sucesor de la magistrada Mosquera, cuyo cargo implica, por ejemplo, participar con otros seis juristas en el manejo de un presupuesto superior a los 500 mil millones de pesos, el segundo después del de Defensa.
Un bloque de miembros de la Corte es partidario de elegir a la abogada Ruth Marina Díaz, actual magistrada del Tribunal Superior de San Gil (Santander), del mismo departamento de la jurista Mosquera. Otro grupo apoya la candidatura de la abogada Julieta Chaparro, magistrada del Tribunal Superior de Cundinamarca.
En medio de esa división, así como de las denuncias de lobby para llegar a la magistratura por parte de algunos abogados y como fórmula para que el país conozca quién será el nuevo magistrado, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Julio César Ortiz Gutiérrez, lanzó ayer una propuesta.
Según Ortiz, la Corte Suprema está en la obligación de realizar una audiencia pública para que los ciudadanos conozcan ya cuáles son todos los candidatos que aspiran a llegar a la Sala Administrativa. Es la mejor manera de demostrar que a las cortes llegan los mejores y por sus propios méritos académicos , dijo Ortiz a este diario.
Lo mismo, dijo Ortiz, debería hacer el Consejo de Estado que también tendrá que elegir el reemplazo de otro de los integrantes de la Sala Administrativa: Carlos Villalba Bustillo, a quien se le vence su período de ocho años. En septiembre, habrá elecciones en la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Lo mismo ocurrirá en el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, así como con el Defensor y el Procurador. La Corte Suprema tiene la palabra.