EDITORES COLOMBIANOS EXPUSIERON LA SITUACIÓN DEL PAÍS ANTE LA SIP PERIODISTAS RECHAZAN LEGALIZACIÓN DE LA DROGA

EDITORES COLOMBIANOS EXPUSIERON LA SITUACIÓN DEL PAÍS ANTE LA SIP PERIODISTAS RECHAZAN LEGALIZACIÓN DE LA DROGA

Prominentes periodistas colombianos expresaron ayer en la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) el temor de que la violencia producida por el narcotráfico siga por tiempo indefinido y rechazaron que la legalización de la droga sea una solución adecuada o rápida. La violencia del narcotráfico en Colombia y el consumo de drogas en el extranjero fueron tratados en una mesa redonda en la cual participaron cuatro prominentes periodistas de Bogotá y Medellín.

17 de octubre 1990 , 12:00 a. m.

Enrique Santos Castillo, director de EL TIEMPO de Bogotá, dijo que en 1980 llegó a Colombia la droga, una pesadilla que ha desembocado en la muerte de numerosos colombianos y el secuestro de otros tantos, incluyendo a Francisco Santos, jefe de redacción de su periódico y el más joven de la familia editora. Santos Castillo reconoció que era difícil saber cómo o cuándo concluirá la guerra que se libra contra el narcotráfico.

Por su parte, Luis Gabriel Cano, de El Espectador de Bogotá, dijo que a principios de la década de 1980 el narcotráfico emprendió su campaña contra la prensa y que su familia decidió unánimemente, junto con el apoyo de los empleados, seguir el combate de esa violencia. Sinembargo, dijo que era optimista y que estaba convencido de que la prensa logrará salir adelante.

Jorge Hernández, de El Colombiano de Medellín, dijo que los incidentes de terrorismo no se suceden solo en la capital.

Desafortunadamente --dijo-- he estado al lado de los sucesos que le han pasado a El Espectador... Como los sucesos que le han pasado a EL TIEMPO, pero hay que decirlo: los hechos en los periódicos de Bogotá, por razón de ser la capital, tienen más resonancia que los hechos que suceden en las provincias .

Luis Fernando Santos, subgerente de EL TIEMPO, dijo que en su país hay una creencia de que se aplica una doble moral, porque nosotros ponemos las víctimas y en los otros países, en Estados Unidos, se ponen los discursos .

Mencionó como ejemplo que cuando un juez colombiano liberó a un importante narcoterrorista hace más de un año, la reacción estadounidense fue aplicar la pena a todos los colombianos en las aduanas . Pero cuando se dio el caso del alcalde de Washington, Marion Barry, quien fue absuelto de cargos mayores relacionados con consumo de drogas, el público colombiano sólo pudo expresar su desilusión.

Entre tanto, el presidente César Gaviria envió un mensaje que fue leído por el presidente de la SIP, Edward Seaton. Gaviria dijo que la libertad de prensa se ha visto seriamente amenazada en Colombia. La violencia ha llamado en los últimos tiempos a las puertas de cada colombiano y ha puesto a prueba el carácter de la Nación. Las organizaciones criminales y el narcotráfico han amenazado la integridad social y la estabilidad democrática de Colombia.

El mensaje dice que la posición vertical del Gobierno de Colombia frente a aquellos que amenazan la libertad de prensa con acciones terroristas, es que al terrorismo se le hace frente sin concesiones y con reiteración de los principios democráticos. Los colombianos, el Gobierno y en especial los periodistas de Colombia, están dispuestos a defender su derecho a vivir sin miedo , decía el mensaje de Gaviria.

Adicionalmente se mencionó la posibilidad de que la legalización de las drogas en Estados Unidos podría ayudar a resolver la situación en Colombia. Sinembargo, Santos Castillo dijo que es una medida que debía ser tomada por todos y no solo por su país.

Hernández, por su parte, dijo que la guerra contra el narcotráfico se ha estado perdiendo. No han matado sino uno de los capos grandes y ellos sí han hecho mucho daño, mucha destrucción .

Luis Fernando Santos añadió que la legalización de la droga es físicamente imposible. En Colombia sería completamente absurdo legalizar la droga nosotros solos, porque se convertiría el Gobierno en narcotraficante .

Desde luego la legalización bajo control médico de la droga puede ser una solución --afirmó--. Pero yo creo que lo que debemos tratar como periodistas, como medios de difusión, es cuál es la manera de acabar con ese flagelo, con base en la educación, la presentación de artículos e informaciones indicándole a las personas que van a entrar, o que tienen posibilidad de entrar en ese uso de la droga cuál es el peligro que están asumiendo a qué van a llegar si lo hacen .

Aun así, opinó que la solución es que el consumo se elimine con cualquier método porque cuando no hay consumo, no hay posibilidad de que esta gente siga adquiriendo el poder económico tan grande que ha adquirido en el pasado .

Horacio Aguirre, del Diario Las Américas de Miami, preguntó qué medidas de carácter internacional había tomado el gobierno colombiano cuando se conoció que algunas armas usadas en el asesinato de seis jueces hace algunos años habían salido de Nicaragua, situación que consideró un tipo de agresión de parte de un gobierno extranjero.

Hernández respondió diciendo que se tenía entendido que eran varios los países que han tratado de enviar armas a Colombia y que se supo que cuando el asalto al Palacio de Justicia, se encontraron unas armas que, o venían procedentes de Nicaragua, o iban con destino para Nicaragua. Como también se ha dicho que han venido armas procedentes de Libia y de Cuba.

Santos Castillo dijo por su parte que el principal proveedor de armas a los narcotraficantes fue el gobierno de Panamá que tenía conexiones con Nicaragua.

Después de dos días de debates, la discusión sobre libertad de expresión de la SIP parece girar en torno a problemas de colegiación de periodistas y asuntos económicos, antes que a medidas represivas debido al movimiento hacia la democracia en las Américas. Ayer presentaron sus informes sobre libertad de expresión los representantes de Chile, República Dominicana y México. El debate en México tomó un giro inesperado cuando Mauricio Bercun, de El Heraldo de León, dejó entrever que había existido una prolongada omisión sobre el cierre de dos diarios en la década de 1980.

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