JUNTA DE TARIFAS EVALÚA LA PRIVATIZACIÓN RAJADOS CONSORCIOS DEL ASEO

JUNTA DE TARIFAS EVALÚA LA PRIVATIZACIÓN RAJADOS CONSORCIOS DEL ASEO

Los usuarios del servicio de aseo privado estamos ante un dilema desagradable: o permitimos el desangre presupuestal para finaciar contratos mal negociados o aceptamos alzas exorbitantes en las tarifas . Esa fue una de las conclusiones de la Secretaria de la Junta Nacional de Tarifas, Eva María Uribe, durante su intervención en el Foro-Evaluación de la Privatización del Servicio de Aseo Urbano en Colombia que se llevó a cabo ayer en la Casa del Valle.

05 de octubre 1990 , 12:00 a. m.

El Foro, organizado por la Asociación Colombiana de Entidades Administradoras del Servicio de Aseo Urbano (Aseas), contó también con la participación de los gerentes de las empresas públicas de Bucaramanga y Medellín y de varios funcionarios de la Empresa Distrital de Servicios Públicos (Edis).

Uribe presentó un análisis comparativo, realizado por la Junta, de las experiencias del servicio de aseo que se presta en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y dijo que el nivel de las empresas públicas de Cali y Medellín es muy similar al de los consorcios privados.

Aunque reconoció que los segundos presentan costos de operación muy inferiores a los de entidades públicas como la Edis, dijo que las empresas privadas no parecen representarle ahorros significativos al usuario, al Distrito, a la municipalidad o a la entidad que los contrató.

La incapacidad de algunas empresas estatales para dar un servicio adecuado se ha convertido en un mecanismo diligente para realizar ganancias extraordinarias por parte de ciertos contratistas. Resulta así inequitativa una capitalización privada de la ineficiencia pública , agregó la funcionaria.

De igual forma, dijo que al hacer el ejercicio de preguntarse sobre cuál debería ser la tarifa que hace autocosteable el servicio de aseo, si se excluye otro tipo de financiación diferente a la tarifaria, se concluiría que la tarifa que debería cobrar la Edis sería inferior a la que deberían cobrar los consorcios Limpieza Metropolitana o Ciudad Limpia.

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