En el mismo pronunciamiento Los Extraditables arremetieron de nuevo contra el Cartel de Cali y sindicaron, de manera indirecta, a los hermanos Rodríguez Orejuela de la muerte y desaparición de personas cuyos cadáveres aparecen en aguas del río Cauca.
Dijeron, además, que no se puede afirmar que el narcotráfico vaya a terminar pues su radio se extiende a otros países. Extraditables: adiós al narcoterrorismo...
En un comunicado que podría ser el último, el llamado grupo de Los Extraditables anunció ayer su disolución definitiva y el cese de todas las acciones militares contra aquellos que consideran sus enemigos por causa de la extradición.
La organización, dice el comunicado, llegó a esta determinación luego de conocer la posición de la Asamblea Nacional Constituyente en torno al tema de la extradición, que fue durante un buen tiempo el caballo de batalla de su actos terroristas contra instituciones y personas de la vida nacional.
Con dicho documento quedó oficialmente expresada la voluntad del grupo de Los Extraditables de acogerse a las medidas de excepción ofrecidas por el Gobierno del Presidente Gaviria.
Durante los últimos cinco años, los Extraditables enviaron a través de los medios de comunicación del país, unos cincuenta mensajes escritos en los que expresaron sus exigencias al Gobierno y reivindicaron o negaron la autoría de secuestros, atentados y asesinatos, a la vez que profirieron numerosas amenazas.
Esas sentencias de muerte, que muchas veces se cumplieron, las hicieron casi siempre contra políticos, periodistas y magistrados, defensores en su momento de la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos.
Otras veces, los comunicados sirvieron para anunciar las ofertas de paz hechas por Los Extraditables en más de una ocasión. Sin embargo tales ofertas no llegaron a cristalizar.
En no menos de tres ocasiones adviertieron por ese conducto que harían explotar carros-bomba en las ciudades para respaldar sus reclamos sobre violación de los derechos humanos de sus compañeros .
Entre las muertes sobre las que asumieron pública responsabilidad a través de los textos de los comunicados, se recuerda la del Coronel de la Policía Antioquia, Waldemar Franklin Quintero, asesinado el 18 de agosto de 1989.
En ese mismo documento, Los Extraditables aceptaron haber dado muerte a numerosos jueces de la República, magistrados, dirigentes y distintos funcionarios públicos.
También a través de un comunicado con fecha de octubre 29 de 1990, Los Extraditables aceptaron ser los responsables del secuestro de los periodistas Diana Turbay, Azucena Liévano, Juan Vita Richard Becerra, Hero Bush, Francisco Santos, Maruja Pachón y Gloria Villamizar.
El 4 de abril de 1990, se atribuyeron el secuestro del Senador Federico Estrada Vélez.
Dos días después reconocieron públicamente ser los autores materiales de la muerte de decenas de policías en las calles de las principales ciudades del país.
Otros comunicados sirvieron para anunciar la entrega de laboratorios, como los de Cartagena, Santa Marta y La Dorada, cuya entrega se anunció el 11 de febrero de 1990.
También fue el mecanismo para hacer contacto con el llamado grupo de Notables, conformado los expresidentes Misael Pastrana Borrero y Alfonso López Michelsen, el Cardenal Mario Revollo Bravo y el presidente de la Unión Patriótica, Diego Montaña Cuéllar, a quienes solicitaron su mediación en favor de la lucha contra la extradición.
Algunas veces los comunicados quisieron reflejar un lenguaje político y otras tuvieron el carácter de panfletos, mediante los cuales acusaron a altos oficiales de los organismos de seguridad de estar favoreciendo los intereses del Cartel de Cali.
En uno de sus últimos y más dramáticos mensajes, Los Extraditables reconocieron ante el país, el pasado 26 de enero, que habían ordenado la ejecución de doña Marina Montoya de Pérez, secuestrada por esa organización el 19 de septiembre de 1990.
El texto del comunicado entregado ayer y que pone fin a una lucha, que tuvo como sino la acción terrorista, es el siguiente: 1. Que conocida la posición de la Asamblea Nacional Constituyente, hemos tomado la desición de desintegrar toda nuestra organización militar.
2. Que en consecuencia, terminamos con toda clase de acciones contra aquellos que consideramos nuestros enemigos por causa de la extradición.
3. Que somos concientes de que no estamos en el fin del narcotráfico, ya que este tiene numerosas ramificaciones en diferentes países del mundo.
4. Que el cartel de los señores Rodríguez Orejuela, está respaldado por algunos altos oficiales de la Policía Nacional de Colombia, que son los mismos que han estado suministrando falsas informaciones a los medios de comunicación extranjeros, y los mismos que participaron en el asesinato de varios candidatos presidenciales.
5. Que esos mismos oficiales de la Policía, también han suministrado las falsas versiones sobre el tráfico de droga desde las cárceles y que esta desinformación tiene como objetivos justificar la entrada de la droga a otros países, encubriendo al mismo tiempo las actividades ilícitas de sus asociados.
6. Que los centenares de cadáveres arrojados a las aguas del río Cauca en Cali, son el resultado de los asesinatos y desapariciones ocurridas aen dicha ciudad, donde operan los hermanos Rodríguez Orejuela.
7. Que los oficiales Miguel Antonio Gómez Padilla, Miguel Maza Márquez y Oscar Peláez, han defendido públicamente por diferentes medios de comunicación a los hermanos Rodríguez Orejuela.
LOS EXTRADITABLES. Medellín, julio 3 de 1991 Escobar: el cerebro de la organización cuando se dio a conocer el grupo de Los Extraditables , el 6 de noviembre de 1986, los servicios de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Dirección de Policía Judicial e Investigación (Dijin) señalaron a Pablo Emilio Escobar Gaviria como su máximo jefe.
En ese entonces la agrupación, en su primer comunicado, dijo: reclamamos poner fin a la extradición de colombianos en nombre de los derechos de familia, de los derechos humanos y de la soberanía nacional .
A pesar de que los organismos de seguridad del Estado señalaban a Escobar como el líder de Los Extraditables , otros narcotraficantes fueron vinculados por el mismo grupo en sus comunicados.
Ese fue el caso particular de Jorge Luis Ochoa Vásquez, detenido en noviembre de 1987 por la Policía en el Valle. En ese entonces la organización exigió su liberación en uno de sus comunicados y amenazó con ejecutar a distintos personajes de la vida nacional si eso no ocurría.
En principio la bandera de esa agrupación fue la lucha contra la extradición de colombianos al exterior mediante la utilización de la amenaza y la sentencia de muerte a quienes se mostraran de acuerdo con esa medida.
Sinembargo, a mediados de 1990 la organización cambió de objetivo y declaró que la lucha contra el Estado por la extradición había pasado a segundo plano. Fue entonces cuando denunciaron la violación de sus derechos humanos y los de sus familias.
