FIN DE LA EXTRADICIÓN: 51 A FAVOR, 13 EN CONTRA

FIN DE LA EXTRADICIÓN: 51 A FAVOR, 13 EN CONTRA

Ayer, a las 12:30 p.m., la extradición llegó virtualmente a su fin. Una votación secreta marcó el epílogo de sus nueve décadas de existencia. El instrumento que se había convertido, desde 1983, en la principal amenaza para los cabecillas del narcotráfico internacional y el crimen organizado cayó en la Asamblea bajo el peso de dos argumentos: ejercicio de la soberanía y fortalecimiento de la justicia en Colombia.

20 de junio 1991 , 12:00 a.m.

Frente a estos, el constituyente Antonio Galán Sarmiento lanzó su propio desafío: una constancia escrita que consigna la identidad de cerca de un millar de víctimas del narcoterrorismo y sus cabecillas, y que exige el severo juzgamiento de esos crímenes en Colombia.

El tema de la extradición se debatió primero en el marco de comisiones de trabajo y luego en plenaria, pero sólo ayer la Asamblea Constituyente asumió la votación del articulado respectivo.

El resultado final: la abolición de la extradición por 51 votos afirmativos contra 13 negativos y cinco abstenciones.

La decisión se tomó apenas en primera vuelta, pero, en concepto de varios constituyentes, este es un capítulo cerrado. La votación en segunda vuelta no diferirá sustancialmente .

El artículo fue votado en tres partes, la primera en forma secreta: Se prohíbe la extradición de colombianos de nacimiento .

Otro inciso establece que no se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión (votación: 45 afirmativos, 8 negativos, cinco abstenciones).

Y el otro que los colombianos que haya cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia (votación: 48 afirmativos, 0 negativos y 4 abstenciones).

La votación del articulado sobre extradición era el punto número tres en del orden del día y, a pesar de que la votación fue secreta, es plausible señalar que su eliminación fue producto de un consenso mayoritario al interior del liberalismo, el social conservatismo, el Movimiento de Salvación Nacional (MSN) y la Alianza Democrática M-19 (AD M-19).

Indígenas, representantes del Ejército Popular de Liberación, conservadores independientes, también habrían votado en esa línea.

Es factible establecerlo así, con base en los pronunciamientos que, en su momento, hicieron los delegatarios de las vertientes políticas representandas en la Asamblea.

Al término de la votación, el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, dijo a la prensa que la política de sometimiento a la justicia y la lucha del Ejecutivo contra las drogas continuarán sin modificación alguna .

La extradición era sólo uno de los aspectos de la estrategia pero aún quedan otros elementos de persuasión: la rebaja de penas, la figura que implica un tratamiento menos riguroso para quienes aceptan el fallo de los jueces colombianos y la acción permanente de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico , aseguró de la Calle Lombana.

Todos esos elementos añadió nos permiten confiar en que la política de sometimiento a la justicia seguirá siendo fructífera y exitosa .

Con todo, algunos constituyentes reiteraron sus reservas sobre los efectos que el fin de la extradición pueda tener sobre la estrategia antidrogas de la administración del presidente César Gaviria, basada, en gran parte, en la prerrogativa de no extraditar a los delincuentes que opten por someterse a la justicia colombiana. Las proposiciones La Constituyente abordó la votación de dos proposiciones sustitutivas que prohibían la extradición, y una tercera orientada a preservar el instrumento otorgando a la ley la facultad de determinar las circunstancias en que era o no procedente autorizar la entrega de delincuentes nacionales a autoridades extranjeras.

La primera proposición señalaba: Se prohíbe la extradición de colombianos. No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión.

Los colombianos residentes en el país que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia .

Esta iniciativa surgió hace un mes como conclusión del debate del tema en las comisiones Primera y Cuarta de la Asamblea, encargadas de debatir lo referente a los derechos y garantías de los ciudadanos y los principios rectores de la administración de justicia, respectivamente.

La otra fórmula decía: Se prohíbe la extradición de colombianos de nacimiento . Esta fue fruto del consenso entre los delegatarios Rodrigo Lloreda, conservador independiente; Alvaro Echeverry Uruburu, de la AD M-19, y Diego Uribe Vargas, del liberalismo.

La otra proposición, encaminada a garantizar la extradición, decía: La Ley reglamentará los casos en los cuales los nacionales no pueden ser extraditados . La iniciativa fue presentada por el delegatario Antonio Galán Sarmiento.

La Asamblea fundió las dos proposiciones relacionadas con prohibición de entrega de colombianos y votó con los resultados señalados. La propuesta de Galán Sarmiento no fue sometida a votación.

El delegatario se conformó entonces con dejar como constancia las listas de las víctimas del narcoterrorismo desde 1984 y anexar la reflexión que en torno a las mafias de las drogas publicó recientemente el ex ministro de Justicia y embajador de Colombia en Suiza, Enrique Parejo González. El título de esa reflexión es Colombia, ante el secuestro moral... . Itinerario de la extradición El instrumento de la extradición hacia los Estados Unidos estuvo vigente en Colombia durante nueve décadas.

Primero a través de un convenio de finales del siglo pasado (1881) refrendado y adicionado por un acuerdo recíproco en la década de los 30, y luego a partir de una tratado bilateral suscrito en 1979 entre ambas naciones.

Fue este último, el que aplicó el país para habilitar la entrega de narcotraficantes a las cortes federales estadounidenses.

El país lo aplicó hasta diciembre de 1986, cuando una fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la ley a través de la cual el tratado había sido incorporado a la legislación interna.

Por primera vez poco más de un centenar de autos de detención con fines de extradición quedaron en el aire.

La decisión, apoyada en un vicio de forma el tratado había sido firmado por un ministro delegatario y no por el Jefe de Estado llevó al Ejecutivo a intentar corregir el vicio a través de la reexpedición de la Ley (en esta ocasión, sancionada por el entonces jefe de estado, Virgilio Barco Vargas), pero el intento falló.

La Corte volvió a declarar inconstitucional la ley en una sentencia de mediados de 1987.

Entonces, el Ejecutivo intentó aplicar una antigua Convención Multilateral suscrita en Montevideo. Y, en enero de 1983, el Gobierno restableció los autos de detención contra los jefes del Cartel de Medellín, pero un pronunciamiento del Consejo de Estado, en marzo siguiente, declaró ilegal la medida.

La Convención no es aplicable, en tanto Colombia no denuncie el tratado de extradición suscrito en 1979 que no es aplicable, pero está vigente , dijo el Consejo.

Finalmente, en agosto de 1989, con base en un decreto de Estado de Sitio, expedido a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, el Gobierno estableció la extradición por vía administrativa.

Ahora, en la Constituyente, la no extradición ha ganado su batalla final. Contra quién La extradición en Colombia cobró relevancia como instrumento de lucha contra el narcotráfico, desde finales de 1983.

Una operación policial de la principal agencia antinarcóticos de Estados Unidos Drugs Enforcenment Administration (DEA) reveló la identidad de 150 colombianos vinculados directamente a operaciones de tráfico de drogas. Conocida como Operación Pez Espada , la acción policiaca derivó en poco más de un centenar de solicitudes de extradición, tramitadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos ante la Cancillería y el Ministerio de Justicia de Colombia.

El mismo año, la Casa Blanca reveló la identidad de los diez colombianos, que entre mediados de los setentas y los ochentas, se habían convertido en jeques del comercio ilícito de cocaína.

Y entonces el Ministerio de Justicia, a comienzo de 1984, libró autos de detención con fines de extradición contra los traficantes de drogas de los dos carteles mundialmente conocidos del contrabando de drogas: el de Medellín y Cali.

Los afectados fueron, entre otros, Pablo Escobar Gaviria, José Gonzalo Rodríguez Gacha, Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vásquez, José Santacruz Londoño, Gilberto Rodríguez Orejuela. LOS EXTRADITADOS...

Los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, extraditaron los siguientes colombianos.

Hernán Botero Moreno, presidente del Atlético Nacional, acusado de lavado de dólares, fue extraditado en noviembre de 1984, condenado a 30 años.

Ricardo Pabón Jatter y su hermando Said, además de Marco fidel Cadavid, fueron extraditados a Estados Unidos junto a Botero. Los hermanos Pabón recuperaron la libertar y uno de ellos fue capturado con cocaína en Argentina, este año.

José Hader Moreno Alvarez, le correspondió le turno el 7 de mayo de 1985, acusado de lavado de dólares y narcotráfico.

Severo Escobar Ortega, fue extraditado el 15 de febrero de 1985, junto a Carlos Alfonso Troncoso Jiménez, José Antonio Cabrera Sarmiento y Bertha Yolanda Páez de González. Junto a ellos viajó Rene Benítez, de nacionalidad cubana, también extraditado.

Carlos Ledher Rivas, fue llevado ante un juez de la Florida el 4 de febrero de 1987. Fue el más importante capo extraditado en toda la historia de la lucha contra el narcotráfico. Ledher, el único miembro de la cúpula del Cartel de Medellín extraditado, fue condenado a cadena perpetua y 135 años más de prisión. Permanece recluido en Jacksonville.

Oscar Salazar Grajales, fue extraditado el 26 de abril de 1987.

Eduardo Martínez Romero, capturado en Antioquia el 20 de agosto de l988. Extraditado el cinco de septiembre. Condenado a seis años y medio de cárcel el 15 de abril de 1990.

Ana Beatriz Rodríguez Tamayo Zúñiga, capturada el 23 de agosto de 1989 en Cartagena, extraditada el 13 de octubre de 1989.

Bernardo Peláez Roldán, capturado el 14 de septiembre de 1989 en Bogotá. Extraditado el 14 de octubre.

Roberto Víctor Carlini Arico, o Roberto Peter Carlini, capturado el 31 de agosto de 1989 en Cartagena. Extraditado el 14 de octubre de 1989.

José Rafael Abello Silva, El Mono Abello , capturado en Bogotá el 10 de octubre de 1989. Extraditado y condenado a 30 años de prisión.

Juan Guillermo Bueno Delgado, capturado el 15 de septiembre de 1989. Extraditado el 6 de noviembre de 1989.

Manuel Julían Palma, capturado el 10 de octubre en Barranquilla, extraditado el 17 de noviembre de 1989. Declarado inocente el 12 de julio de 1990. Regresó a Colombia a comienzos de mayo de 1991.

Robert Jaimes Sokolowski Salah, capturado el 20 de octubre en la Guajira, y extraditado el 17 de noviembre.

Jorge Ricardo de la Cuesta Márquez, capturado el 19 de octubre de 1989 en Bogotá. Extraditado el 30 de noviembre de 1989. Se declaró culpable.

Nelson Cuevas Ramírez, capturado en Cartagena el 20 de octubre de 1989. Extraditado el 15 de diciembre de 1989. Liberado en abril de 1991, regresó a Colombia.

Víctor Eduardo Mera Mosquera, capturado el 14 de octubre de 1989 en Cali. Extraditado el 25 de diciembre de 1989.

Diana Caballero Rangel, capturada en Bucaramanga el 21 de octubre de 1989. Extraditada el 17 de enero de 1989.

Roberto Caballero Rangel, capturado el 21 de octubre de 1989. Extraditado el 17 de enero de 1989.

Joseph Ansili Cohem, capturado en Bogotá el 22 de enero de 1990. extraditado el doce de enero de 1990. Liberado ese mismo año, regreso a Colombia.

Fernando Gutiérrez Pérez, capturado en Bogotá el 30 de noviembre de 1989. Extraditado el 28 de marzo de 1989.

Luis Gonzalo Cabarcas Acosta, capturado el 15 de diciembre de 1989 en Barranquilla. Extraditado el 30 de junio de 1990.

José Rafael Angel Tomás Juliao Fernández, capturado el 21 diciembre de 1989 en Barranquilla. Extraditado el 30 de junio de 1990.

Edward George Michelt, capturado el 22 de enero de 1990 en Riocha. Extraditado el 19 de julio de 1990.

José Fernando Gil Zapata, capturado el 15 de enero de 1990 en Medellín. Extraditado el 16 de julio de 1990.

Luis Alfonso León Sánchez, Pompo , capturado en Barranquilla el primero de enero de 1990. Extraditado el 26 de julio de 1990.

Jesús Humberto Vega Escobar, capturado el 5 de febrero en Medellín. Extraditado el tres de agosto de 1990.

Martín Alonso Gil Zapata, capturado el 15 de enero de 1990 en Medellín. Extraditado el tres de agosto de 1990.

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