ESTADO PAGARÁ POR CASO RIOFRÍO

ESTADO PAGARÁ POR CASO RIOFRÍO

Diez años después de la masacre de Riofrío (Valle), en la que murieron 13 campesinos a manos de un pelotón del Ejército Nacional, el Estado colombiano se vería abocado a pagar más de 1.631 millones de pesos como indemnización a los familiares de las víctimas.

18 de diciembre 2003 , 12:00 a.m.

La decisión se tomó luego de dos audiencias de conciliación realizadas el 14 de octubre y el 26 de noviembre pasados, ante un magistrado del Tribunal Administrativo del Valle y en las que participaron el Ministerio de Defensa y los representantes legales de los familiares de las víctimas.

En las sesiones de acuerdo definieron que el Estado, a través del Ministerio de Defensa, les pagaría a los deudos una suma superior a 1.600 millones de pesos. Como está medida en gramos oro, los abogados de las víctimas hablan de 1.650 millones y el Ministerio, de cerca de 2.000 millones.

Durante las audiencias, el Estado colombiano aceptó la responsabilidad en el hecho acogiendo una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presionó para que se llevara a cabo la conciliación.

Ahora, solo resta que el acuerdo sea aprobado por la sala plena del Tribunal Administrativo del Valle, que podría ratificar el monto de la indemnización o modificarlo.

Según la abogada Soraya Gutiérrez, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo , ONG que tuvo a su cargo el caso, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene que ver únicamente con la reparación material.

También con atención a los familiares y a la comunidad a la que se le causó el daño y que el Estado no ha cumplido, porque este acuerdo solamente tiene que ver con la indemnización , sostuvo.

Los hechos La masacre ocurrió el 5 de octubre de 1993 en la vereda El Bosque, corregimiento Portugal de Piedras de Riofrío (Valle).

Según la investigación, en ese lugar se hicieron presentes hombres armados que vestían prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, sacaron de sus viviendas a 13 miembros de las familias Ladino Ramírez y Molina Solarte y los obligaron a ponerse prendas militares. Luego los torturaron y los asesinaron.

Momentos después, determinó la investigación, llegaron los miembros de un pelotón del Ejército, al mando del mayor Eduardo Delgado Carrillo, y simularon una operación, disparando contra la casa donde habitaban las familias.

El pelotón oficial estaba integrado además por el teniente Alfonso Vega Garzón, el cabo primero Leopoldo Moreno Rincón, el cabo segundo Alexánder Cañizales Núñez y 30 soldados.

Los 13 muertos fueron presentados en rueda de prensa por el entonces comandante de la Tercera Brigada de Cali, general Rafael Hernández, y por el mayor Delgado Carrillo como miembros del Eln abatidos en combates.

El mayor afirmó durante la conferencia de prensa que la operación se había realizado cumpliendo órdenes de su superior, el coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez, y con indicaciones de un informante.

El 10 de marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia determinó que es la justicia ordinaria y no la penal militar la que tiene competencia para conocer los casos de graves violaciones a los derechos humanos y ordenó el traspaso del expediente de Riofrío a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, entidad que deberá recomenzar las pesquisas.

Según la Corte, la matanza no debió ser investigada ni juzgada ni sancionada por la justicia castrense, sino por la Fiscalía y los jueces penales ordinarios, pues la justicia penal militar jamás se ocupó de los homicidios.

El Consejo de Guerra que se encargó del caso condenó en octubre de 1998 por favorecimiento a 12 meses de arresto al coronel Becerra Bohórquez (fallecido), asó como a 9 meses al mayor Delgado Carrillo y al sargento Moreno Rincón (fallecido).

Los militares fueron procesados porque mintieron con el propósito de ocultar a los verdaderos responsables del hecho, al parecer, grupos paramilitares.

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