RESPALDO AL ESTATUTO ANTITERRORISTA DEL GOBIERNO

RESPALDO AL ESTATUTO ANTITERRORISTA DEL GOBIERNO

Javier Zaragoza Aguado, fiscal antidrogas de España, y Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España, dijeron ayer en Bogotá que el polémico estatuto antiterrorista que hace tránsito en el Congreso colombiano es un proyecto casi de mínimos . Sugirió, incluso, modificaciones más severas a la iniciativa gubernamental, aprobada en cuatro de ocho debates.

06 de agosto 2003 , 12:00 a.m.

Javier Zaragoza Aguado, fiscal antidrogas de España, y Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España, dijeron ayer en Bogotá que el polémico estatuto antiterrorista que hace tránsito en el Congreso colombiano es un proyecto casi de mínimos . Sugirió, incluso, modificaciones más severas a la iniciativa gubernamental, aprobada en cuatro de ocho debates.

En su conjunto, ese proyecto es perfectamente asumible desde una perspectiva constitucional en un Estado Democrático. En España vamos más lejos , dijo este fiscal antidrogas, tras advertir que la situación colombiana hace necesario el estatuto.

El Estado Democrático no puede quedar contra las cuerdas , enfatizó Zaragoza.

El y Bartasar Garzón explicaron que, por ejemplo, en el tema de las garantías procesales en su país existe la figura de la incomunicación de detenidos en el marco de investigaciones criminales para garantizar que estas arrojen resultados.

Para nosotros es básica la incomunicación en los primeros días de reclusión de un terrorista, de un narcotraficante o de un individuo que pertenece a una organización criminal. No se le impide su derecho de defensa, sino que utilice al abogado de su elección. Estos están integrados en las organizaciones criminales y son abogados a su sueldo , explicó Zaragoza.

Por eso aseveró: Es elemental que hay que cortar ese cordón umbilical . Sugirió que, en cambio, a los detenidos se les asigne un abogado de oficio para darles asistencia legal durante el período de incomunicación.

En este caso, el juez Garzón se preguntó: usted está privando de un derecho fundamental al detenido? . Y se respondió: Si no evitamos que ese contacto inicial se haga y se trata de una investigación contra el crimen organizado, estamos haciéndole un flaco favor a la sociedad a la que tenemos que garantizar sus derechos también .

Garzón explicó que si el Estado de Derecho se encuentra frente a una organización estructurada, con un poder manifiesto, lo tiene que hacer de manera realista , es decir con herramientas que le permitan desarticular este complejo fenómeno.

El legislador y las instituciones tenemos unos límites marcados por la Constitución y el Estado de Derecho. La cuestión es cómo determinar una serie de normas que hagan compatible los intereses de la persona investigada y los de la sociedad que necesita de investigaciones exitosas , comentó Garzón.

Ambos participaron en el Primer congreso iberoamericano contra la delincuencia organizada y el terrorismo , que concluye hoy.

El 20 julio pasado, la iniciativa antiterrorista comenzó su segunda vuelta. Tal como ha sido aprobado su articulado, el estatuto permitirá interceptar telecomunicaciones, practicar detenciones y hacer allanamientos sin orden judicial. Además, el Gobierno queda facultado para ordenar registros domiciliarios y la Fiscalía podrá investir con facultades de policía judicial a los miembros de la Fuerza Pública. El proyecto ha sido objeto de críticas por parte de la ONU y de la OEA (ver recuadro).

A juicio Zaragoza, lo que no es apropiado es eludir, de manera general, el control judicial, cosa que -advirtió-, no ve en esta iniciativa. El proyecto no hace una suspensión general de las garantías que consagra la Constitución Política , comentó.

Su posición se basa en la calificación que le dan terrorismo. Yo me niego a reconocer fines políticos en el delito de terrorismo. No los tiene. Al terrorismo hay que ubicarlo en la delincuencia común, puede que con ciertas especialidades, pero hay que darle ese tratamiento y luchar con todas nuestras fuerzas contra este fenómeno criminal. En esto, no se puede hablar de fines políticos cuando se lucha contra un Estado Democrático , concluyó el fiscal Zaragoza.

REPAROS DE ONU Y OEA.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la OEA han asegurado que artículos del proyecto de ley antiterrorista son incompatibles con las normas internacionales.

Para estos organismos va en contravía de normas contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos la pretension de establecer como permanentes atribuciones a las autoridades administrativas. Entre ellas, la interceptacion de comunicaciones y correspondencia, detenciones con fines de identificacion y registros domiciliarios. Asi mismo, darle a la Fiscalia posibilidades de conformar unidades especiales de policia judicial integradas por militares.

Para la Cidh, el Gobierno debe evaluar si estas normas pueden vulnerar dichas obligaciones y generar la responsabilidad internacional del Estado .

FOTO/Claudia Rubio EL TIEMPO.

Ayer, el juez Baltasar Garzón, (izquierda) y el fiscal Javier Zaragoza ambos españoles, dijeron que la lucha contra el terrorismo tiene que ser realista .

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