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JUSTICIA CIEGA O MIOPE

No nos faltaba razón cuando expresamos, en este mismo espacio, las primeras dudas sobre la acusación de presuntos guerrilleros reinsertados contra el obispo José Luis Serna, un prelado jubilado de 67 años, de ser el jefe de finanzas de un frente subversivo. Los hechos están demostrando, al cabo de dos semanas de contradicciones, que el episodio en el que se ha visto envuelto el obispo no solo es motivo de desconcierto, compasión e indignación, sino de profunda desconfianza en la administración de justicia.

No nos faltaba razón cuando expresamos, en este mismo espacio, las primeras dudas sobre la acusación de presuntos guerrilleros reinsertados contra el obispo José Luis Serna, un prelado jubilado de 67 años, de ser el `jefe de finanzas de un frente subversivo. Los hechos están demostrando, al cabo de dos semanas de contradicciones, que el episodio en el que se ha visto envuelto el obispo no solo es motivo de desconcierto, compasión e indignación, sino de profunda desconfianza en la administración de justicia.
Según se ha venido a descubrir, el nombre de monseñor Serna fue incluido con los de otras personas -entre ellas el alcalde de Villahermosa (Tolima), Jesús Antonio Giraldo- en una lista que un agente del Gaula entregó a un ex guerrillero para que los inculpara.
El propio `testigo lo admitió así al retractarse de su acusación. Y como si esto fuera poco, se comprobó que el otro acusador del obispo también había mentido a las autoridades, al ocultar varias entradas a la cárcel por delitos comunes.
Es obvio que la Fiscalía del Tolima incurrió en una inexcusable ligereza al actuar contra monseñor Serna y el alcalde Giraldo sobre la base de aquellos testimonios. Sin pruebas contundentes, no es admisible poner en tela de juicio la conducta de ningún ciudadano. Grave daño se hace con esto a la política de seguridad democrática, al programa de reinserción de los alzados en armas y, por supuesto, a la justicia, ya bien aporreada en Colombia.
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