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UNA DIFÍCIL SOLUCIÓN AMISTOSA

UNA DIFÍCIL SOLUCIÓN AMISTOSA

En la búsqueda de una solución amistosa entre el Gobierno y la Unión Patriótica (UP), por el exterminio de cerca de 3.000 militantes de este movimiento político, las partes insisten en que hay voluntad política. Pero la realidad muestra que será difícil zanjar las diferencias.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
19 de junio 2003 , 12:00 a. m.

En la búsqueda de una solución amistosa entre el Gobierno y la Unión Patriótica (UP), por el exterminio de cerca de 3.000 militantes de este movimiento político, las partes insisten en que hay voluntad política. Pero la realidad muestra que será difícil zanjar las diferencias.

En diciembre de 1993, las ONG Reiniciar y Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en nombre de los sobrevientes de la UP, demandaron al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Cidh) por genocidio político.

En 1997, la Cidh admitió la demanda, pero no por genocidio político- pues no consideró que se encuadrara en esa conducta- sino por violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana de DD.HH.

Dos años después, el Gobierno y la UP decidieron sentarse a la mesa y buscar, directamente, una solución amistosa bajo la supervisión de la Cidh. En ese punto continúan hoy.

Ayer se esperaba la llegada al país de una misión de la Cidh para conocer, de primera mano, cómo va la negociación. Pero, qué es lo que encontrará durante la semana que permanecerá en Colombia?.

Lo que hallará la Cidh.

Como parte de los acuerdos iniciales, el Gobierno creó un programa de protección integral para los miembros de la UP y del Partido Comunista. Hoy los pocos sobrevivientes del movimiento usan chalecos antibalas, tienen escoltas y se movilizan en carros blindados, como lo confirma Jahel Quiroga, ex concejal de la UP y representante de los demandantes.

Las partes también fijaron un universo provisional de casos . Sin embargo, para Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Presidencia, se trata de entre 1.700 y 1.800 víctimas, pero la UP alega que el exterminio alcanzó a más de 3.000 militantes, cifra que comparten muchos.

El tercer compromiso del Gobierno consistió en crear unas subunidades especializadas en los casos de la UP dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Franco dice que, desde hace tres años, cuatro fiscales y 24 técnicos judiciales manejan los procesos de asesinatos y desapariciones contra miembros de la UP en todo el país.

Las diferencias.

Pero sobre el grueso de la demanda aún no parece haber acuerdos. Por el contrario, persisten las diferencias frente a temas como la responsabilidad del Estado, la investigación y sanción a los autores, la reparación integral de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad sobre este trágico episodio de la historia política del país.

El Gobierno insiste en que a la hora de valorar los hechos y asumir responsabilidades es importante mirar el contexto histórico y político y el sentir de la sociedad . En este punto, Franco habla, por ejemplo, de las discusiones sobre la combinación de las formas de lucha por parte de la UP, la guerra desatada entre narcotraficantes y las Farc por discrepancias de negocios y la intolerancia política de la sociedad.

Esos debates profundos se atraviesan en la búsqueda de una solución amistosa , reconoce.

Quiroga, por su parte, asegura que el Estado es responsable, por acción u omisión, del exterminio . Franco dice que el Gobierno no tiene elementos suficientes para tomar una decisión sobre este punto. Indudablemente va a asumir unas responsabilidades, pero no todas .

Para los peticionarios (Reiniciar y la CCJ) es muy importante encontrar la verdad sobre los hechos. Pero Franco enfatiza en que llegar a la verdad de cada uno de los casos denunciados es muy complejo .

Aparte de esas cuestiones de fondo, hay divergencias, también, sobre los recursos, la metodología y los alcances del proceso. Incluso, la UP le pide al Gobierno que le restablezca la personería jurídica, pero este le responde que eso es competencia de la rama electoral.

Si las diferencias no son resueltas, la Cidh retoma el caso, empieza otra vez un largo proceso de pruebas, argumentaciones, acusaciones y defensas; el organismo prepara un informe y lo remite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esta decida. Por lo pronto, el próximo miércoles el Gobierno y los peticionarios se reunirán con los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asesinatos de mayor impacto.

11 de octubre de 1987: El ex candidato presidencial por la UP Jaime Pardo Leal regresaba de La Mesa (Cundinamarca) a Bogotá para asistir a un matrimonio, cuando fue asesinado por sicarios.

3 de marzo de 1989: José Antequera se convirtió en el muerto número 721 de la UP. Antequera se encontraba en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y se disponía a viajar hacia Santa Marta cuando fue baleado. El entonces senador liberal Ernesto Samper resultó herido durante los hechos.

22 de marzo de 1990: El candidato presidencial de la UP Bernardo Jaramillo Ossa recibió varios disparos que pusieron fin a su vida.

9 de agosto de 1994: A solo tres días de su posesión, el senador de la UP Manuel Cepeda fue asesinado.

Hitos de la UP.

Octubre de 1984: En el marco de la tregua y el cese del fuego acordados entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, estas últimas anunciaron la creación de un movimiento político.

Mayo de 1985: Se funda el movimiento político Unión Patriótica (UP).

Noviembre de 1985: La UP realiza su Primer Congreso Nacional y escoge a Jaime Pardo Leal como su candidato a la Presidencia. Obtiene cerca de 400 mil votos en las elecciones.

Agosto de 1986: El Consejo Nacional Electoral reconoce a la UP como movimiento político.

En 1986, su primer año de participación electoral, la UP gana la más alta votación en la historia de los partidos de izquierda democrática y saca 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes.

El 30 de agosto de 1986 asesinan en Barrancabermeja al representante a la Cámara por la UP Leonardo Posada. Es el primer caso conocido de militante asesinado. Entre 1985 y 1986 son asesinados 200 militantes.

En 1988 la UP se consolida como la cuarta fuerza política de Colombia.

En 1994 elige solo un senador, Manuel Cepeda.

Además de dos candidatos presidenciales, también fueron asesinados 8 congresistas, 70 concejales, diputados y alcaldes.

FOTO:.

EN EL CASO del asesinato del senador Manuel Cepeda, el jefe paramilitar Carlos Castaño reconoció su autoría intelectual, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó la confesión en su libro, por ser extemporánea.

Archivo / EL TIEMPO

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