ANDRES Y LAS BASURAS

ANDRES Y LAS BASURAS

Como un elemento de juicio para los electores, EL TIEMPO quiere recuperar algunas propuestas y los resultados obtenidos por los candidatos a la Presidencia en los cargos que ocuparon en el pasado. Cuando Andrés Pastrana fue elegido el primer alcalde popular de Bogotá (período 1988-1990), uno de los problemas más graves eran las basuras, por la baja cobertura en el servicio. El candidato proponía la reforma total de la EDIS y la contratación con particulares de la recolección de basuras.

13 de abril 1994 , 12:00 a.m.

Al poco tiempo de su posesión, Pastrana decretó estado de emergencia sanitaria debido a que de las 4.000 toneladas de basura que producía la ciudad solamente se recogían 2.500. La medida lo facultaba para llevar a cabo los cambios que consideraba necesarios. Reformó las rutas de los camiones recolectores, cerró el basurero de Gibaltrar y puso en funcionamiento el relleno sanitario de Doña Juana e incluso estableció que pagaría 3.000 pesos por tonelada a cualquier persona que recogiera basura. La declaratoria de emergencia sanitaria, le permitió subcontratar con particulares la recolección de basuras, mediante un proceso de contratación especial, con menos requisitos que el procedimiento regular.

Sólo se presentaron cuatro proponentes. Una comisión de notables nombrada por Pastrana, asesoró a la junta directiva de la EDIS en la escogencia de las dos empresas que prestarían sus servicios en el nororiente y suroccidente de la ciudad. Los criterios a emplear se referían al aspecto técnico, financiero y de experiencia. Se escogió al consorcio francés Ciudad Limpia para el nororiente de la ciudad, que recibía 12.900 pesos por tonelada recogida y llevada a la planta de transferencia. Y si la descargaba en el relleno sanitario, cobraba 13.243 pesos. Para el sur se escogió la firma argentina Lime, cuyo precio hasta la planta de transferencia era de 6.236 y, hasta Doña Juana, 6.548. En cada empresa, uno de sus socios había prestado el servicio de recolección de basuras en su país. El costo propuesto por tonelada recogida por estas compañías era 40 por ciento más económico que el costo de la EDIS. Los precios se reajustarían mensualmente, de acuerdo con el salario mínimo, la inflación y el precio de la gasolina. Los equipos necesarios se trajeron mediante leasing financiero para el que se organizó un pool liderado por Colpatria. Esto fue duramente criticado en el Concejo de Bogotá, porque las empresas no realizaban aportes de tecnología y capital al país. Estas solicitaron al Distrito un anticipo de 3.000 millones de pesos. Finalmente el Banco de Colombia les otorgó un préstamo en condiciones favorables.

El proceso de escogencia de las empresas fue cuestionado por varios aspectos. En lo referente a la posibilidad de que extranjeros prestaran un servicio público la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, que indicó que las empresas no se encontraban prestando un servicio público directamente sino colaborando a la EDIS y por lo tanto no había impedimento alguno. Adicionalmente, el consorcio francés cambió su objeto social sin consultar a Planeación Nacional, como debió hacerlo por ser una empresa de inversión extranjera. El impasse se solucionó revocando la reforma de los estatutos y presentando la solicitud pertinente a la entidad. Se cuestionó el proceso de contratación porque en la comisión de notables no había ningún funcionario experto, como lo exigía el Código Fiscal de Bogotá. Se dijo que se trataba de un proceso especial y en esa medida no debía cumplir el procedimiento tradicional. La Procuraduría delegada para la Contratación Administrativa archivó la investigación iniciada por las denuncias formuladas por la empresa Heaga Ltda., que presentó una propuesta y no fue seleccionada, a pesar de tener los precios más bajos. Se dijo que esta no reunía las condiciones de capital y experiencia exigidas.

Desde octubre de 1989, Lime y Ciudad Limpia están recogiendo basuras y prestando el servicio. El presupuesto de la EDIS se aumentó en un 500 por ciento desde 1989 a 1990 para ajustarse a los nuevos gastos, que incluían 6.500 millones de pesos para pagar a los particulares. El primer conflicto con las empresas se presentó a raíz de que recogían tierra. Se evidenció la discrepancia en los criterios de la administración, que consideraba que se trataba de un tema al que no se hacía referencia en el contrato, y la compañía interventora encargada de vigilar que las empresas cumplieran los contratos, mientras que exigía a las empresas de aseo recoger la tierra. Se modificó el contrato. Las empresas destinaron camiones independientes a los de las basuras para recoger la tierra y los residuos de construcción con un precio diferente por toneladada recogida.

Se presentaron discrepancias sobre la cantidad de basuras que produce la ciudad y la que recogen los consorcios. Según estas diferencias, los consorcios no recogerían 1.300 toneladas diarias, como lo indicaba la EDIS, sino 2.500, con lo cual se generaba un sobrecosto que debía pagar la entidad. El desfase se originó en que la EDIS cambió de un estimativo de 1.13 kilos diarios por persona, en el Plan Trienal 1985-1987, a 0.45 kilos diarios por persona en el Plan Quinquenal 1990-1995, elaborado en la administración Pastrana. Esta diferencia afecta los cálculos y planeaciones que se realizan para determinar el presupuesto de la EDIS y por lo tanto del Distrito Capital.

Informe elaborado para EL TIEMPO por las estudiantes de la U. de los Andes Helena Olea y Adriana Posada.

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