Secciones
Síguenos en:
CONSEJO DE ESTADO ASUME CASO INVERCOLSA

CONSEJO DE ESTADO ASUME CASO INVERCOLSA

El viejo y sonado lío entre Ecopetrol y el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño- por la polémica compra de acciones de la empresa Invercolsa- acaba de registrar un movimiento a tres bandas.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
20 de junio 2003 , 12:00 a. m.

El viejo y sonado lío entre Ecopetrol y el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño- por la polémica compra de acciones de la empresa Invercolsa- acaba de registrar un movimiento a tres bandas.

Por un lado, el Consejo de Estado declaró el caso de interés Nacional y asignó a la Sala Plena la responsabilidad de decidir si es jurídicamente viable la acción popular que interpusieron dos ciudadanos y que pretende dejar sin piso la compra de las acciones y obligar a Londoño a devolverlas a Ecopetrol.

El propio procurador general, Edgardo Maya Villazón, solicitó la revisión del caso, después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se negó a admitir la acción popular.

Con argumentos equivalentes a los que ha esgrimido Ecopetrol, Maya adujo que Londoño no podía adquirir las acciones, pues solo podían acceder a ellas empleados, ex empleados o entes del sector solidario, y el hoy Ministro nunca cumplió esas condiciones.

De hecho, en una sentencia reciente, el Tribunal Superior de Bogotá advirtió que el hoy ministro Londoño sólo tenía la categoría de contratista de Invercolsa.

La condición de trabajador que alegó Londoño violó los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público , sostuvo la Procuraduría.

Si el Consejo de Estado acepta la acción, esta deberá resolverse en 20 días. De lo contrario, habrá que esperar a que se resuelva el proceso actualmente en curso ante un juzgado civil de Bogotá, que evalúa la legalidad o no de la compra de las acciones.

Ecopetrol ya rechazó varias propuestas del Ministro para que ambas partes conciliaran el litigio. Londoño ha planteado devolver las acciones a cambio del dinero que pagó por ellas 9.264 millones de pesos pero ajustado a la tasa DTF: es decir, cerca de 24 mil millones de pesos.

El segundo hecho en torno a este caso se registró hace tan solo cuatro días. Un juez de la República rechazó la solicitud de Ecopetrol para que se embargaran las utilidades de Invercolsa y, en particular, las que arrojaron las acciones en pleito, hasta tanto se defina el litigio civil.

Así las cosas, la firma panameña a la que Londoño le cedió las acciones Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana (Afib) cuyos dueños se desconocen, podrá disponer de los 4.100 millones de pesos de utilidades que se le liquidaron.

Ecopetrol ha argumentado que las acciones deben ser devueltas con sus dividendos y que, en consecuencia, el embargo constituye una garantía.

Por eso, aunque la congelación de las utilidades fue negada, la petrolera se juega otra carta. Sus abogados pidieron al superintendente de Sociedades, Rodolfo Danies, emitir un concepto sobre la legalidad de la distribución de dividendos.

Ecopetrol considera que la decisión de repartir las utilidades corresponde al 70 por ciento de los socios, como lo prevé el Código de Comercio, y que ese requisito no se cumplió.

Sus voceros aseguran que tras una acalorada asamblea general de accionistas, registrada el pasado 31 de marzo, Afib y el grupo Urbina (otro de los grandes socios de Invercolsa), se unieron para aprobar la distribución de ganancias, a pesar de la oposición de Ecopetrol y del administrador de Invercolsa.

Tanto Antonio Franco, administrador de la firma, como el vocero de la estatal se opusieron a la repartición aduciendo que las acciones de Afib están en pleito. Pese a esa objeción, no solo se repartieron 12 mil millones de pesos de utilidades del 2002 sino, además, 7 mil millones de pesos de reservas destinados a inversión.

La Supersociedades tiene ahora la palabra no sólo frente a la repartición de utilidades sino respecto de la investigación que hace varios años le sigue a Londoño por el caso Invercolsa (ver recuadro).

No hay cargos: Supersociedades.

Aunque Jorge Robledo uno de los senadores que citó el pasado 27 de mayo al ministro Fernando Londoño a rendir cuentas en el Senado sobre sus actuaciones en Invercolsa difundió una versión según la cual Londoño iba a ser multado por la Superintendencia de Sociedades, la entidad negó la sanción.

La Superintendencia sí tiene el proceso desde hace varios años pero no ha emitido ni tiene lista ninguna medida multando al ministro , dijo una vocera de la super.

Agregó que, dada la importancia del caso, cuando esa entidad tenga algo que decir al respecto lo dirá públicamente.

No obstante, Robledo aseguró vía Internet, que la Supersociedades, mediante oficio 02089415 del 4 de octubre del 2002, le abrió pliego de cargos a Londoño dentro del sonado caso.

Incluso, asegura que al ministro se le acusó de violar artículos del Código de Comercio que le prohibían dar en pago las acciones por estar en litigio y por transferirlas sin autorización.

Pese a ello, la Supersociedades insistió tajantemente en que no se ha emitido una decisión. Y que este tipo de procesos pueden durar incluso varios años.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.