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LIBERTAD CONDICIONAL

LIBERTAD CONDICIONAL

El Gobierno ha anunciado la presentación de un proyecto de ley mediante el cual se faculta al Presidente para solicitar a los jueces la libertad condicional de personas condenadas penalmente, cuando estén de por medio los intereses de la paz nacional. Creo que es una iniciativa audaz que se debe apoyar, y que están equivocados quienes la critican. Estas críticas hacen referencia a la oportunidad de la iniciativa, a sus eventuales beneficiarios y a su impacto sobre la degradación del conflicto.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
20 de junio 2003 , 12:00 a. m.

El Gobierno ha anunciado la presentación de un proyecto de ley mediante el cual se faculta al Presidente para solicitar a los jueces la libertad condicional de personas condenadas penalmente, cuando estén de por medio los intereses de la paz nacional. Creo que es una iniciativa audaz que se debe apoyar, y que están equivocados quienes la critican. Estas críticas hacen referencia a la oportunidad de la iniciativa, a sus eventuales beneficiarios y a su impacto sobre la degradación del conflicto.

La oportunidad. Los críticos coinciden en un único argumento: este tipo de iniciativas debe desarrollarse al final de los procesos de paz. Refuerzan su argumento recordando el fracaso de la amnistía que concedió el gobierno de Belisario Betancur a comienzos de los años 80. Incluso, algunos exigen que se adopte únicamente cuando haya certeza de que todos los grupos armados adquieran compromisos de reconciliación y estemos ad portas de la paz definitiva.

Estos argumentos malinterpretan el pasado o están demasiado apegados a él. En efecto, no es comparable la iniciativa de Uribe con la de Belisario por la sencilla razón de que la amnistía de este último era incondicional e incluyó a todos los que estaban alzados en armas. El otorgamiento de la libertad condicional de Uribe que no es amnistía exige como requisito el abandono previo de las armas y establece que la pena se aplicará si el beneficiario reincide en la comisión de delitos.

De otro lado, es absurdo exigir que todos los grupos armados ilegales estén perfectamente alineados cruzando el umbral hacia la paz para poder aplicar estas iniciativas legales. Si lo mismo se hubiera exigido hace diez años no se hubieran desmovilizado y aún estarían en armas el M-19, el Prt, la Crs, el Epl y el Quintín Lame. Por qué pedirlo ahora? Más aún: por qué lo piden precisamente quienes fueron beneficiarios de esas amnistías parciales que les han permitido disfrutar de libertad incondicional para integrarse plenamente a la sociedad?.

Pero, al fin y al cabo, la oportunidad de estas medidas las determina su utilidad y el Gobierno necesita este mecanismo para seguir promoviendo la deserción de los grupos irregulares. Aun cuando a veces sobreestime sus posibilidades, esta es una política lícita y válida para debilitar al adversario. Y en teoría, hoy ningún jefe guerrillero acusado de secuestro podría desmovilizarse por no existir ese mecanismo de libertad condicional. Pero también sería un mecanismo para hacer viable la desmovilización de los paramilitares, y esta es la segunda crítica.

Los beneficiarios. El otro argumento es que beneficiaría a los paramilitares. Pero ningún crítico se ha atrevido a desarrollar el planteamiento según el cual los crímenes de la guerrilla son indultables y los de los paramilitares no. Algunos arguyen que las guerrillas delinquen por motivaciones políticas y eso las hace merecedoras del indulto, y en cambio los paras no. Como si oponerse al proyecto político armado de la guerrilla no fuera también una acción política. Y como si la desmovilización de algunos centenares o miles de paramilitares en las mismas condiciones jurídicas que se le ofrecerían a las guerrillas fuera en contra de la paz y la reconciliación nacional.

El impacto. Se dice que la iniciativa daría patente de corso a los miembros de los grupos irregulares para seguir delinquiendo con la seguridad de que al final serán perdonados. Pero, en primer lugar, aquí no se trata de perdonar sino de suspender la aplicación de la pena, suspensión que durará lo que dure la buena conducta de cada beneficiario. O sea, ni perdón, ni olvido. Solo suspensión temporal del castigo.

Y, en segundo lugar, a quién tratamos de engañar? Los miembros de los grupos armados saben que, a no ser que el Estado los aniquile o los obligue a capitular sin condiciones, al final habrá algún tipo de beneficio jurídico a cambio de su desmovilización. Si esto no fuera así, desde hace cerca de diez años, cuando la Corte Constitucional declaró que ni el secuestro ni los delitos atroces serían amnistiables, esos grupos ilegales hubieran disminuido o suspendido la comisión de esos delitos. Sin embargo, de manera terrible y paradójica, fue precisamente a partir de ese pronunciamiento cuando se empezaron a multiplicar con más fuerza tanto el secuestro como los delitos atroces.

Cualquiera podría deducir que la guerrilla entonces empezó a secuestrar más para fortalecerse más y así poder aspirar a que le perdonen sus secuestros. Pero no, tal vez esta paradoja se explica porque el aumento o la disminución de esos crímenes obedecen a la lógica y a la dinámica de la guerra irregular sucia, por definición que estamos viviendo. Ni la expectativa de castigo disminuyó los crímenes, ni la de libertad condicional probablemente los va a aumentar.

En síntesis, el proyecto gubernamental es útil, oportuno, pragmático y neutro. Sin duda, contribuirá a la paz y a la reconciliación nacional. Además resuelve la cuadratura del círculo: ni castigo, ni perdón, ni olvido: libertad condicional.

alfredorangelsuarez@yahoo.com

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