A pesar de que desde mayo la Contraloría General de la República emitió tres autos solicitando el embargo de los bienes inmuebles de Cerro Matoso, como medida cautelar para hacer efectivo el pago de 61.000 millones de pesos por liquidar mal unas regalías, el proceso ha sido tortuoso.
Fuentes cercanas al proceso señalaron que aunque se pidió el embargo ante la oficina de registro de Instrumentos Públicos de Ayapel (Córdoba), con jurisdicción en Montelíbano (Córdoba), a la Superintendencia Financiera y a la Cámara de Comercio de Bogotá, sólo llegó respuesta de la primera, pero con errores.
El ente de vigilancia y control ha enviado diversas comunicaciones a la minera tratando de notificarla, pero ningún representante se ha hecho presente para que el proceso quede en firme, e iniciar con los actos de imputación y presentación de pruebas.
Por esta razón, el organismo de control se alista a notificar por edicto a la compañía, pues hasta la fecha sólo se han podido embargar bienes inmuebles por cerca de 34.000 millones de pesos, de los 61.000 millones que se busca recuperar.
La medida fue adoptada en el marco del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta el ente de vigilancia y control a la multinacional minera por la liquidación de las regalías, en el periodo comprendido entre los años 1998 y 2003.
El millonario reembolso se determinó porque la productora de ferroníquel habría hecho de forma errónea la liquidación de las regalías, al descontar rubros que no tenían nada que ver con la actividad minera e industrial.
De hecho, la Contraloría General de la República hizo la solicitud y la Superintendencia de Notariado y Registro ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la mina Cerro Matoso.
Aunque una opción sería embargar las instalaciones de la minera en Montelíbano y su producción, esta opción es más compleja, pues habría que tener un curador que los administrara y custodiara.
Según el guardián de las finanzas del Estado, los recursos aún no han sido girados al Estado y la Agencia Nacional Minera tampoco ha recibido el pago.
EL COMPLEJO TEMA DE LOS RECURSOS
Así mismo, por parte de los bancos en los que esta minera tiene sus cuentas aún no se tienen noticias de embargos, ni de la Cámara de Comercio de Bogotá, pese a que en la Superintendencia Financiera hay un aplicativo de consulta. La Contraloría remitió a la Superfinanciera una comunicación en tal sentido.
En el 2011 la firma pagó 35.000 millones de pesos por la operación entre el 2003 y el 2011, pero sobre los años anteriores a 1998, no hay ningún archivo y resulta imposible comprobar para esas vigencias los montos que estarían mal liquidados en regalías ni en el antiguo Ingeominas, entidad a la que se le pidió la información, pero no ha respondido.