Las inversiones de compañías como AngloGold Ashanti Ltd. se retrasan en tanto ambiguas regulaciones locales exacerban los efectos de la declinación global del oro. En contraste, florecen las operaciones informales en zonas selváticas y ríos apartados. El gobierno admite que es probable que la cantidad de productores sin licencia haya aumentado respecto del último censo en 2010-2011, cuando constituían el 87 por ciento del total de minas de oro.
“El sector informal florece porque es mucho menos evidente”, dijo el máximo responsable financiero de Trident Gold Corp., Andrew Smith, en una entrevista desde Medellín. “Su mayor ventaja es que pueden operar en mucho menor escala. Para las compañías internacionales, el mero hecho de empezar a cotizar en bolsa es engorroso”.
Si bien las autoridades clausuran la producción no regulada a un ritmo sin precedentes, el crecimiento de nuevas operaciones al margen de las restricciones laborales y medioambientales es aun más rápido, dice la policía.
Grupos armados pueden obtener más ganancias a partir de la minería de oro ilegal que de la cocaína. Un nuevo código de regulación de la industria se vio frustrado en mayo luego de que una corte dictaminara que no se había consultado de forma adecuada a grupos autóctonos.
EL DORADO
Colombia atrae buscadores de oro desde la época en que los conquistadores españoles buscaban la mítica ciudad de El Dorado. En el siglo XIX, el país se contaba entre los mayores productores auríferos del mundo, pero un siglo después bajó en los rankings como consecuencia de décadas de violencia. En los últimos cinco años, los ingresos producto de las exportaciones de oro se han decuplicado, indican datos del gobierno.
Las dos mayores compañías productoras del país, Mineros SA, que tiene sede en Medellín, y Gran Colombia Gold Corp. de Toronto, aportan entre el 10 y el 15 por ciento de la producción anual de 66 toneladas anuales del país y 3.000 millones de dólares en exportaciones, según César Díaz, que está al frente de la Cámara Colombiana de Minería.
El resto procede de operaciones legales en menor escala, de otras que han trabajado en la misma zona durante generaciones sin impuestos ni permisos y de quienes tienen vínculos con grupos criminales o rebeldes, entre ellos las Farc.
En el plano nacional, el 63 por ciento de las minas es técnicamente ilegal, dado que carece de supervisión gubernamental y de licencia, indica un informe del Ministerio de Minas y Energía de marzo de 2012.
“Grupos ilegales como las Farc suelen llenar ese vacío”, dijo Carlos Cante, que dirige el programa del ministerio de lucha contra la minería ilegal, en una entrevista realizada en marzo en Bogotá.
Una mina ilegal en la selva puede extraer dos kilos de oro por semana, dijo en una entrevista del 19 de junio el coronel Héctor Páez, director a cargo de la división de policía rural del país.
SUPERVIVENCIA A CAÍDAS
“La minería ilegal ha aumentado en el país, tanto de oro, como de coltán, piedra caliza y materiales de construcción”, dijo Páez, que agregó que el metal precioso también es fácil de legalizar. “En cuanto se lo extrae y está fuera de la mina, es legal”.
Evitar los impuestos y las normas laborales y ambientales es muy ventajoso para los mineros informales luego de la declinación de los precios de este año, dijo la máxima responsable de Mineros, Beatriz Uribe.
“No tienen el problema de mantener los salarios”, dijo el 3 de julio Uribe en una entrevista. “Si el precio es bueno, trabajan. Si no lo es, se detienen. Pueden sobrevivir con facilidad a una caída de los precios.”
El oro ha bajado 20 por ciento este año, lo que ha eliminado US$56.400 millones del valor de los activos en productos que cotizan en bolsa con respaldo del metal.
Mineros y otras compañías mineras de Colombia revisan sus objetivos de producción y ganancias luego de la declinación de los precios y de las huelgas, mientras que las pequeñas firmas de exploración enfrentan una escasez de recursos.
POCOS RECURSOS
“El nivel de fondos para compañías de exploración como la nuestra es casi inexistente”, dijo Smith, de Trident.
Las reglas poco claras o impredecibles exacerban la situación global para las compañías en Colombia, según AngloGold, Eco Oro Minerals Corp. y Minincol SAS.
Minincol, una firma exploradora con sede en Bogotá, está trasladando la mayor parte de sus operaciones al vecino Perú, un proyecto de AngloGold se interrumpió y las autoridades locales confiscaron el equipo en marzo, mientras que Eco Oro, que tiene sede en Vancouver, dice que la falta de claridad del licenciamiento amenaza su capacidad de financiar el proyecto de oro y plata Angostura. La cámara pronostica que la inversión en minería declinará por lo menos un 10 por ciento este año y que la caída será aun mayor en el área de exploración.
“Somos una compañía colombiana, pero vemos mejores oportunidades en el exterior”, dijo por teléfono Víctor Carrillo, el máximo responsable ejecutivo de Minincol. “El sector se encuentra en estado crítico. Hay toda una serie de problemas relacionados con la forma en que se maneja la industria, tales como los aspectos sociales y ambientales”.
Claudia Jiménez, presidenta de la federación de compañías mineras Minería a Gran Escala, dijo que el gobierno comenzó a modificar las reglas de impuestos y otras regulaciones relacionadas con la industria en 2010.
MINA SUBTERRÁNEA
“Colombia plantea un desafío. Tiene grandes posibilidades en lo que respecta a minerales, pero aún está adaptando sus instituciones y no hay una tradición minera, sobre todo en lo relativo al oro”, dijo AngloGold Ashanti en una respuesta por correo electrónico. “Hay inconsistencias y falta de claridad en el marco regulador”.
En 2011, Eco Oro, ex Greystar Resources, retiró una solicitud de licencia medioambiental para el desarrollo de Angostura a cielo abierto luego de gastar unos US$158 millones.
La retirada se produjo en medio de la oposición del gobierno y la comunidad al proyecto en el extremo oriental de los Andes colombianos, cerca de un hábitat de gran altitud conocido como páramo. Ahora la compañía planea una mina subterránea a una altura menor y aguarda una aclaración sobre los límites del páramo, dijo su máximo responsable, Joao Carrelo.
“Cuanto más tarde esa definición, más difícil será generar interés por parte de los inversores para financiar etapas posteriores”, dijo Carrelo en una respuesta por correo electrónico. “En momentos en que el riesgo geopolítico se convierte en una mayor preocupación para los inversores en el plano global, los gobiernos tienen que ofrecer estabilidad contractual y judicial”.
‘GRANDES PASOS’
El presidente Juan Manuel Santos, que cuando se desempeñó como ministro de Defensa contribuyó a revertir la situación luego de cinco décadas de guerra contra grupos rebeldes financiados con cocaína, dijo durante su campaña electoral de 2010 que quería que la minería fuera el motor del crecimiento económico. Su gobierno dice que la regulación mejora. Luego de que expiraran los cambios al código minero que propuso, el gobierno recurre a una serie de decretos presidenciales para formalizar el sector.
“Hemos dado grandes pasos en los últimos dos años” dijo el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, en una entrevista del 11 de junio en Montreal. “Hemos reestructurado y hay una transición. Hemos enviado muchos empleados públicos a Canadá, los Estados Unidos y Europa para que puedan aprender las mejores prácticas”.
Bloomberg