Denuncian posible irregularidad en licitación para cárceles

Denuncian posible irregularidad en licitación para cárceles

Ante la Procuraduría, la Contraloría, la Oficina Anticorrupción y el Inpec fue radicada una denuncia, en la cual se advierte de posibles irregularidades en la licitación de 302.000 millones de pesos para los servicios alimentarios de los centros carcelarios del país.

05 de junio 2013 , 10:52 a.m.

De acuerdo con el documento, se establecieron 26 grupos para incluir todas las cárceles, pero se les estaría permitiendo a los interesados participar en todos ellos. Esto, según la denuncia, se convertiría posiblemente en un hecho irregular, porque supuestamente se estaría dando paso a la monopolización en unos pocos oferentes de una licitación que cuesta tantos miles de millones de pesos.

“Al permitir que un proponente pueda presentarse a todos los grupos se está yendo en vía contraria a lo establecido en el ordenamiento jurídico y por la Corte Constitucional, respecto al deber de las entidades estatales por procurar una distribución equitativa de los negocios”, dice la queja firmada por Andrés Felipe Rodríguez, quien hace parte de uno los grupos licitantes que se siente afectado por lo establecido en este proceso.

Uno de los argumentos que se esbozan en el documento es que en la licitación LP-01-2011 solo tres oferentes se quedaron con el 65 por ciento del valor total de la licitación. Dice el documento que Alianza para el Futuro – Noel Rodríguez Cubides obtuvo un contrato por $107.000 millones; Consorcio Servialimentar – Juan C. Almansa ganó uno por $109.000 millones; y Fabio Doblado Barreto se quedó con uno por $107.000 millones de pesos.

El 35 por ciento de la licitación, según el denunciante, se tuvo que repartir en 18 oferentes. “Este proceso de selección ha sido monopolizado por (los) tres proponentes”, afirmó.

En la queja, fechada del pasado 29 de mayo y sobre la cual aún no se conoce respuesta, se agrega que esos tres licitantes también podrían quedarse con la mayoría de esta licitación por más de $300.000 millones.

“Para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios es importante que no se sigan presentando estas monopolizaciones de los procesos contractuales, esta concentración inequitativa, que para una entidad naciente son bastante perjudiciales”, señala la denuncia.

REDACCIÓN POLÍTICA

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