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Análisis/ Cinco años de liderazgo económico

En la próxima década, el crecimiento del PIB dependerá de la capacidad de identificar los sectores llamados a tomar la delantera en esta carrera de relevos. La tasa de cambio, ayudará, junto con una mejor infraestructura y los TLC. Pero serán las decisiones empresariales, las que tengan la última palabra.

Aún los más severos críticos reconocen que durante la administración del presidente Santos, los indicadores económicos y sociales de Colombia han tenido avances contundentes. La gran cantidad de resultados obtenidos refleja la articulación de un modelo económico basado en la responsabilidad fiscal, fundamental para lograr la confianza de los inversionistas, con un énfasis social, necesario para reducir la desigualdad.
Por eso, este Gobierno promovió dos actos legislativos de profundo calado. Uno de ellos elevó a rango constitucional el principio de sostenibilidad fiscal, entendiéndolo como un bien público que genera beneficios positivos para las generaciones actuales y futuras. El segundo reformó las reglas de distribución regional de las regalías, en pro del cierre de brechas regionales.
Las consecuencias de estos actos legislativos son evidentes. Gracias al primero, el país cuenta hoy con una ‘Regla Fiscal’ que regula el gasto público, ahorrando cuando las circunstancias son favorables y aumentando gasto cuando la economía lo requiere. La Regla ha permitido que el país no solo recupere el grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo, sino que escale un peldaño adicional hasta alcanzar la mejor nota en toda nuestra historia (BBB). Gracias al segundo, departamentos y municipios que nunca antes habían recibido regalías están realizando inversiones con un gran impacto social.
Más allá de las buenas calificaciones, la estrategia económica del presidente Santos ha sido efectiva. Ha permitido generar dos millones de empleos formales, reducir la pobreza de 37 a 28 por ciento y elevar la inversión a niveles superiores al 30 por ciento del PIB, nunca antes vistos en nuestro país.
Sin embargo, en materia económica, la complacencia es mala consejera, especialmente en un entorno internacional difícil y volátil. El gran desafío es acomodarnos de manera ordenada y sin traumatismos a la caída drástica de los precios del petróleo en los últimos meses.
Si bien su participación en el PIB no es particularmente alta, la importancia del sector petrolero en las cuentas fiscales y externas es innegable. La acertada flexibilidad de la Regla Fiscal, así como los esfuerzos en materia de nuevos ingresos y menores gastos, han sido la respuesta concreta que nos ha permitido ajustarnos a esta nueva realidad petrolera.
El Presupuesto General de la Nación para el 2016, que se radicará mañana en el Congreso de la República, anuncia nuevas medidas en materia de control de gasto y lucha contra la evasión, enmarcadas en una estrategia que hemos llamado ‘austeridad inteligente’.
La austeridad inteligente consiste, por una parte, en proteger los programas que reflejan las prioridades sociales del Gobierno e invertir en los proyectos que mayor efecto multiplicador tienen sobre el crecimiento, como la educación y la infraestructura. Pero también radica en habernos preparado, a través de la Regla Fiscal y la reforma constitucional a las regalías, entre otras, para las coyunturas difíciles. El Gobierno se está ajustando fiscalmente para que el sector privado tenga oxígeno y pueda aprovechar la disponibilidad de recursos de financiamiento, nacionales y externos, incrementar la demanda interna y estimular el crecimiento económico.
No debemos perder de vista que con la caída en los precios de las materias primas y el esperado incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, debemos prepararnos para un nuevo escenario económico. Durante la próxima década, el crecimiento dependerá de la capacidad que tenga nuestra economía de identificar aquellos sectores llamados a tomar la delantera en la carrera de relevos. La tasa de cambio ayudará en este proceso, junto con una mejor infraestructura y los tratados de libre comercio firmados en los últimos años. Pero en última instancia, serán las decisiones empresariales, habilitadas por un adecuado entorno regulatorio en materia tributaria, laboral y de servicios públicos, las que tengan la última palabra. Por ello, el Gobierno le asigna la mayor prioridad al diálogo con el sector privado para identificar las áreas de mejora en estos frentes.
Las políticas acertadas de los últimos cinco años nos han preparado para enfrentar la actual coyuntura internacional mejor que cualquier otro país de la región y, por eso, continuaremos siendo líderes en materia de crecimiento económico. Hemos avanzado mucho en cinco años, pero debemos continuar trabajando sin descanso.
Mauricio Cárdenas Santamaría
Ministro de Hacienda
 
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