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Competitividad y revaluación, hay que desmitificar a Chile

La actual bonanza minero-energética no se debe destinar a aumentos de gasto público corriente. Hay q

A finales de 2010 se entregó el cuarto informe nacional de competitividad, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC). Tres temas relevantes llamaron mi atención dentro del análisis de la bonanza minero-energética actual.
1.Tasa de cambio y empleo
El informe destaca los hallazgos empíricos de Dani Rodrik, prestigioso economista de Harvard, en el sentido de que más que una simple correlación, existe una relación de causalidad entre la subvaluación de la moneda y un mayor crecimiento económico.
Esta aproximación resalta el papel de la política cambiaria, más aún en momentos en que Colombia apunta a la creación de un fondo de ahorro y estabilización similar al existente en Chile. No obstante, el país austral no puede considerarse un buen ejemplo en el manejo de la estrategia anticíclica del reciente periodo de recesión mundial. La visible descoordinación entre el Ministerio de Hacienda chileno y el banco central de este país, hicieron que el debut del Fondo soberano -creado en 2007 para ahorrar los recursos del cobre en el exterior- resultara en un auténtico desafío y una experiencia para no repetir.
La decisión del fisco chileno de repatriar entre marzo y diciembre de 2009 un total de 9.278 millones de dólares para enfrentar la fuerte caída de la actividad económica y la reducción en el recaudo tributario, no encontró voluntad en el Banco Central para comprar los dólares internados. Esta negativa obligó al Gobierno a vender las divisas en el mercado abierto, con un impacto directo sobre la apreciación del peso chileno.
Para algunos analistas, este exceso de ortodoxia no parecía fundado en la realidad, porque la contracción de la demanda puso a la inflación en una tendencia que la situaba por debajo de la meta anualizada del 3 por ciento (incluso con 6 meses de deflación). De esta manera, la descoordinación entre el fisco y la autoridad monetaria en el manejo contracíclico del mencionado fondo, no sólo se expresó en una caída del 1,5 por ciento de la economía chilena durante el año 2009, sino además en un retorno del desempleo a tasas de 2 dígitos (en plena crisis, en el invierno de 2009).
A mi juicio, un mejor ejemplo son las recientes medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda colombiano y el Banco de la República, con un alto grado de coordinación, para estabilizar la tasa de cambio en un nivel más competitivo. Esta actitud muestra mayor audacia por parte del equipo económico del presidente Santos frente a otros gobiernos latinoamericanos, que parecen reaccionar de manera resignada ante el persistente debilitamiento del dólar.
2.Sembrar la bonanza para las nuevas generaciones
Destaca el CPC su legítimo reclamo para que no se desperdicie esta bonanza en simples aumentos de gasto público corriente y se inviertan en proyectos productivos que generen mayores flujos de ingresos para las generaciones futuras. De allí el apoyo del informe -que compartimos desde el Cepec- a la propuesta para crear un rubro para la innovación y el desarrollo productivo manejado por las regiones, con cargo al 10 por ciento de las regalías, y que según el Ministerio de Hacienda podría superar los 750.000 millones de pesos anuales, en un escenario conservador.
De nuevo, la experiencia chilena nos refiere a los desafíos que podría enfrentar Colombia si no se blindan con sumo cuidado los recursos orientados a la innovación, la ciencia y la tecnología en el marco de la nueva ley de regalías. En el caso de Chile, se creó en 2005 el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), con recursos provenientes de un impuesto adicional sobre las utilidades de las compañías mineras.
Sin embargo, según datos del propio Ministerio de Hacienda, de los 2.252 millones de dólares que se han recaudado por la vía de este impuesto desde 2005, sólo 528 millones de dólares han sido efectivamente utilizados para el fin que se había establecido en principio (una tercera parte de lo presupuestado).
3.¿Hacia una agencia de desarrollo productivo?
Debo resaltar una importante conclusión del informe cuando afirma que la consolidación de una institucionalidad, en el marco de una fuerte alianza público - privada para el desarrollo de políticas de productividad regional, es quizás más importante que la misma definición de los encadenamientos productivos o sectores a los cuales el país le podría apostar con los recursos generados por la bonanza.
Desde hace 16 años Colombia ha venido recorriendo el camino de las políticas y las instituciones de la competitividad, aunque con avances y retrocesos. La consolidación en los últimos cinco años de un Sistema Nacional de Competitividad constituye el paso más importante hacia adelante. Y también lo es la existencia de 32 Comisiones Regionales de Competitividad, aunque con grandes disparidades en su desarrollo, como expresión lógica de un proceso de maduración que apenas se inicia.
Este sistema presentó una pausa en su coordinación al más alto nivel del gobierno, debido al virtual desmonte de la Alta Consejería Presidencial para la Competitividad entre junio de 2008 y agosto de 2010, bajo el argumento de recortes en el gasto que no se cumplieron en otros frentes.
Pero la superación de esta pausa fue posible gracias al Conpes 3668 del 28 de junio de 2010, que introdujo interesantes recomendaciones para fortalecer el sistema y su articulación en los diferentes ámbitos de actuación; así como a la reciente creación de la Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada que le devuelve al sistema la coordinación general, muy cerca de la toma de decisiones en el Palacio de Nariño.
En este contexto, el informe del CPC sugiere la creación de una agencia de desarrollo que, a semejanza de la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (Corfo), pueda impulsar proyectos productivos y de mejora del entorno de la innovación, en estrecha coordinación con las regiones del país.
Gobierno chileno revisa la función de la Corfo
La Corfo, que existe desde 1939 y que por muchos años cumplió funciones similares a las del Institu- to de Fomento Industrial en Colombia, es hoy un banco de segundo piso. Tal vez por esa razón el Director de Planeación Nacional es partidario de que sea Bancóldex la entidad que cumpla esta función de agencia de desarrollo en Colombia. Sin embargo, el Gobierno de Sebastián Piñera decidió hacer una cuidadosa evaluación de la Corfo, para mejorar su protocolo de rendición de cuentas. Colombia debe seguir dicha revisión para formular con pertinencia el alcance y las metas que se quieren lograr con la creación de una agencia similar.
 
 
 
SAÚL PINEDA HOYOS*
Especial para PORTAFOLIO
 
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