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Demandas al ISS y Cajanal costarían $3,4 billones

Demandas al ISS y Cajanal costarían $3,4 billones

Las reclamaciones son por casos de reliquidación, pensiones e invalidez.

Los 54.418 procesos judiciales que enfrentan el Seguro Social y Cajanal por aspectos relacionados con el régimen de transición pensional, podrían costarle a la Nación más de 3,4 billones de pesos. 

Las demandas contra esas dos entidades tienen que ver con reconocimientos y reliquidaciones de la pensión de gracia (maestros) y de vejez, reconocimiento de pensión de invalidez y por reliquidación de pensión de vejez bajo factores extraordinarios. 

La advertencia la hizo Ricardo Bonilla -actual secretario de Hacienda del Distrito Capital- en la presentación de ‘Pensiones, el costo de las demandas’, estudio del que fue investigador principal, cuando se desempeñaba en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, financiado por la Procuraduría General de la Nación.

El cálculo de los más de tres billones de pesos resulta de suponer que la Nación perderá todas las demandas (54.418) y el costo de las mesadas por los próximos 20 años. 

El origen de las demandas está, según la investigación, en la interpretación del régimen de transición creado con la Ley 100 de 1993. 

“La instrucción administrativa en ambas instituciones (ISS y Cajanal), al parecer, radicaba en la negación del régimen de transición y la aplicación de la Ley 100. 

“Las sentencias judiciales y la jurisprudencia resultante restituyen los derechos al régimen de transición de quienes cumplían requisitos…”, señala el estudio. 

Al respecto, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo que los requerimientos que ha hecho el organismo, como la circular 054, en la que les pide a las autoridades el cumplimiento del precedente judicial del régimen de transición “no son caprichosos”, sino la defensa del orden jurídico y los derechos fundamentales. 

Así, agregó, no sólo se evita detrimentos patrimoniales del erario público sino también el desconocer los derechos de los pensionados de todo el país y el orden del sistema.  

El procurador dice que las decisiones se dirigen a evitar un detrimento patrimonial del erario público y a proteger a los pensionados.

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