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Seriedad, base del cambio

Seriedad, base del cambio

Para que en una sociedad las relaciones entre los miembros sean confiables y constructivas, es indis

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
04 de noviembre 2010 , 02:31 a. m.

Para que en una sociedad las relaciones entre los miembros sean confiables y constructivas, es indispensable que los actos de cada uno estén marcados por la seriedad.


Sin cumplir ese requisito es muy difícil avanzar en el proceso de construir el conglomerado adecuado. Lo que acontece en el Congreso es demostrativo. Casi sin excepción, los articulados de las normas se forman a partir de la presunción del no cumplimiento o de cómo armar el subterfugio -de allí la expresión, 'hecha la norma hecha la trampa'-.


Hago referencia al caso porque con el proyecto de regla fiscal se está tratando de construir un andamiaje jurídico complicadísimo, y lo peor de todo, con grave riesgo de que sea declarado inconstitucional (con el perdón de los juristas, sin serlo, me atrevo a meterme en su terreno, luego de comentar con algunos acerca de los interrogantes que me suscitan).


Por lo pronto, tres son los temas. Primero, la elevación a la categoría de norma constitucional de un nuevo derecho fundamental, el de la estabilidad fiscal; segundo, el estado de cosas inconstitucional, convertido en instrumento de modificación de la programación presupuestal; y tercero, la cantidad de nuevas definiciones y de mecanismos previstos para adecuar el Estatuto Orgánico a las necesidades del diseño de la regla.


Declarándome partidario de la regla y, manteniendo la línea de defensor a ultranza de la política fiscal bien manejada, creo que el camino escogido para llegar al objetivo no es el correcto. De un lado, según tengo entendido, el llamado derecho al equilibrio fiscal no sería individual, sino colectivo.


Como los derechos fundamentales son inherentes a las personas y no a la sociedad en su conjunto -colectivos-, el ejercicio del Congreso no pasa de ser una gimnasia inútil, porque rápidamente sería declarado inconstitucional.


De otra, el asunto del Estado de cosas inconstitucional es una figura extraña, pues en la mayoría de los casos no tiene eficacia por la falta de evaluación del costo económico -consultar los casos de los fallos relacionados con los desplazados y el de la salud, es ilustrativo- o convierte a los Honorables Magistrados en colegisladores.


Por último, para los magos de la contabilidad creativa, la colección de definiciones se les convierte en 'bocado de cardenal'. Aún no se sabe qué es gasto social y ya podremos tener 'balance fiscal estructural' e 'ingresos estructurales', entre otras.


Toda la parafernalia, descrita apenas en recortados aspectos, contrasta en forma notable con lo que ocurre en Chille. Ese país, que gracias a la seriedad de sus dirigentes desde el año 2001 tiene una política fiscal basada en el concepto de balance estructural del Gobierno Central, muestra la situación del fisco en una perspectiva de mediano plazo. Sin acudir a reformas constitucionales, ni a complicadas disposiciones legales, durante seis años los chilenos cumplieron el compromiso de tener un superávit equivalente al 1 por ciento del PIB.


Sólo después de mostradas las bondades del mecanismo -el país se ha distinguido por el prudente manejo de sus cuentas fiscales-, en el 2005 el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, la que fue promulgada en agosto del 2006, institucionalizando aspectos del superávit.


Sin embargo, tanto más importante que lo anterior es el hecho innegable de que la política fiscal en Chile juega un papel simbólico, representando el compromiso del Gobierno con los equilibrios macroeconómicos. ¿Cómo cuenta la seriedad, ¿no es verdad?

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