Para tratar de aliviar la crisis económica y social que se está viviendo desde hace dos años en las regiones fronterizas con Venezuela, el presidente Uribe ha decretado una tardía Emergencia Social, que con toda seguridad va a ser tumbada por la Corte Constitucional, al amparo de la cual ya ha tomado medidas que no solucionan los problemas reales de esas regiones.
La Emergencia es tardía, y tendrá la misma suerte que la decretada en diciembre pasado para tratar de solucionar con años de retraso la crisis de la salud, porque no hay 'hecho sobreviniente' que la justifique, es decir, no se trata de una situación nueva o que hubiera ocurrido de repente, sino de problemas de vieja data que no fueron enfrentados cuando se originaron.
Los municipios limítrofes con Venezuela vienen sufriendo las consecuencias de los altibajos de las malas relaciones diplomáticas y políticas entre los dos países, por lo menos desde el 2005, cuando por primera vez Chávez congeló las relaciones con Colombia por el caso Granda. Después de la 'luna de miel' en que inclusive Uribe nombró a Chávez mediador para negociar con las Farc la liberación de secuestrados, vino el rompimiento en el 2008 por el bombardeo a 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano; luego una breve reconciliación, con abrazo incluido, en Santo Domingo, y hace un año otro rompimiento por la instalación de bases norteamericanas en nuestro país.
Las relaciones comerciales prosperaron hasta el 2008, cuando exportamos 6.000 millones de dólares a Venezuela, pero desde hace más de un año cayeron en picada con graves consecuencias para la producción y el empleo en muchos sectores. Desde ese momento los dirigentes empresariales y políticos de las zonas fronterizas, en particular de Cúcuta, le plantearon a Uribe la necesidad de tomar medidas para ayudar a sus regiones, solicitudes que nunca fueron atendidas.
Con todos estos antecedentes, es evidente que la Corte va a reiterar su doctrina de que no hay base legal para decretar un Estado de Emergencia cuando no hay hechos sobrevinientes que lo ameriten. El orden económico y social de las regiones fronterizas con Venezuela está perturbado desde hace varios años, y para solucionarlo se necesitan medidas estructurales como mejorar la infraestructura vial para facilitar la comunicación, tanto con el país vecino, como con el interior de Colombia; bajar el IVA a unos cuantos productos no es la solución.
Sin usar las facultades extraordinarias que le da la Emergencia, Uribe está tomando otras medidas que son inútiles o equivocadas, cuando no perjudiciales para el conjunto de la economía. Es casi cantinflesco invitar a los colombianos a que vayamos a comprar a Cúcuta para ayudar a esa golpeada ciudad; ¿qué incentivo puede llevar a las fábricas de otras regiones a que despachen sus productos a esa ciudad y al resto de colombianos a que se movilicen por malas carreteras o costosos viajes aéreos a comprar allá productos que pueden adquirir en sus respectivas ciudades?
Grave y sospechoso es el decreto ordinario que extendió a los 37 municipios limítrofes los privilegios para la instalación de zonas francas que se otorgaron a los departamentos de Putumayo, Nariño, Huila, Caquetá y Cauca, disque para responder al problema de las 'pirámides'. Gracias al Decreto 2695, en estos municipios cualquier empresa, que no sea del sector minero o petrolero, podrá gozar de las gabelas tributarias de las zonas francas con sólo invertir un millón de dólares.
La consecuencia inmediata de esta medida no va a ser la generación de empleo, sino una tremenda especulación con el precio de la tierra para beneficio de sus afortunados propietarios como sucedió en las regiones de la Ley Páez. ¿Será que hay intereses comerciales detrás de esta apresurada medida tomada sólo una semana antes de terminar la era Uribe?
