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Primera prioridad

Primera prioridad

Una parte esencial del funcionamiento de instituciones es lo costoso que resulta reco-ocer la violac

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
24 de junio 2010 , 01:07 a. m.

Aunque en la congestionada agenda del nuevo mandatario de los colombianos el empleo, las finanzas públicas, la salud, los desplazados, son temas que copan su atención, no tengo la menor duda de que la primera prioridad la debe tener la justicia. Las relaciones del Ejecutivo con los altos tribunales, la elección del nuevo Fiscal, la tremenda congestión de la rama y, en fin, todo lo que toca con la administración y el funcionamiento de este servicio básico para los ciudadanos, exige la máxima atención, porque sin él no es posible que la sociedad opere en forma normal.


La justicia es pieza fundamental del engranaje institucional, que son las reglas o limitaciones ideadas por los ciudadanos para gobernar la interacción entre ellos, estructurando incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. En últimas, el cambio institucional marca el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender la realidad histórica de los pueblos.


Por razones no bien explicadas, los economistas rara vez ponemos el problema del orden y el desorden en el centro de nuestras preocupaciones. Afortunadamente, el Presidente electo, economista de profesión, contrariando la experiencia en este ámbito, lo ha puesto en primer lugar.


Es un hecho que el establecimiento y la preservación del orden social en el contexto de un cambio dinámico ha constituido un secular dilema de las sociedades y sigue siendo un problema fundamental en el mundo actual. El cambio económico, es preciso decirlo, produce modificaciones de los ingresos, el estatus económico y la seguridad de los individuos y grupos del conglomerado social, siendo por lo tanto terreno fértil para el desorden. El desorden es en ciertos momentos endémico a todas las sociedades -los ejemplos de países vecinos son elocuentes-; pero si bien algunas logran restablecer un orden estable con rapidez, en otras el desorden persiste durante largos períodos y aun cuando aquel sea establecido, su supervivencia es extremadamente frágil. Sin duda, la persistencia de la desorganización es desconcertante, porque incrementa la incertidumbre y, por definición, transforma en perdedores a la gran mayoría de los protagonistas de la vida ciudadana.


Este enfoque, que luce más como una cita de un libro de texto que trata las mutaciones sociológicas de determinado grupo y no una realidad, es la radiografía fiel de lo que ha ocurrido y ocurre en Colombia. El desorden, en lapsos prolongados de nuestra vida institucional, ha sido un mal endémico, entre otros motivos por el deficiente funcionamiento de la justicia.


La pregunta que con gran frecuencia se hace: ¿por qué Colombia no avanza más rápido en su desarrollo?, fácilmente se contesta con la siguiente afirmación: porque el orden es una condición necesaria -pero no suficiente, hay que aclararlo- del progreso económico de largo plazo y tal condición no se cumple a cabalidad en nuestro medio. Para ilustrar el punto, es suficiente aludir a la existencia de la guerrilla más antigua del mundo, al dramático problema de los desplazados y al no acceso a la justicia de importantes núcleos de la población.


Con estos tres ejemplos se muestra el lamentable cuadro de referencia de nuestras dificultades. Por eso aquí aplica bien la locución según la cual: una parte esencial del funcionamiento de las instituciones es lo costoso que resulta reconocer la violación y aplicar el castigo. En nuestro país, infortunadamente, se gasta mucho dinero y no se aplican bien los correctivos. De allí la prioridad que se le debe dar al caso de la justicia.

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