La justicia, a la venta

La justicia, a la venta

El problema se desborda cuando el narcotráfico y las organizaciones criminales infiltran el sistema.

22 de junio 2011 , 10:32 p.m.

 

El problema es aun más crítico cuando los líderes de bandas narcotraficantes, ex guerrilleros, agentes corruptos o de cualquier otro tipo, empiezan a lanzar nombres de presuntos implicados dentro de un proceso o en los medios de comunicación para buscar rebajas de penas.

El valor de la democracia se constituye sobre la base de una justicia confiable e imparcial.

Cuando la sociedad no puede confiar en su sistema de administración de justicia, las instituciones se desfiguran generando un vacío del imperio de la ley o lo que los anglosajones denominarían lawlessness, que conlleva a una corrupción desmedida, inseguridad jurídica y física, y en general la pérdida de valores de una sociedad.

Son muchos los casos que se ven en Latinoamérica de procesos judiciales politizados o prejuzgados, de jueces o fiscales al servicio de la mafia o de la billetera más abundante, de peritos expertos que transan sus criterios técnicos y éticos a cambio de una contraprestación económica, de demandantes o grupos de presuntas víctimas que venden sus causas a fondos de inversión u oficinas de abogados en los centros financieros del mundo, de testigos que cambian sus versiones en varias ocasiones a cambio de beneficios legales o presiones de otro tipo.

Todos ellos son actores a los que no les interesa el bien común sino satisfacer sus intereses personales, económicos o de grandeza.

El problema se desborda más cuando bandas de narcotráfico y organizaciones criminales infiltran el sistema judicial y lo utilizan para su propia causa.

Es aun más crítico para las investigaciones judiciales el que los líderes de bandas narcotraficantes, ex guerrilleros, agentes corruptos o de cualquier otro tipo, lancen nombres de implicados dentro del proceso o en los medios de comunicación con el fin de buscar rebajas de penas o un trato más condescendiente en la opinión pública.

Es cierto que la política de la delación y el trabajo periodístico es lo que en muchas ocasiones ha permitido iniciar acciones judiciales o encontrar vínculos entre políticos y empresarios con el crimen organizado, pero también ocurre que los delincuentes en sus declaraciones pueden acomodar la realidad con la intención de manchar nombres gratuitamente con dobles intenciones.

Es por ello que la prueba testimonial debe ser tratada y valorada con mayor cuidado, y los expedientes y fallos judiciales no pueden depender únicamente de la versión de algún criminal, o de alguien que por décadas lleva delinquiendo y de repente decide arrepentirse por arte de magia convirtiéndose en el dueño de la moral pública.

Lamentablemente son frecuentes en América Latina las historias de abogados de criminales que no resisten la tentación de involucrarse en los negocios y actividades delictivas de sus clientes, o de jueces o fiscales que salen de su cargo para trabajar en la defensa de determinado grupo al margen de la ley o abogar por reformas judiciales que beneficien a sus defendidos.

Peor aun son los casos de abogados que terminan convenciendo a unas supuestas víctimas para simplemente arrancarle un tajo de dinero a las corporaciones y multinacionales con pruebas ficticias, jueces comprados y casos viciados que dicen defender el bien común y social.

Por otra parte, reputados defensores se convierten, en el transcurso de un proceso, en sonoros protagonistas mediáticos y en promotores de causas ajenas, muchas veces ilícitas.

No es necesario conocer el desenlace de varios procesos que están andando en América Latina para que se despierten profundas discusiones sobre la ética de los abogados. Este gremio, en el cual me incluyo, debería estar en primera fila en el esfuerzo de tener un sistema de valores poderoso con claras fronteras definidas de su práctica.

Por eso, la reflexión debe orientarse hacia el mismo ejercicio de los magistrados, jueces, fiscales, agencias de investigación del Estado y abogados en general, y los requisitos que estas personas deben tener antes de entrar a la carrera de administración de justicia.

Por encima de las otras ramas del poder, esta debe ser blindada de toda intención e intento de corrupción.

Es clave garantizar la transparencia

Para la tranquilidad de toda la sociedad es importante saber que el máximo tribunal de un país es indispensablemente impoluto e incorruptible, y que en caso contrario existan los mecanismos para investigarlos y juzgarlos como a cualquier otro ciudadano que viola las normas.

Es inmenso el daño que las acciones de corrupción le infligen a la administración de justicia y a la sociedad en general, por lo cual se requieren sanciones ejemplares y una depuración a fondo de la rama judicial.

Se trata de un ejercicio de repensar la administración de justicia para garantizar la legitimidad en los fallos, confianza entre la sociedad sobre el sistema y fortalecer las instituciones del derecho y justicia sobre las cuales se recuesta la democracia de cualquier país.

Andrés Otero  

Director de BI&I y de la Oficina de Miami de Kroll

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