Sólo en 1,3 % de las zonas de páramo hay explotación minera

Sólo en 1,3 % de las zonas de páramo hay explotación minera

De las 2,8 millones de hectáreas de este ecosistema en el país, se presenta esta actividad en 37.750 de ellas.

15 de febrero 2016 , 11:23 p.m.

Solamente en el 1,3 por ciento de las zonas de páramo del país se presenta explotación minera, de acuerdo a las cifras del catastro minero que registra la Agencia Nacional de Minería (ANM), al 8 de febrero pasado.

Ese día, la Corte Constitucional prohibió la minería en zonas de páramos, argumentando razones como la protección del medioambiente.

Dentro de las 2’891.153 hectáreas de zonas de páramo del país, 125.811 hectáreas (473 títulos) están superpuestas con áreas mineras, pero únicamente un total de 37.750 hectáreas de ellas (284 títulos) se encuentran en explotación en la actualidad, las otras están en etapa de exploración, construcción y montaje.

Los contratos de concesión (L685), otorgados después del año 2001, son los que mayores títulos en explotación tienen en estas zonas con 144, seguidos por los contratos de concesión (D2655), otorgados desde 1988 hasta el 2001 con 44, contrato virtud de aporte (49) y licencias de explotación (27).

Del total de 473 títulos en zonas de páramo, los cuales en su totalidad se verían afectados por el fallo de la Corte, 189 de ellos se hallan en etapa de exploración (53) y construcción y montaje (136).

Por minerales, de los 284 títulos en zona de páramo y en explotación, el primero es el carbón (191), seguido por oro y metales preciosos (34), materiales de construcción (30) y otros minerales (29). Siendo los dos primeros los que más hectáreas ocupan, con un total de 82 por ciento, de las 125.811 hectáreas.

Los títulos más afectados por el pronunciamiento del alto tribunal son esos 284 en explotación, algunos con casi 30 años de antigüedad, a los cuales habría que darles caducidad, y según los expertos a demandas contra el Estado, mientras que los otros 189 no tendrían este problema pero sí pérdidas en costos por parte de las empresas.

La decisión de la Corte Constitucional levantó una fuerte polémica en el país, pues mientras para los ambientalistas es un derecho de la sociedad, para los representantes del gremio minero esto crea un clima de incertidumbre jurídica, ya que se están cambiando las reglas de juego a empresas con derechos adquiridos.

Pedro Vargas Núñez
Subeditor Portafolio

 

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