Posterior a la última reunión de la Junta Directiva de Reficar realizada en la ciudad de Cartagena, sus miembros informaron que algunas aseveraciones sobre Reficar que han sido difundidas recientemente por algunos medios de comunicación contienen análisis con conclusiones equivocadas que han afectado de manera grave la reputación de la empresa.
La Junta recordó que la nueva refinería de Cartagena es un complejo industrial de 34 plantas, que ocupan 140 hectáreas lo cual es una aproximación de lo que representa en términos de tamaño, complejidad, infraestructura y tecnología para el país.
“Las causas de las variaciones que ha tenido el proyecto en términos de su inversión y cronograma de ejecución no pueden ser explicados exclusivamente con el término ‘sobrecostos’”, agregó el comunicado.
Para la Junta, las variaciones responden a precisiones realizadas en la medida que avanzaba la ingeniería de detalle, mayor alcance, a costos de conflictos laborales y a la ineficiencia del contratista.
El presupuesto de partida y el cronograma, contra el cual se contrasta el costo final del proyecto y el tiempo que tomó, fueron elaborados por CBI -principal contratista del proyecto-, quien aseguró a Reficar que eran exactos y confiables.
Sin embargo, el desarrollo del proyecto confirma que el presupuesto y el cronograma no fueron elaborados de manera correcta, ni precisa.
Los miembros de la Junta rechazan las acusaciones que se han formulado en las que esta diferencia ha sido presentada como un desfalco o producto de un acto de corrupción y coinciden con el informe sectorial de la Contraloría General de la República en el sentido que no refiere a conductas dolosas ni prácticas de corrupción.
El comunicado explicó que Reficar ha hecho un seguimiento permanente y cercano al proyecto e implementó los instrumentos de control propios de un proyecto de la complejidad de la nueva refinería de Cartagena.
“Las variaciones que ha tenido en términos de su inversión y de cronograma están identificadas y detalladas en los cinco controles de cambios realizados entre los años 2011 y 2015 y que han sido informados oportunamente a la opinión pública y a los entes de control”.
Así mismo, los miembros de la Junta Directiva afirmaron que tienen claridad sobre dónde y cómo se gastaron los recursos invertidos, en el marco de un contrato y con el propósito firme de llevar a su culminación el proyecto, y están “en capacidad de responderle al país los cuestionamientos hechos”.
Durante la ejecución del proyecto se fueron acopiando los elementos de la reclamación por los costos y los tiempos no justificados generados por el contratista.
Finalmente, el comunicado anotó que un equipo multidisciplinario, integrado por abogados nacionales, internacionales y expertos técnicos, ha venido estructurando estas reclamaciones y se harán todas las gestiones para recuperar, entre otros, los costos no justificados en los que se haya incurrido.
