Análisis/ Declaración de huelga general

Análisis/ Declaración de huelga general

Las amenazas de paro general del pasado no han producido transformaciones positivas para la fuerza de trabajo cuando las peticiones han sido exageradas. En varias ocasiones se pidieron aumentos del salario mínimo de 50 por ciento, y existía consenso en el Gobierno y el sector privado de que esa política destruiría demasiado empleo.

11 de febrero 2016 , 08:52 p.m.

La Confederación General de Trabajo (CGT) anunció la aprobación para realizar un paro nacional en una fecha que será anunciada en los próximos días. Los dirigentes sindicales reafirmaron que “la decisión de organizar el paro nacional se fundamenta en determinaciones lesivas del Gobierno como el pírrico aumento del salario mínimo en 7 por ciento, los incumplimientos de los pactos firmados con los campesinos, los camioneros y con los pensionados, la venta de Isagén y la intención de privatizar otras empresas de la administración de Bogotá y otros activos de la nación, (…) También por las medidas económicas que se dispone a adoptar el Gobierno en materia de reforma tributaria”.

Con excepción de las decisiones sobre salario mínimo e Isagén, la motivación de la huelga general tiene que ver con supuestas decisiones futuras del gobierno. ¿La mayoría de los ciudadanos prefieren apoyar al sindicato de Isagén, que demandó la privatización de la empresa en lugar de tener una nueva red de carreteras? ¿Qué puede hacer el gobierno para controlar la inflación diferente a eliminar un déficit fiscal claramente parte de la causa de la inflación actual? ¿Por qué los sindicatos se oponen a una reforma tributaria que aumentaría el gasto social para las familias vulnerables y contribuiría a controlar la inflación? ¿Creen, como en el pasado, que la inflación se controla con control de precios? ¿Cuáles pactos con el sector campesino se han incumplido? Lo que ha habido es la repartición de subsidios ineficientes e inequitativos ante paros con fuerte componente político.

Pero en una democracia el sindicalismo tiene derecho a la protesta siempre y cuando se haga dentro de la ley. En países como Francia o Italia se hacen paros generales sin que se genere violencia. En Colombia, se podrían hacer protestas sin muertos. La responsabilidad de los sindicatos y los gobiernos debería ser institucionalizar la protesta pacífica. No lograrlo, perjudica a ambas partes.

A los sindicatos, porque si sus actos generan violencia, estas instituciones pierden popularidad y credibilidad. Este no es un problema menor. En los años sesenta, en Colombia, entre el 12 y el 16 por ciento de la fuerza de trabajo estaba afiliada a sindicatos, y hoy la proporción puede ser de 4 por ciento. En una encuesta urbana del Centro Nacional de Consultoría de 1992, el 68 por ciento no confiaba en los líderes sindicales, porcentaje solo superado por la guerrilla (85 por ciento) y la Policía (71 por ciento).

El gobierno, por su parte, pierde popularidad y gobernabilidad si la protesta sindical se torna violenta. Esto ocurrió en el paro de 1977, el cual costo varias vidas y destrozos importantes de capital social y productivo. Los costos en esa ocasión tuvieron que ver con la estrategia de los organizadores del paro de producir la paralización del transporte público regando puntillas en las calles y rompiendo buses de transporte público que no se unieron al paro. Si se produce un paro como el propuesto por la CGT, en lugar de declarar la protesta ilegal, el gobierno tendría que organizarse para evitar este tipo de ilegalidad y violencia.

Finalmente, las amenazas de huelga general del pasado no han producido transformaciones positivas para la fuerza de trabajo cuando las peticiones han sido exageradas. En varias ocasiones se pidieron aumentos del salario mínimo de 50 por ciento, y existía consenso en el Gobierno y el sector privado de que esa política destruiría demasiado empleo.

Un incremento razonable en el salario mínimo, en una coyuntura de superávit en la balanza de pagos, tendría mayor probabilidad de ser aceptada. Una reforma de pensiones que aumentara estas para los trabajadores de menores ingresos, tendría más aceptación que eliminar la cotización de salud para los pensionados que tienen subsidios pensionales, estando en el 20 por ciento más alto de la distribución de ingresos.

Miguel Urrutia

Profesor titular de la Facultad de Economía, Universidad de los Andes

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