El cese bilateral definitivo, o el fin del conflicto

El cese bilateral definitivo, o el fin del conflicto

Un asunto trascendental como la paz no puede sacrificar los esfuerzos de más de tres años con pasos de afán, ni puede bajar la guardia.

03 de febrero 2016 , 07:55 p.m.

El cese bilateral es un acuerdo obligado en cualquier proceso de paz. Sintetiza el clamor de una sociedad por detener el dolor de la guerra. El objetivo de la negociación es terminar la confrontación armada para frenar la muerte evitable y dar paso, en su lugar, a la ampliación del debate democrático de las ideas.

Las Farc pedían una negociación con cese al fuego, pretensión en la que coincidió el expresidente Uribe. El presidente Santos impuso el diálogo en medio del conflicto, tras las treguas bilaterales que camuflaron actividades ilícitas de la insurgencia para reorganizarse y rearmarse. Sin esta concesión militar, la negociación en La Habana obtuvo acuerdos importantes mientras las Fuerzas Armadas avanzaban en el campo de batalla. Por supuesto, lo ideal hubiera sido un cese bilateral desde hace tres años, evitando muertos, tragedias humanas y derroche de recursos. Aún más, el conflicto nunca debió empezar, y hoy debiéramos gozar de mejores condiciones socioeconómicas, mayor desarrollo, bienestar, justicia y equidad. Pero nos demoramos en elegir la paz y en la voluntad política para terminar la confrontación por la vía negociada. Sin embargo, hoy este anhelo parece posible y cercano, para empezar a cumplir las tareas atrasadas.

Para el presidente Santos el cese bilateral era el punto de llegada, al final de la negociación. Pero a comienzos de agosto del 2015 afirmó que un acuerdo en materia de justicia transicional abriría la posibilidad de anticipar el cese al fuego bilateral y definitivo. Puesto que el pasado 15 de diciembre se divulgó el histórico acuerdo de justicia y víctimas, se empezó a cocinar el acuerdo para el cese bilateral, que requiere blindarse con la verificación de una instancia internacional, para impedir que las omnipresentes ‘fuerzas oscuras’ lo saboteen.

La parcialidad de Unasur en el conflicto fronterizo con Venezuela la deslegitimó como opción, por lo que se avanzó en concretar la participación de la ONU para verificar el cese. El presidente Santos realizó una gestión directa con los miembros permanentes y temporales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para respaldar esta solicitud. El último acuerdo anunciado evidencia el fruto obtenido: se formalizará la solicitud a la ONU para integrar la comisión y crear, con el gobierno y las Farc “un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del acuerdo sobre el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de las armas”.

El conteo regresivo hacia el 23 de marzo, plazo máximo fijado por las partes para firmar el acuerdo final, requiere un anuncio contundente que justifique su eventual incumplimiento, pues están pendientes asuntos disímiles y complejos como la misma dejación de armas, el desmonte del paramilitarismo y la ‘parapolítica’, la financiación de los acuerdos, la participación política y los mecanismos de refrendación. Si no se cumpliera el plazo, las partes tienen como salida el acuerdo del cese bilateral para satisfacer el compromiso anunciado al mundo y reimpulsar la fase final de la negociación. La voluntad política de ambas partes por terminar definitivamente el conflicto se traducirá principalmente con el cese bilateral, que significa el logro práctico y anticipado de la negociación: el cese de la confrontación armada. Y quedarían pendientes asuntos como los mencionados.

Las infundadas acusaciones de incumplimiento del deber presidencial, por el supuesto cese de funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas, fueron la trampa para justificar, por décadas, el auspicio desde el Estado de la violencia y la muerte, hasta el extremo del crimen, las desapariciones forzadas, la tortura o los ‘falsos positivos’. En cambio, el mandato constitucional es claro en dar prioridad a la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos, enarbolando la paz como un derecho fundamental y como un deber de todos, incluidos los gobernantes. La equívoca interpretación justificó políticas de seguridad con presupuestos inauditos, gracias a una eficaz propaganda ‘antiterrorista’ que cercenó la posibilidad de ver la paz con el espíritu de los constituyentes del 91.

Un asunto trascendental como la paz no puede sacrificar los esfuerzos de más de tres años con pasos de afán, ni puede bajar la guardia. Dicen los conocedores del oficio, que aun en la puerta del horno se queman las tortas. Después de superar la desconfianza mutua, de obtener logros extraordinarios que ambas partes cantaron como victorias, de banderillas profundas contra la común amenaza furibunda, y tras el reconocimiento mundial al esfuerzo por dejar atrás la violencia, no pueden increparse las partes, ni someterse a fechas suicidas, ni traer de los cabellos una refrendación popular innecesaria.

Los colombianos que vivimos el horror de la guerra por más de medio siglo sabemos el tamaño de la paciencia que se requiere. Pero debe cesar la guerra. En este empeño, un planeta entero acompaña la odisea. Despacio, que tenemos prisa. Gobiernos anteriores decretaron el cese bilateral para contribuir al objetivo de la paz, en diversos esfuerzos de negociación política para terminar el conflicto. En esta ocasión el cese bilateral será el preludio del acuerdo final, al que la ONU y EE. UU. apuestan decididamente, como lo demostrará la aceptación de Naciones Unidas a la solicitud de las partes negociadoras, y como el presidente Obama lo hizo explícito en su discurso sobre el Estado de la Unión. Una estocada a los áulicos de la guerra. Haría bien el Eln, más pronto que temprano, en acompañar el remate de la faena.

Gabriel Ángel Muriel G.

Magíster en Estudios Políticos, Universidad Nacional

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