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En análisis/ Venta de Isagén es negocio oportuno: Anif

En análisis/ Venta de Isagén es negocio oportuno: Anif

Anif ve como retroceso voces contra la venta. Advierte de peligro de usar reservas internacionales.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
13 de enero 2016 , 10:03 a. m.

Durante la década del ochenta se enardeció el debate ideológico sobre las privatizaciones a nivel global. El detonante fue la arremetida de Reagan-Thatcher contra ineficientes entidades públicas, incluyendo los controladores aéreos en los Estados Unidos y los ferrocarriles en Gran Bretaña (ambos tomados por sindicatos que paralizaban esos países cuando querían).

En Colombia pensábamos (ingenuamente) que la politiquería barata sobre la conveniencia de privatizar ciertas entidades había quedado superada con el ‘apagón’ de principios de los años noventa, cuando el propio Partido Liberal (guiado enhorabuena por el pragmático presidente Gaviria) había frenado la corruptela que el Congreso había montado alrededor de las generadoras eléctricas a nivel territorial (¿remember Corelca y similares?).

Gracias a ello, Colombia no ha vuelto a enfrentar riesgos de apagón desde el fatídico 1992-1993, ya que la combinación de una entidad reguladora con criterios de largo plazo (Creg) y los incentivos de mercado al sector privado (incluyendo las termoeléctricas) ha permitido la expansión del servicio. Más aún, la provisión del fluido eléctrico sin propiedad estatal de Isagén no solo no desfallecerá en manos del sector privado, sino que podría mejorarse aún más, siempre y cuando la Creg continúe siendo el regulador con criterios de Estado.

Dicho de otra manera, ahora el motivo para pensar en privatizaciones (afortunadamente)no tiene que ver con “la captura del sector eléctrico” en Colombia, sino con la optimización de la tenencia de activos en momentos en que el país requiere agilizar la dotación de infraestructura, especialmente vial.

La administración Uribe II (2006-2010), de estirpe liberal, también buscó mejorar la utilización de los recursos de Isagén, tal como exitosamente lo había hecho con Telecom, y alcanzó a impulsar los estudios internacionales de su eventual venta e incluyó en el presupuesto del 2008 sus valores correspondientes.
¿Cuál es entonces el sentido económico de tener ahora al Partido Liberal y al Centro Democrático oponiéndose a la consecución de recursos adicionales para agilizar la dotación de infraestructura del país? Sentido económico, no existe ninguno; lo que existe es una politiquería de quinto nivel, que es difícil de concebir en pleno siglo XXI, cuando a Colombia lo ha dejado el tren de la modernidad por carencia de recursos presupuestales suficientes para enfrentarlo.
Veamos algunas de las falacias que han montado recientemente los opositores a la estrategia de optimización presupuestal:

EFICIENCIA PRESUPUESTAL

Durante el periodo 2015-2017, la administración Santos estará enfrentando faltantes presupuestales del orden de 2-3 por ciento del PIB por año para poder acometer la modernización de la educación, la universalización de los servicios de salud y la dotación de infraestructura de transporte; esto, a pesar de haberse apalancado mayoritariamente en recursos del sector privado a través de concesiones viales, fondos de deuda de las AFP y créditos con multilaterales para la infraestructura vial.

Por eso se requiere capitalizar la FDN con los recursos de la venta de Isagén (cerca de unos 2.200-2.500 millones de dólares), gracias a los cuales dicha FDN podrá salir a emitir bonos y así multiplicar el músculo estatal para lograr financiar la segunda y tercera olas de 4G.
La regla fiscal vigente, dado el desplome petrolero, pronto estará ‘apercollando’ la emisión de mayores vigencias futuras, las cuales ya totalizan un 10 por ciento del PIB en VPN (respecto del tope del 12 por ciento del PIB).
En este sentido cabe aplaudir la decisión del gobierno Santos II de utilizar la totalidad de esos recursos de la venta de Isagén para apalancar la dotación de infraestructura vial; amén del beneficio contable que supone poder manejar dichos recursos “por debajo de la línea”, tal como lo hizo la administración Gaviria con los provenientes de la “telefonía celular” en 1993-1994.

EL BR Y LA ‘CONTABILIDAD CREATIVA’

La Constitución de 1991 le prohibió al Banco de la Republica (BR) el artificio de entregarle al Gobierno el “producido contable” de la simple devaluación peso-dólar, sabiéndose que el origen de la inflación persistente y de dos dígitos de Colombia (1962-1992) provenía de la “Cuenta Especial de Cambios” (CEC).

Si bien el senador Luis Guillermo Vélez (q. e. p. d.) nunca renunció a su sueño de “torcerle el espinazo al BR” a través de condicionar sus reformas tributarias a revivir la CEC, pensábamos que las generaciones más tecnocráticas no caerían en semejante falacia, pero vemos que esto no ha sido posible.
Todavía existen personajes que comenten errores conceptuales, los cuales merecen aclararse: i) las RIN no son propiedad del BR, sino de aquellos tenedores de pesos que pueden demandarlas y, por lo tanto, no se puede dar la orden al BR de que se las entregue al Gobierno; y ii) el BR, como banco central, no requiere incrementar su capital para cumplir con “indicadores de solvencia”, sino que, precisamente, “esteriliza” totalmente el producido contable de la devaluación peso-dólar para mantener la masa monetaria bajo control al flotar la tasa de cambio.

Sergio Clavijo
Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) 

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