Más de 624.000 registros en la modalidad de contratación directa, es decir, la que se prohíbe a partir del 25 de enero, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, reposan en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), de la agencia Colombia Compra Eficiente. Y eso que aún no se logra el registro en línea de todo lo que se contrata en el país.
De ese total, 13.196 se han suscrito del primero de enero a la fecha.
La contratación directa, aunque está avalada por la Ley, se ha convertido en la más utilizada en el país en todas las épocas, pero se vuelve el caballito de batalla antes de las elecciones. Las entidades de control consideran que es de alto riesgo para el manejo de los recursos públicos, pues se presta para adjudicar contratos ‘a dedo’ y, con ello, pagar favores políticos que faciliten la compra de votos.
Sin embargo, es vista por algunos como el combustible para dinamizar la economía en los primeros meses y activar proyectos que estaban a medio camino.
A ello se le agrega el problema que ha puesto sobre el tapete la contralora Sandra Morelli, según el cual, por la Ley de Garantías, se está haciendo mal uso de la planeación para ejecutar los dineros del Estado, pues la contratación se acumula en la antesala de la prohibición.
En efecto, la avalancha de firmas de contratos empezó hace un par de meses, porque en los territorios colombianos la llamada Ley de Garantías rige desde el pasado 9 de noviembre. La prohibición expresa para alcaldes y gobernadores es de celebración de convenios interadministrativos, una variante de la contratación directa.
Una revisión hecha por la Contraloría, que ya empieza a ver un alto riesgo en el incremento de la contratación directa, señala que esta tuvo un crecimiento en octubre, en comparación con el mismo mes del 2012, al pasar de 20 a 52 por ciento. El caso de los convenios interadministrativos es todavía más preocupante. Según el organismo, “los convenios interadministrativos representan un 79 por ciento del total, lo cual podría constituirse en un importante riesgo, si se tiene en cuenta el especial régimen que detentan en su contratación (son directos)”.
Dentro de los hallazgos se destaca que “el Ministerio de Transporte –en particular el Instituto Nacional de Vías– acude a los convenios interadministrativos en un 97 por ciento. También mantienen la misma tendencia entidades como Fonade y Planeación Nacional, y el Ministerio de Comercio en menor proporción”.
En general, la contratación directa en octubre, frente al mismo mes del año pasado, iba a tal ritmo que la Contraloría estima que para el último trimestre del 2013 pudo haber alcanzado un crecimiento del 80 por ciento.
Los recursos involucrados no son de poca monta. De 3,3 billones de pesos en el décimo mes del 2012 se pasó a 4,4 billones en el mismo mes del 2013, nueve días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
La Contraloría destaca que, porcentualmente, el que más incrementó la contratación fue el Ministerio de Transporte, en 983 por ciento, seguido del de Justicia, en 948 por ciento.
La licitación pública, en cambio, no maneja altos montos. En octubre hubo adjudicaciones por 753.000 millones. Dentro del ritmo acelerado de los convenios interadministrativos en la antesala de la aplicación de la Ley de Garantías, la Contraloría llama la atención sobre el alto pago de honorarios, ya que en el lapso en que se aplica la norma no se puede contratar personal.
¿HAY QUE REVISAR LAS NORMAS?
Contralora Sandra Morelli abre el debate
Morelli de, inclusive, derogar la Ley de Garantías, porque hace que en el último año de mandato se pierda el tiempo, genera opiniones.
La directora de la agencia Colombia Compra Eficiente, María Margarita Zuleta, opina: “Si con la aplicación de una ley el sistema de contratación pública se afecta y no cumple con sus objetivos como los de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo, debe ser revisada”.
Por su parte, el ex auditor general Iván Darío Gómez sostiene que “mientras el Estado no sea el que financie las campañas políticas de corporaciones y mandatarios, y hasta que el voto no sea obligatorio, se debe mantener”.