Jurisdicción especial para la paz: lo bueno y lo malo

Jurisdicción especial para la paz: lo bueno y lo malo

El Gobierno tiene el deber de garantizar que dicha jurisdicción le sirva a la paz, evite la impunidad y no se convierta en un tribunal de la inquisición.

21 de diciembre 2015 , 06:16 p. m.

Finalmente se conocieron los famosos 75 puntos del acuerdo sobre justicia entre el Gobierno y las Farc. Hay de todo.

Se encuentran temas terminados, aspectos que deben ser desarrollados, conceptos indefinidos, elementos positivos y asuntos negativos para el presente y futuro del país. En fin, se trata de un documento respecto del cual se hizo un gran esfuerzo para entregárselo al país cocinado, pero que en realidad está a medio hacer.

Los negociadores dirán que fue una negociación compleja y que había que ser imaginativo, porque lo que importa es la paz. Una reacción de ese tenor sería comprensible. Pero no convencería a nadie, porque Colombia ha sido creativa en la construcción de marcos legales para regular la desmovilización, desarme y reinserción de grupos armados ilegales.

Lo que queda claro es que se le dio, a las Farc, la gabela de diseñar una jurisdicción especial autónoma. Ningún otro grupo había sido beneficiario de semejante concesión.

Sin embargo, conviene hacer un apretado balance sobre lo que parece conveniente y aquello que resulta perjudicial.

¿QUÉ ES BUENO?

1. Que su objetivo sea satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición.

2. Que se base en la autonomía del Estado.

3. Que se fundamente en los principios del derecho internacional, el derecho de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el derecho penal internacional.

4. Que reconozca que hay conductas particularmente graves que no pueden ser amnistiables ni indultables.

5. Que proclame el respeto al debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

6. Que garantice la participación de las víctimas.

7. Que consagre la priorización y selección de casos.

8. Que precise que los delitos no amnistiables ni indultables son el objeto del componente de justicia.

9. Que precise que respecto de los grupos armados ilegales solamente se aplicará a quienes suscriban un acuerdo de paz con el Gobierno.

10. Que excluya de la competencia la conducta de financiación o colaboración a grupos armados ilegales que sean el resultado de la coacción.

11. Que precise que la competencia, con respecto a las conductas de financiación o colaboración con grupos armados ilegales, se aplique únicamente a quienes tuvieron una participación determinante y habitual en la comisión de los crímenes que son de la esfera de la jurisdicción especial.

12. Que precise que los agentes del Estado tendrán un tratamiento diferenciado, así como la responsabilidad de estos con mando.

13. Que precise que ese tratamiento diferenciado tendrá en cuenta la condición de garante de derechos por parte del Estado, así como la presunción de que este ejerce manera legítima el monopolio de las armas.

14. Que consagre penas privativas de la libertad en condiciones ordinarias para quienes no reconozcan su responsabilidad de forma oportuna, y para los que sean condenados cuando se sometan a un juicio contradictorio.

¿QUÉ ES MALO?

1. Que se reforme, en La Habana, la estructura del poder judicial, convirtiendo así la mesa de conversaciones en congreso y constituyente.

2. Que se modifique de esa manera el Código Penal.

3. Que se desconozcan principios como el del juez natural.

4. Que se desconozcan obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en tratados y convenios internacionales.

5. Que se desconozca el principio de legalidad.

6. Que se desconozca la no retroactividad en materia penal.

7. Que se desconozcan estándares internacionales en materia de sanciones a los responsables de los más graves delitos.

8. Que consagre una competencia temporal, material y personal indefinida.

9. Que no defina el concepto de partícipe indirecto en un delito cometido con ocasión del conflicto.

10. Que no defina qué se entiende por participación indirecta en un delito cometido con ocasión del conflicto dentro del contexto.

11. Que consagre sanciones restrictivas de la libertad en condiciones especiales a los responsables de los más graves delitos que reconozcan su responsabilidad oportunamente.

12. Que permita que el narcotráfico sea considerado como conexo al delito político.

13. Que permita que el secuestro de los miembros de la fuerza pública sea considerado como conexo al delito político.

14. Que consagre que los culpables de los más graves delitos puedan ser elegidos inmediatamente.

15. Que no se exija a las Farc reparar a las víctimas con sus recursos.

16. Que queden sujetos a la nueva jurisdicción autónoma, al mismo tiempo, el terrorismo, las fuerzas armadas y la sociedad civil.

Si no se hacen las precisiones necesarias y se definen con claridad varios conceptos, se sembrarán semillas de inseguridad jurídica para los colombianos. El Gobierno tiene el deber de garantizar que dicha jurisdicción le sirva a la paz, evite la impunidad y no se convierta en un tribunal de la inquisición.

Carlos Holmes Trujillo García
Excandidato a la Vicepresidencia de la República.
 

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