Más de $ 128 mil millones de multa por soborno transnacional

Más de $ 128 mil millones de multa por soborno transnacional

Así quedó consignado en nueva ley que pasó a sanción presidencial. Este era uno de los requisitos para la aceptación de Colombia en el seno de la Ocde.

17 de diciembre 2015 , 07:56 p. m.

Las empresas colombianas que ofrezcan coimas a funcionarios de otros países donde tienen operaciones para acceder a contratos y concesiones tendrán multas que pueden llegar hasta los 200 mil salarios mínimos mensuales, que en la actualidad equivalen a más de 128 mil millones de pesos.

Así quedó consignado en el proyecto de ley que surtió su cuarto y último debate a la medianoche del miércoles en el Senado y que espera sanción presidencial, y cuyo objetivo es combatir la corrupción transnacional.

“Este proyecto de ley que sanciona a las personas jurídicas por casos de cohecho en el extranjero es un hito que ubica a Colombia en una situación de liderazgo frente a varios de sus pares lationamericanos e inserta al país en el grupo de naciones con mejores prácticas contra ese flagelo”, explicó el ‘zar’ anticorrupción de la Presidencia, Camilo Enciso.

De hecho, esta había sido una de las recomendaciones del equipo evaluador de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que consideró que las sanciones eran demasiado bajas y no tenían capacidad disuasiva, y se convirtió en un requisito dentro del proceso de aceptación de Colombia en ese organismo, el cual se espera que concluya en el 2016.

También cobra mayor validez dado el auge de las inversiones de grupos empresariales nacionales en el extranjero.

Hoy día, en el ordenamiento jurídico nacional está tipificado el cohecho y las personas que sobornan a empleados del Estado a cambio de un favorecimiento. Sin embargo, no había sanciones para las empresas a las cuales estas representan y serían las beneficiadas por esa conducta.

Igualmente la nueva norma le otorga competencias a la Superintendencia de Sociedades para que identifique a los responsables, investigue e imponga sanciones que van hasta el monto señalado.

Enciso reconoce que esta no profundizó en las herramientas directas de investigación para la Súper, como intervenir líneas telefónicas, pero sí contempla la obligatoriedad de que las empresas entreguen de manera oportuna toda la información solicitada, so pena de tener sanciones.

Por su parte, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, destacó la importancia de un instrumento como este que les da la posibilidad de actuar ante sospechas de actuaciones indebidas, especialmente en entidades financieras y empresas que coticen en bolsa. Igualmente, puede suscribir acuerdos con la Fiscalía y con autoridades internacionales para apoyar las investigaciones.

“Con esta ley se fortalecen muy significativamente las facultades de la Supersociedades y se avanza mucho en un régimen más severo para contribuir con la agenda de moralización del sector empresarial”, puntualizó Reyes.

Adicionalmente, se plantean incentivos para las compañías que adopten políticas anticorrupción.

“Quienes no logren demostrar la adopción de esos planes van a tener más dificultades y podrán ser sancionadas con más severidad”, el ‘zar’ anticorrupción.

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