Licitaciones por $3,2 billones serán investigadas

Licitaciones por $3,2 billones serán investigadas

Hay concentración de contratos en un proponente en los municipios, dice la CCI.

28 de noviembre 2015 , 05:47 p.m.

No solo los carteles empresariales que afectan directamente el bolsillo de los colombianos están bajo la lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio, también lo están quienes buscan monopolizar la contratación del Estado vía licitaciones direccionadas.

Al cierre del XII Congreso Nacional de la Infraestructura, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, aseguró que adelanta una investigación en torno a varios procesos licitatorios. “Estos involucran presupuestos por $3,2 billones y en donde tenemos más de 300 procesos de contratación estatal en revisión. En ellos han participado 540 empresas”.

Ante un auditorio de 3.000 asistentes en el evento de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Robledo señaló que el país debe dar debates éticos en torno a estos asuntos y recordó que de por medio está comprometida la plata del presupuesto nacional.

El Superindustria dijo que la Procuraduría, la SIC, la Fiscalía y varias entidades con misión de vigilar la contratación pública “tienen que aumentar sus investigaciones. Hay que buscar más ofertas para que el Estado se beneficie de la libre competencia entre distintos oferentes”.

De otra parte, durante la clausura del Congreso, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, recordó que el Gobierno está promoviendo un pacto por la transparencia, que se constituye en un conjunto de “reglas claras para evitar actos de corrupción y para impedir que existan contratos direccionados a favorecer un único oferente”.

Los que se vinculen al pacto por la transparencia, dijo el jefe de Estado, recibirán recursos de la Nación y “quienes no lo hagan, no tendrán nada”.

Concluyó que el Ejecutivo está preparando una nueva ley de contratación pública que “debe establecer reglas de juego” que no sean para un sector en particular. “Tenemos previsto presentar esa reforma al Congreso en los próximos meses y nuestro objetivo es que sea “un estado del arte en contratación”.

A su turno, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, dijo que pese a que el Gobierno ha promovido la implementación de los pliegos tipo y de herramientas legales para evitar que la contratación de infraestructura se concentre, el 96 % de los contratos de transporte en los municipios conducen a únicos oferentes.

COSTO DE LA CORRUPCIÓN REGIONAL EN OBRAS ES DE $500.000 MILLONES

“El costo anual de la corrupción en el nivel subnacional es de $500.000 millones. Ese es un grave problema que debe ser corregido. Hay razones para denunciar la escasa pluralidad que daña el sano desarrollo de nuestra industria”, aseguró Caicedo Ferrer, quien consideró necesario realizar ajustes en las leyes de contratación (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 del 2007). “En esos retoques debe hacerse el pliego tipo vinculante para evitar procesos licitatorios manejados por los corruptos”.

Y este panorama de corrupción regional, agregó el Presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, debe ser afrontado por las pequeñas y medianas compañías de infraestructura que operan en el país. Sin embargo, ante el llamado del gremio, el Gobierno busca que estas firmas puedan acceder a un mayor número de proyectos gracias a que se les eliminarán restricciones como la de no entregar anticipos para obras hasta de $20.000 millones.

En el caso de los departamentos, el 76 por ciento de los contratos de transporte está hecho a la medida para que únicos oferentes puedan adjudicárselos, afirmó Juan Martín Caicedo y pidió que los entes de vigilancia y control fortalezcan sus mecanismos de inspección para garantizar que la contratación en todo el país sea más transparente y que cuente con una estandarización de los documentos que deben diligenciarse.

Entretanto, el exministro, Néstor Humberto Martínez, señaló que la contratación pública atraviesa una crisis que se está fraguando en medio de “una democracia local enferma. Esta no concita la formulación de políticas públicas, sino que está puesta al servicio de intereses”.

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