El eterno karma de los desplazados en Colombia

El eterno karma de los desplazados en Colombia

Son diversas las voces de la sociedad civil que hacen un llamado a autoridades estadounidenses y europeas para que condicionen sus tratados comerciales con el país al respeto de los derechos humanos en el territorio nacional por parte de los terroristas.

24 de noviembre 2015 , 08:16 p.m.

Es francamente doloroso constatar el padecimiento de muchísimas familias de nuestro país agobiadas por la espiral de violencia que hace décadas nos caracteriza, y que obliga a millares de estas, a padecer no uno o dos, sino varios desplazamientos.

En efecto son desplazados de sus lugares de origen a centros urbanos más poblados, luego a la capital del país y finalmente se ven obligados incluso a emigrar a otra nación.

Este fenómeno obedece a los terribles tentáculos de la violencia ejercida por diferentes actores como grupos guerrilleros, paramilitares, ‘bacrim’ y delincuencia común, que continúan con sus fechorías a pesar de que se han desmovilizado, entregado armas e incluso sometido a la justicia, pues desde las mismas cárceles siguen delinquiendo al amparo de instituciones débiles y algunas francamente corruptas.

Contextualizando: Colombia es un bello país con el cual la naturaleza ha sido bastante generosa en recursos hídricos, minería, fauna y flora, además su tierra es altamente fértil, ya que no sufre de los rigores extremos climáticos, pues se encuentra en la línea ecuatorial y/o tropical.

La complejidad geográfica del territorio agreste, montañoso y selvático, unida a la escasa infraestructura vial y social, la debilidad del poder judicial, las dificultades del control policivo, la incapacidad reformista de los partidos tradicionales, ha impedido una efectiva presencia del Estado, dando lugar a condiciones favorables para el desarrollo de grupos guerrilleros, narcotraficantes, de defensa y justicia privada y delincuencia en general.

En los años 80 las Farc y los narcotraficantes sostuvieron acuerdos de convivencia. Los narcos pagaban a la guerrilla para que protegiera los cultivos, laboratorios y las rutas para sacar la droga y entrar los insumos. Luego se presentaron desacuerdos cuando las Farc quisieron tener mayor participación. Ya no sólo en el gramaje, sino cobrar por el producto terminado, lo que obviamente representaba más dinero. En respuesta a esta situación los narcotraficantes fortalecieron sus aparatos armados propios.

De allí surgió otro cáncer para el pueblo colombiano: Los paramilitares, grupos sanguinarios que lucharon contra los guerrilleros para proteger a los hacendados y narcotraficantes. Percatándose de su poder armado, decidieron apropiarse de zonas de cultivos de coca, así como de rutas para el tráfico por el río Meta y la frontera con Venezuela.

Se crearon verdaderos ejércitos como el autodenominado ‘Bloque Centauros’ en los departamentos del Meta y Guaviare y especialmente en los municipios de Cubarral, El Dorado y Cumaral. En la década de los 90 sus jefes ordenan articular todas las organizaciones existentes. El sello que imprimieron para anunciar su llegada fue la realización de varias masacres, iniciando por lo menos con 200 personas asesinadas a sangre fría en Mapiripán y Puerto Alvira, así como la comisión de múltiples asesinatos selectivos en Cumaral, entre otros municipios.

Esto dio lugar a que por lo menos cuatro millones de colombianos de diferentes partes del país fueran desplazados de sus tierras y lugares de origen. Con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se adelantó un proceso de desmovilización y entrega de estos grupos denominado “Justicia y Paz”, el cual ha recibido muchas críticas, pues se configuraron falsas desmovilizaciones, que hoy en día tiene enjuiciados a funcionarios del citado gobierno.

Además, muchas de esas organizaciones lo que hicieron fue mutar a la figura de bandas criminales, más conocidas como ‘bacrim’, los mismos terroristas pero revestidos como simples delincuentes.

Estos últimos forajidos se camuflaron en el sentido de que ya no perpetraban masacres, sino recurrieron a la figura de la ‘vacuna’, especie de cobro para garantizar la seguridad de sus víctimas. Muchísimas de estas, ni siquiera sienten sosiego cuando los criminales son detenidos, pues desde la cárcel siguen delinquiendo impunemente.

En conclusión, son variadas las voces de la sociedad civil colombiana, que hacen un llamado a autoridades estadounidenses y europeas para que condicionen sus tratados comerciales con Colombia al respeto de nuestro país frente a la violación de derechos humanos, y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue -cuanto antes-, para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los terroristas, llámense como se llamen.

LA VIOLENCIA EXPULSA A LA GENTE DEL PAÍS

Un ejemplo de todo esto es lo que sucede en el departamento del Meta. Las familias son desplazadas de sus áreas rurales hacia Villavicencio, de allí emigran a la capital del país, con el agravante de que el acoso criminal de la ‘vacuna’ se extiende a los familiares capitalinos que se consideraban ajenos al problema de sus familiares provincianos, lo que obliga a los más jóvenes, con todo el futuro por delante, a emigrar incluso hacia otros países. Cuando no logran refugiarse en el extranjero, los desplazados terminan siendo la carne de cañón de donde se nutren las bandas criminales y los grupos terroristas para seguir completando sus filas. Esto se convierte en una bola de nieve que va creciendo y volviendo el problema insostenible.

Miguel Celis García

Catedrático universitario

Especial para Portafolio

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