Vargas Lleras vs. Garzón

Vargas Lleras vs. Garzón

¿Quién tiene la razón: el ministro Vargas Lleras o el vicepresidente Garzón?

19 de junio 2011 , 07:47 p.m.

Lo que hemos leído como un choque personal entre dos de los pesos pesados del gobierno Santos es en realidad una discusión de fondo sobre los estándares de legalidad posibles/deseables en el marco de una transición. En efecto, tal y como se discute extensamente en 'Negociar la paz o hacer justicia', la justicia en tiempos de transición plantea una serie de cuestiones complejas, con un profundo impacto práctico, que obligan a ponderar, simultáneamente, el pasado y el futuro, sin dejarse afectar abiertamente por los juicios políticos, ni desapegarse de los principios de legalidad.

Por un lado, tenemos al Ministro vetando completamente la posibilidad de considerar una amnistía o un indulto, y por el otro, al Vicepresidente recordando la necesidad de abrirles la puerta a medidas de este tipo y pensar en ellas como un "perdón" indispensable para alcanzar la "paz". Habría que recordar que Colombia ya supera la sanción de más de un centenar de actos de amnistía, indulto, perdón y sus sinónimos, y evidentemente estos instrumentos no han surtido el efecto esperado. La muy abusada ley de justicia y paz es, en sí misma, un acto de amnistía soterrado. Y, sin embargo, habría que recordar también que la amnistía individual, en conjunción con la garantía de los derechos a la verdad y a la reparación, no ha sido proscrita del derecho internacional.

Existe la obligación jurídica internacional de enjuiciar, con independencia de la situación política. Esta responsabilidad internacional de enjuiciar se extiende tanto a los autores individuales de los crímenes, como a sus superiores, civiles o militares, bajo la teoría de la responsabilidad de la cadena de mando. La omisión en el juzgamiento o la extradición de los culpables pueden llegar a constituir una violación del derecho internacional del Estado en cuestión. Las amnistías, de facto o de jure, formuladas para cubrir crímenes de extrema gravedad, también podrían ser invalidadas en una corte doméstica o ante un organismo internacional. Sin embargo, las tendencias recientes en la práctica de los Estados indican también la aparición de un marco jurídico en el que es posible acomodar fórmulas que incluyen tanto la amnistía individual como el enjuiciamiento de responsables.

Los mecanismos de rendición de cuentas nacionales han recibido algún refuerzo en los últimos años, por ejemplo, a través de leyes específicas que tipifican como delito los crímenes internacionales en virtud del derecho nacional, o que establecen la validez de la jurisdicción universal ante los tribunales nacionales por esos hechos.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado una serie de resoluciones que reconocen los derechos a la restitución, la indemnización y la rehabilitación de dichas víctimas, pero no hay duda de que el caso colombiano está a la vanguardia de la verificación sobre los hechos del cumplimiento de estas obligaciones. No tenemos antecedentes de un ejercicio de la magnitud propuesta por la ley de víctimas y restitución de tierras; de allí que se hable con insistencia de los riesgos de la aplicación, no solo por su novedad, sino por la considerable cantidad de enemigos que se aferrarán al sistema feudal que persiste en buena parte de nuestro territorio.

¿Quién tiene la razón: el ministro Vargas Lleras o el vicepresidente Garzón? He aquí el desafío que habría que plantearles para elevar esta discusión de nivel: ¿puede generarse un puente entre las medidas para incentivar la desmovilización y el desarme y la ley de víctimas? ¿Cómo convertir estos esfuerzos, que por ahora lucen independientes, en los pilares de una política pública de transición? ¿Estará este Gobierno dispuesto a explorar con audacia?

Twitter: @nataliaspringer

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