Plan para evitar acción de bandas en las elecciones

Gobierno dice que esos grupos planean interferir en 67 municipios. Medellín, Montería y Santa Marta, en alerta.

18.01.2024 18:24 Actualizado: 14.02.2011 21:36

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El Gobierno Nacional prepara un "plan de choque" para impedir que las bandas criminales interfieran en el proceso electoral que se realizará en octubre próximo, en 67 municipios del país.

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, denunció ayer que estas organizaciones criminales "tienen la intención de incidir en el proceso político para la elección de los próximos alcaldes, gobernadores, asambleas y concejos municipales".

Incluso, aseguró que el Gobierno Nacional tiene información muy precisa sobre la forma como estos grupos ilegales pretenden interferir en el proceso electoral.

"Pueden generar participaciones atípicas, anomalías por votos blancos, nulos o tarjetones no marcados, así como limitaciones a la competencia electoral; y ya la Fiscalía General tomó medidas, al igual que el Consejo Superior de la Judicatura", dijo Vargas Lleras.

Las revelaciones del Ministro dan cuenta de que estas "ya no son un fenómeno exclusivo de los centros urbanos, sino que muchas de ellas ejercen control territorial en varios departamentos, dentro de la misma estructura criminal".

El "plan de choque" que el Gobierno presentará en breve contra estas organizaciones "es una estrategia que involucra al Estado en su conjunto", dijo Vargas.

La mayor influencia de las bacrim está en el oriente, la zona caribe y el Pacífico colombiano.

Un aspecto que llama la atención del mapa de riesgo revelado es que entre los lugares con alto riesgo hay ciudades capitales, como Medellín, Montería, Arauca, San José del Guaviare, Santa Marta y Valledupar.

Las bacrim, según el propio Gobierno, ya no son un fenómeno exclusivo de los centros urbanos.

Las bacrim están conformadas en su mayoría por ex integrantes de los grupos paramilitares que no se desmovilizaron o que regresaron a la delincuencia luego de haber dejado las armas.

El presidente Juan Manuel Santos descartó hace una semana cualquier posibilidad de establecer un diálogo político con esas estructuras, en busca de su extinción.

En algunos casos podría haber solo una "interlocución" para facilitar su sometimiento a la justicia, pero sin consideraciones políticas.

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