Editorial: El fin del comienzo

Editorial: El fin del comienzo

La Presidencia se tomó en serio las facultades que brindan los estados de excepción.

24 de enero 2011 , 07:35 p.m.

    El pasado sábado, en Villavicencio, el presidente Juan Manuel Santos declaró finalizado, desde el punto de vista legal, el estado de excepción a causa de la temporada invernal. A pesar de que aún le quedaba una semana más a la prórroga de la declaratoria, la Casa de Nariño considera que la legislación diseñada al amparo de las facultades extraordinarias "es suficiente para atender esta tragedia".

    Desde el 7 de diciembre pasado, el Gobierno expidió un total de 37 decretos con fuerza de ley con el objetivo de estructurar de manera más ágil la respuesta estatal a los estragos de las lluvias. Si bien en las últimas semanas el país ha podido dar un respiro, el más reciente reporte de la emergencia a finales del año pasado sigue siendo abrumador: 2,2 millones de colombianos afectados en 710 municipios de 28 departamentos.

    Una mirada a la treintena de decretos muestra que la Presidencia se tomó en serio las amplias facultades que la Constitución le brinda para los estados de excepción. La batería de herramientas es amplia en las áreas que cubre, así como ambiciosa en su alcance. Al abrigo de los decretos extraordinarios, el presidente Santos hizo de todo: reducir trámites de minería y de construcción de infraestructura; crear programas de empleo y de reforestación; diseñar seguros de cosechas y viviendas; establecer subsidios a servicios públicos, autorizar alivios tributarios y hasta modificar los límites de velocidad en las carreteras.

    Pero las decisiones de mayor impacto son las tomadas en materia de impuestos, presupuesto nacional y el aparato ambiental del país. La Casa de Nariño empleó los poderes de la emergencia para aprobar una extensión de los tributos del patrimonio y de transacciones bancarias y para iniciar el proceso de venta de acciones de Ecopetrol. Unos 5,7 billones de pesos se estarían adicionando por estos rubros al presupuesto anual de 147 billones.

    A lo anterior se añade un par de decretos que pretenden un rediseño del sistema de las corporaciones autónomas regionales (CAR). Si bien más tímido que en su intención original, las CAR no sólo estarán obligadas a destinar recursos a la atención del invierno, sino que su esquema de gobierno será más transparente y, se espera, menos politizado. Por último, la Casa de Nariño creó y estructuró los Fondos de Calamidades y de Adaptación para administrar con liderazgo empresarial -y sin las amarras de las normas estatales- los multimillonarios recursos públicos y privados de la rehabilitación.

    Terminada la fase de diseño del aparato legal y ejecutivo para atender la tragedia, se puede afirmar que es el fin del comienzo de la emergencia. Es justo decir que el estado de excepción le permitió al Gobierno armarse de herramientas legales, de recursos fiscales y de músculo administrativo para desplegar un esfuerzo serio y transparente de reconstrucción de las áreas golpeadas.

    Asimismo, el país espera entonces no sólo el despegue de las obras de rehabilitación sino también que, ante los pronósticos de continuación de 'La Niña' hasta junio de este año, no se presenten tantos estragos. El seguimiento al amplio conjunto de medidas y la vigilancia de los dineros es el mayor reto administrativo que el gobierno Santos ya enfrenta. Con instrumentos para brindar salud, empleo de emergencia y garantizar las jornadas escolares, las precarias condiciones de vida de los damnificados deben empezar a estabilizarse pronto.

    La Casa de Nariño ya dio el primer paso: convertir esta crisis en una oportunidad al emplear al máximo, y con algún exceso, las facultades de la emergencia. El segundo paso, la ejecución del ambicioso plan, no será tan fácil.

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