Registradores, en la mira por dar tierra a miembros de grupos ilegales

Registradores, en la mira por dar tierra a miembros de grupos ilegales

En Cesar, Antioquia, Atlántico y Vichada titularon con fraudes 120.000 has. 'Cuchillo' tenía 15.000.

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18 de enero 2011 , 09:30 p.m.
La Superintendencia de Notariado y Registro sigue encontrando irregularidades en el barrido que inició el año pasado en las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país.

El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, anunció ayer que su despacho estudia la destitución de al menos cinco registradores de instrumentos públicos en Antioquia, Bolívar y Meta por haberse prestado para este tipo de ilícitos.

En Mapiripán (Meta), por ejemplo, funcionarios públicos colaboraron para que un predio de 15.000 hectáreas terminara en manos del narcoparamilitar Pedro Oliverio Guerrero, alias 'Cuchillo', muerto el pasado 25 de diciembre.

Según Vélez, la estrategia consistió en tomar las escrituras de los baldíos -que pertenecen a la Nación y que manejaba el liquidado Incora-, cerrar el folio y crear una compraventa a favor de un tercero.

"Luego utilizaron una escritura de una notaría de Armenia y lo que hicieron fue 'gemelear' los números de las hojas de la escritura y se le vendió a una persona cuyo nombre es Gonzalo Leaño Tatar, investigado por pertenecer a uno de los grupos al margen de la ley", explicó Vélez.

Agregó que por este caso se investiga al registrador de San Martín (Meta), que fue donde se hizo la diligencia.

"Con sorpresa, cuando se fue a mirar el expediente, el caso contra el notario se había archivado. Se ha iniciado un proceso disciplinario contra la persona que archivó esto hace unos ocho meses, cuando se abrió esta investigación", dijo.

Entre otras irregularidades, se encontró que la escritura para la venta a la gente de 'Cuchillo' está fechada el 18 de mayo del 2005, pero los seriales de las hojas corresponden al 2006.

Además, se estableció que parte de las hojas de ese documento no son de la notaría de San Martín.

Seis oficinas intervenidas

El Superintendente reiteró que hasta el momento han sido intervenidas seis oficinas de Registro en las que "se han iniciado las investigaciones respectivas, o sea que nos estamos preparando muy bien para que en el momento que el Congreso apruebe la Ley de Víctimas tengamos un inventario muy claro de hacia dónde tenemos que actuar".

El funcionario agregó que, hasta el momento, se han detectado titulaciones irregulares en 120.000 hectáreas, especialmente en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Vichada, Cesar y Meta.
"Meteremos la nariz en todo el país. Vamos a buscar la verdad de lo que ha pasado con las tierras", dijo.

A finales de diciembre, y tal como lo reveló EL TIEMPO, la Superintendencia pidió que se investigara a la registradora de Carmen de Bolívar (Bolívar) por irregularidades en la protección de tierras de desplazados y en la compraventa de otros predios.

El caso está en la Fiscalía, pero una tutela, interpuesta por la ex funcionaria, obligó a su restitución en el cargo.

La Procuraduría también avanza en la investigación de este tipo de casos, específicamente en el robo de baldíos de la Nación en el Meta.

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