En noviembre de 2002, el presidente Álvaro Uribe invitó a paramilitares a negociar. El Consejo Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), liderado por Carlos Castaño, respondió decretando una tregua permanente desde el 1° de diciembre de 2002. Así inició un proceso de paz entre el Gobierno y esta organización.
La Ley 782 de 2002, el decreto 1258 de 2003 y la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz, reglamentaron la desmovilización de los 'paras'. Quienes confesaran todos sus delitos y contaran toda la verdad a las autoridades obtendrían una pena máxima de ocho años en prisión, a menos de que hubieran cometido delitos de lesa humanidad.
La ley fue aprobada en medio de la polémica. El Gobierno afirmaba que impone "unos requerimientos altos de justicia", mientras la oposición y sectores internacionales decían que le abrió la puerta a la impunidad.
A cinco años de su puesta en marcha, la ley les permitirá conocer la verdad a más de 219.000 víctimas -según la Comisión Colombiana de Reparación y Reconciliación- y hará posible que la magnitud del fenómeno paramilitar y sus horrores comience a ser conocida públicamente. Sin embargo, a cinco años de su puesta en marcha sólo dos personas serán condenadas por los crímenes atroces.
De la paz a la extradición
Desde enero de 2003 representantes del Gobierno y los paramilitares llevaron a cabo los diálogos en la localidad de Santa Fe de Ralito (Córdoba). El 15 de julio de ese año se firmó el llamado 'Acuerdo de Ralito', en el que las Auc se comprometieron a desmovilizar a todos sus miembros antes de 2005.En abril de 2006 se desmovilizó el último de los 30.150 hombres que -según Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la Paz- pertenecían a las filas de las Auc. Los miembros de la cúpula del grupo terrorista gozaron de libertad hasta agosto de ese año, cuando Uribe ordenó recluir a 14 de ellos en un antiguo centro vacacional en La Ceja (Antioquia). En diciembre, el Presidente ordenó el envío de 59 ex comandantes 'paras' a la cárcel de Itagüí, en Antioquia, por una supuesta situación de inseguridad.
Afirmando que "algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz", el 13 de mayo de 2008 ordenó la extradición a EE. UU. de los 14 líderes principales de las Auc. Con ello, logró que pagaran en ese país por sus delitos de narcotráfico, pero -a juicio de la oposición- impidió que los jefes revelaran verdades inconvenientes para el mandatario y su círculo cercano.
Muere Carlos Castaño, líder de las Auc (2004)
Cuando lideraba los acercamientos con el Gobierno para iniciar un proceso de paz, el líder histórico de las Auc, Carlos Castaño, fue asesinado por sus propios hombres en 2004. Según versiones periodísticas, la muerte de Castaño fue ejecutada por alias 'Monoleche', un lugarteniente de Vicente Castaño-hermano del asesinado- y autor intelectual del homicidio. Castaño habría muerto en medio de una disputa sobre si las Auc debían o no servirles de plataforma a los narcotraficantes para obtener beneficios políticos.