La herida abierta de la tragedia del palacio de Justicia: la soledad

"La del palacio de Justicia es una tragedia marcada por la soledad de las víctimas" escribe Ana María Bidegaín de Urán
Urán, quien salió vivo, fue asesinado y luego arrojado en las ruinas.

Hay explicaciones de los hechos que emanan de diversos horizontes pero es difícil construir nuestra memoria con fuerza sanadora. La impunidad no nos deja sanar ni olvidar y mucho menos perdonar y encontrar la paz. Además, mientras haya impunidad, el crimen se perpetúa, puede repetirse y todos vivimos bajo el terror.

Es una herida abierta porque no logramos enterrar a nuestros muertos, pues no aparecen.

Desde hace 25 años, los familiares de las víctimas desaparecidas siguen reclamando una mínima evidencia, una brizna de verdad, que les permita hacer su duelo y terminar con esta pesadilla. La tragedia continúa también para quienes hemos logrado enterrar a nuestros muertos. Ellos no descansan y nosotros tampoco, porque no ha habido justicia y porque la verdad histórica se sigue ocultando y ellos han sido estigmatizados. Siguiendo un patrón ya mostrado en otras masacres en el país, una de las estrategias ha sido estigmatizar a las víctimas, como manera de justificar el atropello y la transgresión de los límites establecidos por la Constitución y las leyes. Por ejemplo, quienes desaparecieron, torturaron y asesinaron a Carlos Horacio Urán difundieron una serie de rumores que desfiguraban la esencia de su personalidad, con el fin de justificar el homicidio y buscar legitimidad en una opinión pública que considera que la paz se construye con la fuerza de las armas y no con la razón y la búsqueda de solución a los conflictos.

En estas condiciones no puede haber justicia ni reparación ni no-repetición del crimen ni dignificación de la memoria de las víctimas.

La llaga también sigue abierta porque fue un ataque al corazón del Estado de derecho, la administración de Justicia, y podría volver a suceder. En un Estado de derecho moderno y democrático, la división de poderes y la dignidad y el respeto igual a todos los poderes es central. Sin embargo, todavía no parece que esto haga parte del imaginario nacional. Una masa enorme de colombianos, incluidos altos dirigentes políticos, considera que al Ejército nacional no lo pueden limitar las leyes y la Constitución cuando se trata de enfrentar al enemigo. El Estado de derecho y, en particular, la división de poderes, no se reconoce. El grito desesperado del doctor Reyes Echandía todavía es una voz que clama en el desierto. No se valoran la Constitución y las leyes como referentes de deberes y derechos para todas y todos, ni se reconocen en ella la brújula organizativa del Estado ni los límites que ella establece para quienes han sido investidos por la voluntad popular de cualquier forma de poder.

Se mantiene el discurso de que se vive en una democracia pero se actúa bajo una guerra no declarada. Amplios sectores consideran que la función del Ejército es aniquilar al delincuente, no entregarlo al poder judicial. La lógica del poder de la mayoría en el país pasa por la eliminación del contrario y poco importa si los daños colaterales implican la muerte de no combatientes y de civiles indefensos. Los medios de comunicación, a pesar del esfuerzo de muchos periodistas profesionales por ejercer con responsabilidad su función, son utilizados para confundir, difamar y calumniar por improvisados columnistas.

La del palacio es una tragedia que no tiene cierre ni final porque la lógica, las estructuras y los mecanismos de producción simbólica, dominante en Colombia, siguen produciendo y reproduciendo la guerra. El pacifismo militante, la no violencia activa, no tienen suficientes defensores, lo que es un absurdo en un país desbordante de los más diversos sectores cristianos que deberían enarbolar esa causa. Por el contrario, desde las feligresías hasta sus jerarcas, hay quienes se han plegado a las lógicas político-guerreras, hacia uno u otro bando.

La del palacio de Justicia es una tragedia marcada por la soledad de las víctimas. Todos los demás poderes del Estado las dejaron en medio de la confrontación armada, soledad que se continúa en los sobrevivientes y en los familiares de las víctimas, en particular los familiares de las personas desaparecidas, que durante 25 años pese a los agravios y vejámenes, siguen no sólo buscando a sus muertos, sino reclamando y exigiendo que actúe la administración de justicia, alimentando la esperanza y machaconamente creyendo en el estado de derecho.

Soledad, también de los administradores de justicia que llevaron el caso hasta donde les fue permitido, como la fiscal Buitrago y la jueza Jara, que luego de proferir sentencia debió pedir asilo en otro país. Soledad de los abogados y de organizaciones como la Comisión Inter-congregacional de Justicia y Paz , y todos quienes han acompañado a las víctimas, aún sufriendo la persecución y la muerte , como es el caso del abogado Eduardo Umaña.

Soledad porque es una tragedia de la que no se puede hablar abiertamente. Abogados, representantes de la justicia, familiares de las víctimas han estado y están bajo la constante amenaza de "la escucha", lo que impide una comunicación fluida necesaria para el desarrollo de las investigaciones y el establecimiento de las demandas de las familias de las víctimas, que son, así, doblemente victimizadas.

Aunque, quizás ningún otro acontecimiento de la historia nacional ha estado tan cubierto como el del caso del holocausto de la Justicia, no se ha logrado formar una conciencia en la ciudadanía que exija que lo que pasó no puede repetirse en ningún rincón del país, que es necesaria la Justicia, y que no haya más impunidad y se diga no al uso de las armas como forma de resolver los problemas.

Soledad, porque la propia sociedad se divide entre el núcleo que cree que se hizo lo que era necesario y los que no pueden acercarse y solidarizarse con los familiares de las víctimas, porque están aterrorizados, muertos de miedo, porque siempre es posible que el horror se repita. La lógica de la guerra continúa siempre latente, la impunidad campea y la herida seguirá sangrando.

En el 2007, la Fiscalía encontró un búnker secreto en la Escuela de Caballería en el que aparecieron la billetera del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, perforada de un disparo, y una lista que contenía su nombre, el del magistrado Manuel Gaona (también inmolado en el Palacio) y los de los guerrilleros que asaltaron la sede máxima de la Justicia colombiana, en el centro de Bogotá. Fue el inicio de una investigación que se aceleró más tarde, con la aparición de un video en el que se veía a Urán salir con vida del Palacio. Gracias a esa grabación, hoy están llamados a indagatoria a tres generales retirados -Carlos Alberto Fracica, Jesús Armando Arias Cabrales y Rafael Hernández López- por el asesinato del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, cuyo cadáver apareció misteriosamente dentro de las ruinas del edificio. Es el tercer capítulo judicial de la tragedia del Palacio, pues la Fiscalía investiga las desapariciones de 11 personas y las torturas a varios sobrevivientes.

La Fiscalía y la Comisión de la Verdad creada por la Corte Suprema "... salió con vida del Palacio de Justicia bajo custodia militar, con lesiones que no tenían carácter letal, por lo que su muerte no se produjo en los hechos de la toma o de la retoma", dice la Comisión. Es decir, Urán sobrevivió a los combates y al incendio que destruyeron el Palacio, pero fue asesinado. La necropsia indica que "presentaba solamente una lesión por proyectil de arma de fuego en el cráneo, lo que en balística significa que fue un disparo a contacto o a corta distancia", Una hipótesis es que fue confundido con un guerrillero del M-19 o, al menos, fue tratado como tal.

* Ana María Bidegaín de Urán es una connotada especialista y catedrática en religiones.