Turbay dicta polémico Estatuto de seguridad (1978 - 1982)

Turbay dicta polémico Estatuto de seguridad (1978 - 1982)

Busca enfrentar al 'enemigo interno' y es criticado por organismos de derechos humanos.

20 de septiembre 2010 , 12:00 a.m.

El ambiente está muy caldeado por la creciente amenaza de las guerrillas, especialmente del M-19. Por eso, al amparo de un estado de sitio, el Gobierno expidió el decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978, que será conocido como 'Estatuto de seguridad'.

En él se endurecieron las sanciones contra las perturbaciones del orden público (ver recuadro) y la Justicia Penal Militar quedó encargada de conocer de los delitos políticos a través de juicios orales.

El Estatuto es la aplicación en Colombia de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, según la cual las Fuerzas Armadas debían combatir al "enemigo interno" que amenazaba los "intereses nacionales". La analista Catalina Jiménez afirma que eso llevó a los militares a "considerar que cualquier opositor o crítico al Estado era una amenaza a los valores políticos trascendentales" de la nación.

Para muchos, la medida contrarresta la amenaza guerrillera. "Si usted es un hombre honrado, (...) un hombre que no es subversivo, ¿por qué va a estar contra el Estatuto de Seguridad?", preguntó un alto oficial militar. Los industriales decían que "las Fuerzas Armadas, en su encargo de defender la Nación, deben tener el apoyo solidario y permanente de todos los estamentos sociales".

Pero sectores de oposición, académicos, intelectuales y personas del común, al igual que organizaciones internacionales, denuncian abusos de los militares. Además, el gobierno Carter en EE. UU. y las nuevas democracias en el sur del continente ponían el ambiente de la región a favor de la defensa de los DD. HH. y lejos de las tesis de la Seguridad Nacional.

En medio de la presión, el presidente Julio César Turbay invitó al país a una comisión de Amnistía Internacional (AI). El organismo afirma que el Estatuto "conduce a violaciones de los derechos humanos" y recomienda levantarlo, y afirma que las condiciones en las que hicieron las detenciones "posibilitan o facilitan la tortura".

El presidente Turbay Ayala rechazó el informe de Amnistía Internacional. El 9 de junio de 1982, derogará el estado de sitio y, con él, el estatuto de seguridad.

Duras penas

Participar en manifestaciones callejeras e incluso, cubrirse el rostro quedó penado con un año de cárcel. Llevar a cabo acciones contra el orden público tiene una pena hasta de ocho años de prisión.

Primera página del 7 de septiembre de 1978.

Ya leíste los 800 artículos disponibles de este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido digital
de forma ilimitada obteniendo el

70% de descuento.

¿Ya tienes una suscripción al impreso?

actívala

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.