El juez 43 Penal Municipal le ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), como medida preventiva, suspender la licitación por la cual proyecta adjudicar, el 6 de septiembre, el manejo del relleno y el tratamiento de sus lixiviados.
La orden de suspensión se da tras considerar que la Uaesp no modificó el pliego de condiciones del proceso, tal como lo ordenó la Corte Constitucional, en su fallo del pasado 30 de julio.
El alto tribunal exigió que en el nuevo pliego se incluyeran las organizaciones de recicladores de segundo nivel, que son las que afilian a varias personas jurídicas o a varias asociaciones de recicladores.
La suspensión se da un día después de que la Uaesp cerró el proceso licitatorio, con la presentación de tres firmas que incluyeron, entre sus socios, a las organizaciones de recicladores de segundo nivel, entre las que se encuentra la ARB que puso la acción judicial contra la Uaesp.
La representante legal de la ARB, Nohra Padilla, había interpuesto también ese incidente de desacato, ante la Corte Constitucional, que admitió la solicitud, pero no ordenó suspender el proceso.
La directora de la Uaesp, Miriam Margoth Martínez, dijo que al tramitar el incidente de desacato, simultáneamente, por dos vías, ante el Juzgado y la Corte Constitucional, "se podría estar configurando un posible fraude procesal".
Agregó que "un grupo de recicladores no puede estar recurriendo a todo tipo de acciones judiciales para entorpecer un proceso transparente y, así, le nieguen a la ciudad tener un mejor servicio y la rebaja de tarifa que es inminente con el nuevo operador que sea favorecido con la licitación".
