Así robaron los 'paras'

Así robaron los 'paras'

El robo y el despilfarro de las regalías, el sobrecosto en obras públicas y el desvío de los recursos de la salud han financiado la actividad criminal de las AUC.

21 de agosto 2010 , 12:00 a. m.

Tal como estableció la más reciente investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris sobre la financiación de las autodefensas, uno de los botines más jugosos para las AUC fueron las regalías que recibían los departamentos y municipios provenientes de la extracción y transporte de petróleo, carbón, níquel y otros minerales. La suma total recibida por las administraciones territoriales entre el 2002 y el 2008 alcanzó una cifra cercana a los 20 billones de pesos del 2008, es decir unos 10.000 millones de dólares. Lo asombroso es que semejante volumen de recursos se concentra en un 44 por ciento en tres departamentos del oriente colombiano, dado que las regalías petroleras representaron el 82 por ciento de los recursos que se han distribuido por regalías directas, y estos departamentos concentran la mayor producción de crudo.

Si se considera que los departamentos de la costa Atlántica recibieron el 27 por ciento del total de las regalías directas entre el 2002 y el 2008, a estas dos subregiones han sido transferidas más de las dos terceras partes de las regalías petroleras del país. En principio esto no tendría nada de negativo, si no fuera porque en estas dos regiones se desarrollaron poderosos bloques paramilitares, que en conjunto con políticos y administradores locales controlaron el manejo de los recursos públicos desde inicio del nuevo milenio, y la sospecha es que las redes de corrupción asociadas con los paramilitares y sus sucesores aún mantienen una fuerte influencia en las administraciones locales.

Al observar en el interior de los departamentos mencionados, las regalías se concentran aún más, y ciertos municipios han recibido la mayor tajada. Son de destacar entre 20 y 25 municipios, a los cuales se les ha girado una proporción cercana el 50% de las regalías directas, y sólo han podido alcanzar como máximo una, y a veces ninguna, de las cinco certificaciones en coberturas mínimas - salud, educación básica, agua potable, alcantarillado y mortalidad infantil, indicadores mediante los cuales la Dirección de Regalías de Planeación Nacional les hace un seguimiento a los recursos girados.

De acuerdo con Planeación, de los siete municipios que recibieron mayores recursos per cápita durante el período 2005-2008 - Castilla la Nueva y Puerto Gaitán en el Meta; Orocué, Tauramena y Aguazul en Casanare; Cantagallo en Bolívar; y Chiriguaná en el Cesar- seis cuentan sólo con una de las certificaciones, y Aguazul con ninguna. ¿Qué se ha hecho la plata? En ese período Castilla la Nueva recibió 21 millones de pesos por habitante cada año y sólo alcanzó la cobertura en un indicador. Seguramente, no se han perdido todos los recursos, y han existido obras para beneficio común. Sin embargo, los indicadores no mienten.

Un factor determinante ha sido que estos municipios están ubicados en el corazón de las regiones en donde antiguos frentes paramilitares hacían y deshacían: el bloque Centauros, las Autodefensas Campesinas del Casanare, el bloque Norte, y el bloque Central Bolívar, y en donde muy al pesar de los habitantes de esos departamentos, todavía existen grupos armados, herederos de los antiguos grupos ilegales. Estos han reconstruido las redes sociales y políticas y tienen influencia en la contratación pública. El caso de Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, en los departamentos del Meta y Casanare, es el más conocido, y también el más preocupante, dado que son los departamentos con mayor volumen de regalías (un poco más de un tercio del total).

¿Y cómo lo hacen?

La contratación pública con alcaldías y gobernaciones ha sido el campo por excelencia para el desvío de recursos, a través del aprovechamiento del Estatuto Cooperativo o de la economía solidaria. Hay varias posibilidades, y una de las más usadas ha sido la figura de las administraciones públicas cooperativas, que permite la asociación de entes territoriales con cooperativas o con ONG, forma de contratación para la ejecución de los presupuestos municipales, que precisamente había sido creada para evitar la corrupción. Estas asociaciones tienen régimen tributario especial, prelación en los contratos de obras públicas, de salud y en la provisión de servicios.

Un caso conocido es el de la Asociación de Municipalidades de la Sabana, en Sucre, promovida por Édgar Cobo, alias Diego Vecino, la cual agrupó los municipios de Tolú, Coveñas, San Onofre, Palmito y Sincé, todos receptores de regalías. Este caso ayuda a entender por qué en los territorios de las AUC proliferaron las asociaciones de municipios y las formas cooperativas para contratar con los entes territoriales, modalidades que continúan operando.

En el sector de la salud, además, las cooperativas de trabajo asociado, organizadas para proveer servicios de todo tipo a las empresas de salud pública y privadas, aprovecharon la desregulación laboral del primer gobierno del presidente Uribe para subyugar a profesionales y técnicos de la salud, monopolizando la contratación con los entes prestadores de servicios. El caso de Dief Maloof y Luis Alberto Gil es ilustrativo, en los departamentos de la costa Atlántica y Santander, respectivamente.

Como en las regalías y en la salud, hay otros sectores como tierras, en donde hay un ámbito o agencia estatal al que le correspondería el control y la regulación de la actividad correspondiente, función que no ejerce, o sólo a medias y con un limitado efecto en la realidad. La pregunta es, entonces, ¿cómo se llegó a esta situación de inoperancia de los organismos de regulación y control, y cómo solucionarla?

El gobierno del presidente Santos parece estar dando pasos hacia la recuperación de esas capacidades, con la reorganización de las consejerías en el ejecutivo. Se ha anunciado la creación de las consejerías para la Gestión Pública y Privada, el Buen Gobierno y la Eficacia Administrativa, y para las Regiones y la Participación Ciudadana. Paso importante para abrir un campo de discusión sobre cómo enfrentar el tema de la corrupción con los recursos públicos, qué reformas hacer, y el papel de la sociedad civil y de los partidos políticos en ese proceso.

Por MAURICIO ROMERO
Corporación Nuevo Arco Iris y profesor de la U

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