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Potestad del Ejecutivo

Potestad del Ejecutivo

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
18 de agosto 2010 , 12:00 a. m.

Tras una gran expectativa, la Corte Constitucional falló el martes pasado en contra del convenio militar entre Colombia y Estados Unidos para el uso de siete bases militares por tropas de la superpotencia. Por una mayoría de 6 a 3, el máximo tribunal determinó que este acuerdo, firmado en octubre del año pasado, constituía de hecho un nuevo tratado internacional y requería ser debatido en el Congreso de la República y pasar a control constitucional.

El polémico documento, que desató una severa crisis diplomática con Venezuela y en la que Colombia enfrentó la ira de los países de la región, contemplaba que barcos y aviones estadounidenses usaran las instalaciones nacionales, las aeronaves sobrevolaran el territorio sin ser inspeccionadas y los contratistas y militares extranjeros gozaran de inmunidad diplomática. Aunque necesario para regular actividades de seguridad en marcha y un valioso activo de negociación del Gobierno para el futuro de la cooperación con Washington, el convenio contó con un desafortunado manejo diplomático, que aprovecharon países vecinos, en especial Venezuela y Brasil, para fortalecer sus agendas exteriores y cobrarle a Colombia su condición de aliado suramericano de Estados Unidos.

Dado que el gobierno Uribe no cumplió con los requisitos legales para la aprobación de un tratado internacional, la Corte dejó el acuerdo sin efecto inmediato, aunque mantuvo abierta la posibilidad de que la actual administración impulse su trámite en el Legislativo. No obstante, los magistrados aclararon que los restantes lazos de cooperación y asistencia técnica entre Bogotá y Washington, construidos antes del 30 de octubre del 2009, conservan completa vigencia. Esto asegura que el fallo no producirá un peligroso efecto dominó que tumbe el resto de instrumentos binacionales de ayuda militar y antinarcóticos. A lo anterior se añade que buena parte de las actividades estipuladas, como el despegue de aviones o la inmunidad, ya están contempladas en convenios previos entre ambos gobiernos y las nuevas no habían sido implementadas. En otras palabras, los efectos prácticos de esta decisión no son muchos ni afectarán considerablemente el actual estado de cosas.

Además, este fallo no es más que la expresión del sistema de pesos y contrapesos de la Constitución en plena acción: una iniciativa presidencial es revisada por las altas instancias judiciales, que deciden su invalidez y la devuelven al Ejecutivo para su introducción en las cámaras legislativas. Pertenece al fuero propio del Ejecutivo recientemente posesionado decidir el futuro de este instrumento de cooperación. En caso de optar por su trámite en el Congreso, las holgadas mayorías de las que goza la Casa de Nariño garantizarían una aprobación expedita y sin mayores apuros.

Sin embargo, la situación diplomática de hoy es diferente a la de hace un año. Especialmente, en lo relativo a las relaciones con Venezuela. Con la sentencia de la Corte, el acuerdo de las bases pasa de ser un legado uribista que Santos hereda para convertirse en un proyecto de iniciativa y potestad del actual gobierno. En un momento de reconstrucción de las confianzas binacionales, existe el riesgo de que el gobierno venezolano interprete un empujón a este convenio como un acto hostil que debilite los actuales esfuerzos de la cancillería colombiana.

La administración Santos cuenta con una ventaja: las consecuencias en materia militar y de seguridad de la caída del acuerdo son menores. Esto le da un importante margen de maniobra para examinar el fallo judicial y asumir un curso de acción que refleje tanto los balances diplomáticos con Caracas y Brasilia como las necesidades en asistencia y cooperación.
 

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